En Hidroituango, el dueño es el último en enterarse

Durante el día, el proyecto Hidroituango estuvo en el ojo del huracán por cuenta de un debate de control político realizado en la Asamblea Departamental, recinto en el que se hicieron presentes aquellas entidades que no tienen problema en responder, mientras los que han escondido procesos e información simplemente no asistieron y se hicieron los de la vista goda.

Y es que el mayor accionista del proyecto, la Gobernación de Antioquia, e incluso la sociedad propietaria que se denomina Sociedad Hidroituango, manifestaron que solo supieron de la entrega de un contrato para finalizar las turbinas 3 y 4 a Schrader Camargo por los medios de comunicación y la información oficial entregada a la opinión pública por parte de EPM, ya que este proceso nunca fue socializado.

Aunque EPM tiene autonomía por la naturaleza del contrato firmado entre la Sociedad y la empresa, se espera que determinaciones cruciales o críticas sean socializadas de manera previa para conocer los procesos y poder hacer recomendaciones o aclaraciones en caso de ser necesario.

Pero del proceso de contratación nadie supo, sino únicamente algunas personas al interior de EPM, al punto que según fuentes confidenciales, la adjudicación se habría realizado a dedo a Schrader Camargo por ser ellos la ficha clave al interior del proyecto de una empresa china a la que le entregarían la licitación de la segunda etapa.

Durante el debate fue duramente cuestionada la empresa Schrader Camargo y mucho más el proceso de adjudicación adelantado por EPM del que no se conoce nada. Sobre todo, fue criticado el hecho de que la empresa que deberá finalizar las obras civiles de las turbinas 3 y 4 es la responsable de retrasos de más de un mes en las actuales obras.

Además, no tiene la experiencia requerida, al punto que, según Luis Peláez, todo parece indicar que para la cotización de estas obras, la empresa habría pedido información sobre concretos a una empresa de otra región.

A esto se suma que desde voces expertas, incluido el informe de Pöyry por el que EPM pagó una jugosa suma de dinero, se ha recomendado en repetidas oportunidades no cambiar a los contratistas por el impacto que esto podría tener para el desarrollo de las obras y el cumplimiento de los cronogramas.

Lo único que queda claro es que EPM parece no querer compartir información crucial con los propietarios del proyecto y mucho menos con la opinión pública. ¿Será que no quieren ser cuestionado por su determinaciones al no tener un sustento técnico para tomarlas?