(ESPECIAL) 40 años de la toma del Palacio de Justicia. El papel del Ejército en la retoma. Entre el deber Constitucional y la tragedia nacional

Luego que el grupo guerrillero M-19 ejecutó la que sería una de las acciones más violentas y simbólicas de la historia de Colombia, la toma del Palacio de Justicia, en pleno centro de Bogotá, el 6 de noviembre de 1985, se ordenó la retoma. Los terroristas, armados con fusiles, granadas y explosivos, irrumpieron en el edificio que albergaba a la Corte Suprema de Justicia, secuestraron a Magistrados, funcionarios y civiles, y convirtieron el corazón del poder judicial en un campo de batalla.

A las pocas horas, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional cercaron el edificio y asumieron la tarea de retomar el control, por orden del entonces presidente Belisario Betancur Cuartas. Comenzó así una operación que duró cerca de 28 horas y que culminó con la retoma total del Palacio de Justicia, a un costo humano altísimo, pues más de 100 personas murieron, incluidos 13 magistrados de la Corte Suprema y del Consejo de Estado, además de decenas de empleados judiciales, guerrilleros y miembros de la Fuerza Pública.

Cuatro décadas después, la historia reconoce que el Ejército fue decisivo para restaurar el orden Constitucional, pero también que su intervención estuvo marcada por el uso desproporcionado de la fuerza, decisiones operativas extremas y graves violaciones de derechos humanos cometidas durante y después de la retoma.

La misión del Ejército, recuperar el poder judicial y el Estado de derecho

Una vez confirmada la toma, el presidente Betancur reunió a su gabinete y a la cúpula militar. La orden que se dio fue clara, había que “Recuperar el Palacio y restablecer el orden institucional”. En ese momento, el país vivía una crisis de legitimidad. La Corte Suprema de Justicia, que sesionaba en pleno cuando fue atacada, era el símbolo de la independencia judicial y del Estado de derecho.

El Ejército Nacional, bajo el mando operativo del general Jesús Armando Arias Cabrales, comandante de la Brigada XIII, y con el respaldo del ministro de Defensa, general Miguel Vega Uribe, asumió la conducción total de las operaciones. La Policía Metropolitana y unidades del Batallón Guardia Presidencial apoyaron el cerco externo y la evacuación de heridos.

El dispositivo militar se desplegó en cuestión de minutos. Se bloquearon las calles aledañas, se instaló un perímetro de seguridad y se coordinaron posiciones de fuego desde edificios cercanos y se emplearon helicópteros y tanquetas. Para el alto mando, el objetivo era impedir la huida de los insurgentes y rescatar a los magistrados secuestrados.

Sin embargo, la situación dentro del edificio era crítica. Los guerrilleros habían ocupado los pisos superiores, mantenían rehenes y respondían con fuego intenso. Los tanques de guerra EE-9 Cascavel, utilizados para romper las puertas principales, iniciaron el asalto final, dando paso a una ofensiva militar sin precedentes en el centro de Bogotá.

La retoma, fuego, caos y destrucción

La operación del Ejército se extendió por casi dos días. Los combates fueron constantes. El 6 de noviembre en la tarde, la Fuerza Pública avanzó con armamento pesado, lanzagranadas y ametralladoras. Hacia la medianoche, el fuego consumía parte del edificio. En la madrugada del 7 de noviembre, el Palacio ardía. Los archivos judiciales y documentos históricos fueron reducidos a cenizas.

El Ejército logró entrar por varias rutas simultáneamente, los sótanos, el parqueadero y la fachada principal. Desde el aire, helicópteros coordinaban movimientos tácticos mientras efectivos policiales se apoderaban de la azotea. A mediodía del día siguiente, los últimos guerrilleros fueron abatidos o capturados.

El saldo fue devastador. La Corte Suprema de Justicia quedó prácticamente aniquilada, 11 de sus 25 magistrados murieron. La institucionalidad judicial colapsó. Y aunque el Ejército logró recuperar el edificio y eliminar la amenaza insurgente, el costo en vidas humanas generó una profunda controversia nacional e internacional.

La Comisión de la Verdad creada por el gobierno colombiano, en 2010, señaló que la fuerza utilizada por las tropas fue desproporcionada, especialmente en zonas donde se encontraban rehenes civiles. Los tanques y el fuego cruzado ocasionaron la muerte de personas desarmadas. La retoma se convirtió así en símbolo de la violencia de Estado y del fracaso del diálogo político.

El control militar del poder durante la crisis

Diversos informes históricos coinciden en que, durante las 28 horas que duró la toma, el poder político quedó prácticamente subordinado al militar. Aunque formalmente Betancur era el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, las decisiones operativas fueron tomadas de manera autónoma por la cúpula del Ejército.

El general Arias Cabrales coordinó directamente la ofensiva desde el comando unificado instalado en el Museo del 20 de Julio, frente al Palacio. Las órdenes de ataque y las operaciones de ingreso se ejecutaron sin la intervención visible de la Presidencia. Algunos historiadores califican ese momento como una “autonomía de facto” del poder militar.

