(ESPECIAL) 40 Años de la toma del Palacio de Justicia. Belisario Betancur, el peso de una decisión que aún divide la historia

Cuatro décadas después de la sangrienta toma del Palacio de Justicia, el papel del entonces presidente, Belisario Betancur Cuartas, sigue siendo objeto de debate histórico y jurídico. El 6 de noviembre de 1985, Colombia fue testigo de una de las tragedias más profundas de su historia republicana con la violenta toma del Palacio de Justicia en Bogotá por parte del grupo guerrillero M-19, financiado en parte por el Cartel de Medellín. El ataque, que se prolongó por casi 28 horas, dejó más de un centenar de muertos, entre ellos 11 magistrados de la Corte Suprema de Justicia y 2 magistrados del Consejo de Estado, que hoy se recuerdan junto con más de 90 personas, también víctimas del violento ataque.

El mandatario, recordado por su estilo conciliador y su apuesta por la paz con las guerrillas, fue duramente cuestionado por su actuación durante la crisis. A la distancia, los archivos oficiales, testimonios y documentos desclasificados muestran que Betancur asumió una posición ambigua, marcada por la confusión política, la presión militar y un aparato institucional que se desbordó en medio del caos.

Un país dividido entre la guerra y la paz

Cuando el Palacio fue tomado, Belisario Betancur llevaba tres años en el poder. Su gobierno (1982–1986) se caracterizó por un esfuerzo genuino de reconciliación nacional. Había iniciado procesos de diálogo con el M-19, el EPL y las FARC, bajo la bandera de una apertura política que buscaba poner fin a décadas de conflicto armado. Su administración ha sido recordada por convocar a los ciudadanos a pintar palomas de la paz por todo el territorio nacional.

Sin embargo, esa política de paz coincidió con el auge del narcotráfico. El Cartel de Medellín, dirigido por Pablo Escobar Gaviria, había declarado la guerra al Estado por la aprobación del Tratado de Extradición con Estados Unidos, ratificado en 1982, justo el año en que comenzó su mandato. Mientras Betancur intentaba negociar con las guerrillas, el crimen organizado infiltraba la violencia política, corrompía instituciones y amenazaba a jueces, fiscales y periodistas; dejando un rosario de muertes selectivas.

En ese contexto de doble confrontación, subversiva y criminal, el país amaneció el 6 de noviembre con la noticia del asalto al Palacio de Justicia. 35 guerrilleros del M-19, bajo el mando de Luis Otero Cifuentes y Andrés Almarales, ingresaron armados al edificio, secuestraron a Magistrados y funcionarios, y proclamaron que pretendían “juzgar al presidente Betancur por traicionar los acuerdos de paz”.

El Presidente en silencio y la llamada que nunca atendió

Las primeras horas de la toma fueron de desconcierto total. Los medios de comunicación transmitían en directo los combates entre el Ejército y los insurgentes. En el interior del Palacio, el presidente de la Corte Suprema, Alfonso Reyes Echandía, logró comunicarse con la Casa de Nariño y con varias emisoras. En tono desesperado, pidió un cese al fuego inmediato y una salida negociada que preservara la vida de los rehenes.

“Díganle al Presidente que pare el fuego. Aquí estamos rodeados de civiles inocentes”, alcanzó a decir Reyes Echandía en una llamada registrada por la radio nacional. Sin embargo, esa llamada nunca fue respondida directamente por Betancur. Durante las horas más críticas, el mandatario permaneció aislado, rodeado de sus asesores y de la cúpula militar, que insistía en recuperar el edificio por la fuerza.

Las versiones oficiales señalan que Betancur delegó la conducción operativa de la crisis al ministro de Defensa, general Miguel Vega Uribe, y al comandante del Ejército, general Jesús Armando Arias Cabrales. Desde ese momento, el control político se desplazó al ámbito militar. Algunos historiadores, como Alfredo Molano y Germán Castro Caycedo, describieron esa jornada como una especie de “golpe institucional momentáneo”, en la que el poder civil cedió ante la presión de los mandos castrenses.

La orden de la retoma, más militar que política

A las pocas horas del asalto, el gobierno optó por una estrategia de “retoma militar total”. La orden fue avanzar “a sangre y fuego” para recuperar el Palacio y rescatar a los rehenes, aunque ello implicara enormes riesgos. El jefe de Estado Betancur lo ratificó en un breve comunicado televisado esa noche: “El gobierno no negocia con terroristas. Las Fuerzas Armadas tienen instrucciones de restablecer el orden y rescatar la justicia”.

Esa frase selló el destino de la operación. Durante la madrugada del 7 de noviembre, tanques del Ejército irrumpieron por la fachada del Palacio, mientras el fuego se extendía por los pisos superiores. Los combates duraron hasta la tarde siguiente. Al finalizar, el edificio era una ruina calcinada. Decenas de cuerpos yacían entre los escombros, incluidos los de los Magistrados y guerrilleros.

