(ESPECIAL) ¿Qué es el Plan Patriota 2.0? El Gobierno de Abelardo De La Espriella plantea un giro en la política de paz y seguridad de Colombia

Un cambio de rumbo en la política de paz

El Gobierno de Abelardo De La Espriella ha planteado que uno de los cambios más significativos de su administración será el enfoque frente a la política de paz. La nueva estrategia parte de la premisa de que Colombia necesita fortalecer las capacidades institucionales para enfrentar a las organizaciones armadas ilegales, sin dejar de cumplir las obligaciones constitucionales y legales del Estado.

Desde la firma del Acuerdo de Paz de 2016, los distintos gobiernos mantuvieron políticas dirigidas a desarrollar los compromisos adquiridos con las antiguas FARC. Sin embargo, la administración entrante considera que parte de los integrantes de esa organización regresaron a las armas y que la aparición de nuevas estructuras criminales modificó el panorama de seguridad del país.

En esa misma línea, el nuevo Gobierno sostiene que la estrategia de Paz Total impulsada durante la administración saliente no produjo los resultados esperados en materia de reducción de la violencia y que varios grupos ilegales aprovecharon los espacios de negociación para fortalecer su capacidad operativa y ampliar su presencia territorial.

Con base en ese diagnóstico, la administración de De La Espriella propone una política centrada en el fortalecimiento institucional, la recuperación del control territorial y una mayor capacidad de reacción frente a las distintas amenazas contra la seguridad nacional.

Las instituciones de paz serán objeto de una reestructuración

Dentro de los cambios anunciados figura una revisión de la estructura institucional encargada de ejecutar las políticas relacionadas con la paz y la reconciliación.

El Gobierno ha señalado que las entidades creadas para desarrollar los acuerdos continuarán cumpliendo las funciones que les asignan la Constitución y la ley, pero bajo un esquema de funcionamiento ajustado a lo que considera el mínimo operativo necesario para garantizar esas competencias.

En ese contexto también se contempla la eliminación de la figura del Alto Comisionado para la Paz, cuyas funciones serían reorganizadas dentro de la estructura administrativa del Estado.

La administración ha explicado que esta reorganización busca concentrar una mayor proporción de los recursos públicos en el fortalecimiento de la Fuerza Pública, la inteligencia, la logística y la capacidad operativa de las instituciones encargadas de garantizar la seguridad.

¿Qué es el Plan Patriota 2.0?

La principal apuesta del nuevo Gobierno en materia de seguridad será el denominado Plan Patriota 2.0, una estrategia que toma elementos de políticas implementadas durante gobiernos anteriores de Andrés Pastrana y Álvaro Uribe y las adapta a las condiciones actuales del conflicto y del crimen organizado.

Según lo planteado por la administración entrante, el programa incorpora aspectos del Plan Colombia impulsado durante el gobierno de Andrés Pastrana, especialmente en lo relacionado con la cooperación internacional, la asistencia financiera y el fortalecimiento tecnológico de las Fuerzas Armadas.

Asimismo, recoge componentes de la Política de Seguridad Democrática y del antiguo Plan Patriota desarrollado durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez, cuando se fortalecieron las brigadas móviles, las Fuerzas de Despliegue Rápido (FUDRA), los batallones de alta montaña y otras unidades diseñadas para recuperar el control del territorio.

Sobre esa base, el nuevo Gobierno propone un modelo actualizado que incorpore herramientas para enfrentar amenazas contemporáneas como el narcotráfico transnacional, los grupos armados organizados, las estructuras multicrimen y las organizaciones delincuenciales urbanas.

Una estrategia con visión integral

El Plan Patriota 2.0 ha sido concebido como una estrategia de seguridad con enfoque integral. La intención es que el Ejército Nacional, la Armada, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional trabajen bajo un modelo de coordinación permanente, respetando las funciones constitucionales de cada institución, pero fortaleciendo la capacidad conjunta de reacción.

La estrategia contempla lineamientos comunes en materia de inteligencia, movilidad, logística, prevención, planeación y operaciones, con el propósito de reducir los tiempos de respuesta frente a amenazas en cualquier región del país.

Además, el Gobierno plantea reorganizar la estructura interna de las Fuerzas Militares para fortalecer la coordinación entre los diferentes niveles de mando y mejorar la disponibilidad inmediata de recursos humanos, tecnológicos y logísticos cuando las operaciones así lo requieran.

La inteligencia volverá a ocupar un lugar prioritario

Uno de los principales componentes del nuevo modelo será el fortalecimiento de los organismos de inteligencia. La administración de Abelardo De La Espriella considera que la información estratégica constituye uno de los factores más importantes para anticipar las acciones de las organizaciones criminales y planear operaciones con mayor efectividad.

Dentro de este proceso también se contempla el eventual regreso al servicio activo de oficiales con amplia experiencia en labores de inteligencia y conducción operacional que fueron retirados durante el gobierno anterior.