El presidente Betancur mantuvo una posición distante, y en las comunicaciones oficiales se limitó a apoyar la acción militar. En la práctica, el Ejército asumió el control del Estado durante esas horas críticas.

Las acusaciones posteriores, violaciones y desapariciones

Años después, las investigaciones judiciales revelaron que varios civiles que salieron con vida del Palacio fueron desaparecidos tras ser detenidos por las Fuerzas Militares en el sitio de reclusión del Cantón Norte. La Fiscalía y la Corte Interamericana de Derechos Humanos establecieron responsabilidad del Estado colombiano por esas desapariciones forzadas.

Entre los casos emblemáticos están los de la empleada de la cafetería Irma Franco, el administrador Carlos Horacio Urán Rojas, y varios trabajadores judiciales. Sus nombres se convirtieron en símbolo de la tragedia oculta que siguió a la retoma.

En el plano judicial, el general (r) Jesús Armando Arias Cabrales fue condenado en 2011 por la desaparición de 11 personas, y en 2014 el coronel (r) Alfonso Plazas Vega, quien lideró las operaciones de tanques, fue inicialmente condenado, aunque posteriormente absuelto por la Corte Suprema. Ambos casos reflejan la complejidad jurídica del episodio, un dilema entre el cumplimiento del deber militar y la violación de los derechos humanos.

La desproporción en la justicia, militares juzgados, guerrilleros perdonados

Una de las críticas más frecuentes al tratamiento judicial posterior de los hechos es la asimetría en la rendición de cuentas. Mientras varios oficiales fueron investigados, condenados o procesados por las acciones durante la retoma, los miembros del M-19 que protagonizaron la toma, fueron posteriormente amnistiados tras la desmovilización de esa organización en 1990, durante el gobierno de Virgilio Barco.

Luis Otero Cifuentes y Andrés Almarales murieron en combate, pero otros integrantes del M-19, como Vera Grabe, Gustavo Petro o Antonio Navarro Wolff, fueron beneficiados con la amnistía política. El contraste entre la severidad con la que se juzgó a los militares y la indulgencia con los insurgentes desmovilizados, genera un debate ético y jurídico que persiste hasta hoy, 40 años después.

Muchos sectores consideran que no ha existido una justicia equilibrada, y que la historia ha castigado con mayor dureza a quienes, desde la institucionalidad, actuaron para recuperar el Estado de derecho, mientras los responsables del ataque armado fueron reincorporados a la vida pública, civil y política.

La dimensión histórica y militar del episodio

El papel del Ejército en la retoma del Palacio de Justicia no puede evaluarse únicamente desde la perspectiva de la violencia ejercida. También debe comprenderse en el contexto del momento, marcado por un ataque armado al corazón de la justicia, financiado por el narcotráfico del Cartel de Medellín, en un país dividido por la guerra interna y la amenaza del terrorismo.

Las Fuerzas Militares actuaron bajo el mandato constitucional de defender la soberanía, la integridad territorial y las instituciones. Sin embargo, la operación demostró la falta de preparación para enfrentar una crisis urbana de esa magnitud. No existían protocolos de negociación, ni mecanismos de coordinación civil-militar adecuados. La respuesta fue estrictamente bélica, y su resultado fue devastador.

El propio Ejército, en informes institucionales posteriores, reconoció los errores tácticos y humanos cometidos, aunque reafirmó que su objetivo era proteger la democracia y la justicia. En la narrativa militar, la retoma fue un acto de heroísmo que impidió que el país cayera bajo el caos insurgente. En la memoria civil, fue una tragedia que desbordó la autoridad y costó la vida a inocentes.

Cuatro décadas después, el juicio de la historia

A 40 años de la toma y la retoma del Palacio de Justicia, el papel del Ejército sigue siendo analizado con respeto y con crítica. Las Fuerzas Militares restauraron el control del Estado y evitaron un colapso institucional, pero la forma en que lo hicieron dejó heridas abiertas.

El fuego, los tanques y las balas lograron expulsar al M-19, pero también destruyeron el edificio y buena parte de la confianza pública. La democracia sobrevivió, pero quedó marcada por la sangre.

El legado histórico del Ejército en aquellos días es doble, entre la defensa valiente del orden constitucional y la tragedia de una operación sin límites que terminó siendo recordada como una victoria militar y una derrota moral.

La historia, con el paso del tiempo, ha reconocido la complejidad del episodio. La responsabilidad del M-19 por el ataque inicial está plenamente demostrada; la participación del narcotráfico, comprobada; y el exceso de fuerza por parte del Ejército, documentado. A medio siglo, el desafío sigue siendo el mismo; lograr una justicia equilibrada, que reconozca la verdad completa y que rinda homenaje tanto a los caídos en combate como a las víctimas inocentes de una tragedia nacional.

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