Los críticos de Betancur han sostenido que su decisión fue más una rendición ante la lógica militar que una acción política. Nunca apareció públicamente durante la toma; no dialogó con los Magistrados ni con sus familias, y no ofreció explicaciones inmediatas tras la tragedia. La historia lo juzgó como un Presidente ausente en el momento más oscuro del país.

Los medios en silencio y la confusión del poder

Uno de los episodios más polémicos fue la censura mediática que acompañó la retoma. En las horas más intensas de combate, el gobierno ordenó suspender la transmisión de las emisoras y canales de televisión, y en su lugar se emitió un partido de fútbol. El propósito oficial era “evitar el pánico colectivo”, pero la medida fue interpretada como una estrategia para ocultar la magnitud de la tragedia.

Periodistas de la época, como Yolanda Ruiz y Juan Gossaín, relataron años después la presión que recibieron para no divulgar información sobre las víctimas ni sobre el desarrollo de la operación militar. Esa noche, el país quedó literalmente a oscuras informativas. La censura fue total.

Las horas posteriores de confusión, muerte y silencio

El 7 de noviembre, al terminar la retoma, el presidente Betancur apareció por primera vez en televisión. Su mensaje fue breve, sombrío y evasivo: “El gobierno lamenta profundamente la tragedia. La justicia ha sido ultrajada. Colombia entera llora a sus mártires”. No mencionó la destrucción de los expedientes judiciales, ni la participación del Cartel de Medellín en la financiación del ataque, revelada años más tarde.

Las investigaciones posteriores demostraron que el Palacio de Justicia fue atacado con apoyo logístico del narcotráfico, que pagó al M-19 entre dos y tres millones de dólares para que destruyera los documentos relacionados con las extradiciones. Sin embargo, en 1985 el gobierno nunca lo reconoció públicamente.

El incendio que consumió el edificio borró casi todos los archivos. Los Magistrados, que defendían la autonomía judicial y revisaban precisamente los procesos de extradición, murieron sin protección. Entre ellos, Alfonso Reyes Echandía, el mismo que había suplicado por teléfono al mandatario un cese al fuego.

Las críticas históricas, entre la pasividad y la obediencia militar

A lo largo de las décadas, los historiadores y juristas han coincidido en señalar que el papel de Betancur estuvo marcado por la indecisión. La Comisión de la Verdad sobre los Hechos del Palacio de Justicia, en 2010, concluyó que el Presidente actuó “de forma pasiva ante la cadena de mando militar”, y que no hubo coordinación real entre el poder civil y las Fuerzas Armadas.

La Corte Suprema, en decisiones posteriores, también señaló que la respuesta del Estado fue “desproporcionada y violatoria de los derechos humanos”, aunque sin imputar responsabilidad penal directa al exmandatario.

Belisario Betancur, por su parte, siempre asumió una postura de dolor y silencio. En entrevistas posteriores, reconoció que “fue el episodio más triste de mi vida pública”, pero defendió su decisión de no negociar con los guerrilleros. Sin embargo, nunca ofreció una explicación detallada sobre lo ocurrido durante las 28 horas de la toma.

El libro que nunca apareció

Durante los últimos años de su vida, Betancur afirmó que escribiría un libro con su versión completa de los hechos, que sería publicado después de su muerte. En varias ocasiones aseguró que el manuscrito existía, guardado bajo reserva, y que “en su momento hablaría la verdad del Palacio”.

No obstante, tras su fallecimiento el 7 de diciembre de 2018, nunca se encontró el supuesto libro. Ni su familia ni la Fundación que lleva su nombre confirmaron la existencia de ese documento. El expresidente se llevó a la tumba los secretos que prometió revelar.

Esa ausencia de testimonio final alimentó la sensación de misterio que aún rodea su papel en la tragedia. No porque se dude de su integridad personal, sino porque su silencio impidió esclarecer qué ocurrió realmente en los pasillos del poder durante aquellas horas de horror.

Cuarenta años después, el juicio de la historia

Cuarenta años han pasado desde aquel noviembre que dividió la historia de Colombia. Belisario Betancur es recordado como un Presidente de paz, de cultura y de visión social. Pero también como el mandatario que enfrentó la peor crisis institucional del siglo XX sin lograr controlarla.

Los hechos hoy están documentados, la toma fue ejecutada por el M-19, financiada por el narcotráfico, y respondida por el Estado con una fuerza que arrasó vidas y archivos. En medio de esa confrontación, el jefe Estado optó por el silencio, delegó el mando a los militares y desapareció del escenario público.

La historia lo juzga no por haber ordenado la violencia, sino por no haberla detenido a tiempo. En su intento por conciliar la paz con la autoridad, terminó atrapado entre ambas. Y así, el 6 y 7 de noviembre de 1985, Colombia perdió no solo a sus Magistrados, sino también la oportunidad de demostrar que el poder civil podía prevalecer sobre la guerra.

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