El objetivo es fortalecer las capacidades institucionales mediante la incorporación de personal con experiencia en análisis estratégico, inteligencia militar, inteligencia policial y operaciones especiales.

Fortalecimiento de las Fuerzas Armadas

La reorganización propuesta también contempla una modernización de la estructura operativa de las Fuerzas Militares. El Gobierno busca fortalecer la capacidad de despliegue inmediato de las unidades de combate, mejorar los mecanismos de coordinación entre las diferentes armas y optimizar la disponibilidad de recursos logísticos para responder con rapidez a situaciones de emergencia.

El modelo contempla recuperar esquemas de operación que en años anteriores permitieron una mayor movilidad táctica de las tropas y adaptarlos a las nuevas formas de actuación de las organizaciones criminales.

Según la visión del Ejecutivo, esta reorganización permitirá una respuesta más eficiente tanto en operaciones rurales como en escenarios urbanos.

Mayor respaldo institucional para la Fuerza Pública

Otro de los objetivos del Plan Patriota será fortalecer el respaldo institucional a los integrantes de la Fuerza Pública. La administración entrante ha manifestado que pretende mejorar las condiciones operativas de policías y militares mediante un acompañamiento permanente desde los niveles de mando y una respuesta más rápida cuando las unidades requieran apoyo durante operaciones en terreno.

El Gobierno considera que recuperar la moral institucional también pasa por garantizar los recursos logísticos necesarios, mejorar el mantenimiento del equipo militar y fortalecer las capacidades de transporte, comunicaciones y abastecimiento.

Cooperación internacional y el Escudo de las Américas

La estrategia de seguridad contempla igualmente una nueva etapa de cooperación internacional. Dentro de ese esquema, Colombia participará en el denominado Escudo de las Américas, un mecanismo de cooperación regional orientado al intercambio de información, asistencia técnica, entrenamiento y operaciones coordinadas frente a amenazas comunes como el narcotráfico y las organizaciones criminales transnacionales.

La administración ha señalado que este sistema permitirá fortalecer el trabajo conjunto con otros países del continente y mejorar la coordinación en zonas de frontera. Como parte de esa estrategia, Medellín sería la sede nacional de esta iniciativa, aprovechando la presencia de importantes unidades militares como la Séptima División del Ejército y la Cuarta Brigada.

Modernización de la capacidad militar

El Gobierno también anunció una revisión del estado operativo de los principales sistemas de defensa del país. Entre las prioridades figura recuperar la disponibilidad de helicópteros, aeronaves y otros equipos que actualmente requieren mantenimiento o actualización técnica para volver a prestar servicio.

Igualmente, se evaluará el estado del proceso de adquisición de los aviones Gripen, con el fin de determinar si las condiciones actuales permiten continuar con ese proyecto o si resulta necesario revisar sus términos. Otro de los contratos que será objeto de evaluación corresponde al sistema nacional antidrones, cuya eficacia será analizada técnicamente por la nueva administración.

Restablecimiento de relaciones con Israel

Dentro de la política exterior relacionada con la defensa, el Gobierno ha anunciado el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Israel.

La administración considera que esa decisión facilitará nuevamente la cooperación técnica, el suministro de repuestos, el mantenimiento de equipos militares y el intercambio de conocimiento en materia de innovación tecnológica para la seguridad.

Israel ha sido durante décadas uno de los principales aliados de Colombia en programas de entrenamiento, desarrollo tecnológico y fortalecimiento de capacidades militares.

La seguridad urbana también será una prioridad

Aunque buena parte del Plan Patriota está orientado a recuperar el control territorial en zonas rurales, la estrategia también incorpora acciones específicas para enfrentar el crimen organizado en las ciudades.

El Gobierno proyecta fortalecer las unidades especializadas de inteligencia e intervención urbana con el propósito de combatir organizaciones dedicadas al microtráfico, la extorsión, el secuestro, el hurto, el robo de automotores y otras modalidades delictivas que afectan la seguridad ciudadana.

Dentro de esa estrategia también se contempla el restablecimiento del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), acompañado por una reorganización de los mecanismos de intervención policial en escenarios de alteración del orden público.

Una nueva visión de la seguridad nacional

Con el Plan Patriota 2.0, el Gobierno de Abelardo De La Espriella busca implementar una estrategia integral que combine fortalecimiento institucional, modernización tecnológica, cooperación internacional y capacidad operativa para enfrentar los desafíos actuales en materia de seguridad.

La propuesta representa un cambio de enfoque frente a las políticas desarrolladas durante los últimos años y plantea una reorganización de las instituciones encargadas de la defensa y la seguridad del Estado. Su implementación dependerá de las decisiones administrativas, presupuestales y normativas que adopte el Ejecutivo una vez inicie oficialmente el periodo presidencial 2026-2030.