De La Espriella anunció una nueva estrategia de seguridad: todos los grupos criminales serán tratados como terroristas
El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, presentó los lineamientos de una nueva estrategia integral de seguridad y orden público que busca eliminar las diferencias en el tratamiento estatal frente a las organizaciones criminales. La propuesta contempla un Bloque Nacional de Búsqueda contra la extorsión, acciones contra las finanzas ilegales, operativos de control migratorio y una ofensiva contra el denominado “préstamo gota a gota”.
El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, anunció una nueva estrategia integral de seguridad y orden público con la que su Gobierno pretende modificar la manera en que el Estado enfrenta a las estructuras criminales que operan en el país.
De acuerdo con un comunicado de prensa atribuido a la Presidencia de la República, el mandatario estableció como uno de los principales lineamientos de su política de seguridad que los grupos armados ilegales sean tratados bajo una misma categoría, independientemente de la denominación con la que sean conocidos.
La declaración representa, según el documento, un giro en la política de seguridad, al plantear que el Estado no debe establecer diferencias frente a las organizaciones dedicadas a actividades criminales. “Aquí se acabó esa división. Cuando de combatir el crimen se trata, no hay diferencias ni en la acción del Estado ni en la respuesta del Estado”, señala el comunicado al citar al mandatario.
De La Espriella fue más allá y sostuvo que las denominaciones utilizadas para diferenciar a las organizaciones criminales no deben convertirse en un obstáculo para la acción de las autoridades. “Todos son terroristas y los vamos a tratar como tal”, afirmó, según el texto divulgado por la Presidencia.
Entre las principales medidas anunciadas se encuentra la conformación inmediata de un Bloque Nacional de Búsqueda contra la Extorsión, que estaría integrado por el Ejército, la Policía, la Armada y la Fuerza Aeroespacial, con articulación de la Fiscalía General de la Nación y la Judicatura.
La estrategia busca concentrar capacidades institucionales para enfrentar uno de los delitos que más afecta a comerciantes, empresarios y ciudadanos en distintas regiones del país. La orden presidencial apunta a una coordinación operativa entre las diferentes fuerzas y organismos judiciales.
En materia de inteligencia financiera, el Gobierno también ordenó la reactivación de la Unidad de Información y Análisis Financiero, UIAF, bajo el liderazgo de la exfiscal Marta Lurveres. Según el comunicado, esta entidad tendrá acceso a información bancaria correspondiente a los últimos cuatro años y deberá trabajar de manera articulada con la Policía y el sistema financiero.
El propósito será identificar y afectar las fuentes de financiación de las organizaciones criminales, atacando no solamente a sus integrantes sino también los recursos que permiten mantener sus operaciones.
La estrategia anunciada contempla igualmente la reactivación del sistema de recompensas, la realización de operativos de redadas, el fortalecimiento de la red de cooperantes y la ejecución de traslados carcelarios considerados urgentes.
El objetivo, según el documento, es evitar que los centros penitenciarios continúen siendo utilizados como centros de coordinación de actividades extorsivas. Esta medida se suma a la ofensiva contra las estructuras criminales que, de acuerdo con el Gobierno, mantienen capacidad de operación incluso desde los establecimientos penitenciarios.
En materia migratoria, el presidente impartió instrucciones a Migración Colombia para poner en marcha durante la misma semana operativos coordinados con la Policía de Barranquilla, dirigidos contra la migración irregular y la delincuencia extranjera.
Otro de los anuncios contempla la creación de cuerpos élite de fiscales y jueces especializados para atender problemáticas específicas en las ciudades. La propuesta incluye la persecución del denominado cartel de tierras y acciones directas contra el “préstamo gota a gota”.
Sobre esta última modalidad, el mandatario la calificó como “una forma moderna de esclavitud” y aseguró que afecta a alrededor de 12 millones de colombianos, de acuerdo con el comunicado.
La propuesta busca que la respuesta institucional frente a estas problemáticas tenga un componente judicial especializado, con equipos capaces de concentrarse en fenómenos criminales concretos y acelerar los procesos de investigación y judicialización.
Finalmente, De La Espriella hizo un llamado a la unidad de la Fuerza Pública y rechazó las rivalidades entre las diferentes instituciones encargadas de la seguridad nacional. Según el comunicado, el mandatario sostuvo que la Fuerza Pública debe actuar como “un cuerpo monolítico y unificado, sin rivalidades entre instituciones, bajo una sola bandera”.
El presidente también advirtió que las próximas reuniones con las autoridades no estarán enfocadas en nuevos diagnósticos, sino en verificar el cumplimiento de las decisiones adoptadas. “La próxima reunión con las autoridades, advirtió, no será para diagnosticar: será para verificar que todo lo acordado ya se esté ejecutando”, señala el comunicado.
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