Lili Pink admitió investigaciones en curso y negó que exista decisión judicial por señalamientos de contrabando

En un comunicado fechado el 5 de mayo de 2026, la compañía Lili Pink se refirió a la información que ha circulado en los últimos días y confirmó que se encuentra vinculada a procesos que aún están en etapa preliminar. Según el documento, “la compañía se encuentra vinculada a procesos en etapa de investigación en materia penal y de extinción de dominio, sin que exista a la fecha decisión judicial en firme que establezca responsabilidad alguna”.

El pronunciamiento, identificado como “Comunicado #2”, establece la posición oficial de la empresa frente a los señalamientos que han sido difundidos públicamente. En ese contexto, la compañía subraya que los procesos en curso no han derivado en conclusiones judiciales definitivas.

Respecto a las acusaciones relacionadas con presunto contrabando, Lili Pink detalló varios puntos con los que busca precisar su postura. En primer lugar, afirmó que “no existe declaratoria judicial que los confirme”, en referencia a dichos señalamientos. Asimismo, indicó que las actuaciones administrativas que han sido adelantadas están siendo controvertidas “ante la jurisdicción competente”.

En el mismo apartado, la empresa señaló que “todas las mercancías cuentan con declaraciones de importación y pagos debidamente soportados”, al tiempo que sostuvo que los hechos mencionados corresponden a una controversia jurídica en desarrollo. En ese sentido, enfatizó que se trata de un proceso en curso y no de conclusiones definitivas.

El comunicado también hace referencia a diferencias en la información divulgada públicamente. Según la empresa, existen “inconsistencias entre las cifras difundidas públicamente y los valores reales de las actuaciones administrativas”, lo que, de acuerdo con el documento, deberá ser objeto de aclaración en sede judicial.

En otro apartado, Lili Pink reiteró aspectos relacionados con su operación y presencia en el mercado. La compañía indicó que “genera más de 3.000 empleos directos”, y que mantiene actividades comerciales tanto en Colombia como en otros países de Latinoamérica, señalando que “opera legalmente en Colombia y en otros países de Latinoamérica”.

Adicionalmente, la empresa aseguró que se encuentra atendiendo los requerimientos de las autoridades dentro del marco legal vigente. En ese sentido, afirmó que “comparece ante las autoridades y ejerce plenamente su derecho de defensa”, en referencia a los procesos en los que está vinculada.

El documento concluye reafirmando la postura institucional de la compañía frente a las investigaciones y los señalamientos, sin introducir elementos adicionales a los ya expuestos. El pronunciamiento se produce en medio de la difusión de información sobre el caso, y busca fijar la posición de la empresa mientras avanzan las actuaciones judiciales y administrativas correspondientes.