Cámara Ambiental del Plástico pide reglas claras para una transición sostenible sin poner en riesgo el empleo

Diez años después de su creación, la Cámara Ambiental del Plástico puso nuevamente sobre la mesa el debate sobre la transformación de la industria y los retos que enfrenta Colombia para avanzar hacia modelos de producción más sostenibles sin generar impactos desproporcionados sobre las empresas y el empleo.

En el marco de su aniversario, el gremio hizo un llamado al Gobierno Nacional, al sector empresarial, la academia y la sociedad para abrir una discusión técnica alrededor de los resultados y desafíos derivados de la implementación de la Ley 2232 de 2022, conocida como la Ley de Plásticos de un Solo Uso.

La norma estableció una reducción progresiva de la producción y el consumo de determinados productos plásticos de un solo uso y planteó su sustitución por alternativas consideradas sostenibles. Su implementación comenzó en julio de 2024 y contempla diferentes etapas que se extienden hasta 2030.

Sin embargo, para la Cámara Ambiental del Plástico, el proceso de transición requiere reglas más precisas y condiciones que permitan a las empresas adaptarse. El gremio sostiene que no basta con restringir determinados productos si previamente no existen alternativas que sean técnica, ambiental y económicamente viables.

Aunque el Gobierno Nacional ha expedido disposiciones para desarrollar parcialmente la Ley 2232, entre ellas el Decreto 2192 de 2023 y la Resolución 0803 de 2024, la organización considera que todavía existen vacíos regulatorios relacionados con la implementación de alternativas sostenibles, la reconversión productiva y la adaptación de los trabajadores.

La propia Política Nacional para la Reducción y Sustitución de Plásticos de un Solo Uso, divulgada en 2026, contempla entre sus líneas de acción la estructuración y divulgación de reglamentación para los sustitutos, así como la implementación de un plan de reconversión productiva y adaptación laboral.

Uno de los puntos que la Cámara considera necesario revisar es precisamente el proceso de sustitución de materiales. El gremio advierte que reemplazar determinados productos plásticos por otros elaborados en papel o cartón no significa automáticamente obtener un mejor resultado ambiental.

Según su planteamiento, las decisiones deben considerar el ciclo de vida completo de los productos, incluyendo las materias primas requeridas, el consumo de agua y energía, los procesos de producción, el transporte, las posibilidades de reutilización, el reciclaje y la disposición final.

La Cámara sostiene que la discusión debe superar la premisa de que todo plástico es necesariamente más contaminante y que cualquier material utilizado como sustituto resulta, por definición, más sostenible. En su opinión, las decisiones regulatorias deberían apoyarse en evidencia científica, análisis de ciclo de vida y principios de economía circular.

La propia Ley 2232 establece criterios para definir las llamadas alternativas sostenibles, entre ellos materiales reutilizables, biodegradables y determinados productos plásticos reciclados que sean sometidos a procesos efectivos de reciclaje y hagan parte de cadenas de aprovechamiento.

El impacto económico y laboral también hace parte de las preocupaciones expresadas por el gremio. De acuerdo con información recopilada por la Cámara entre empresas del sector, algunas compañías han reportado pérdidas de al menos 30% de su mercado, situación que habría tenido efectos sobre sus niveles de producción y sus plantas de personal.

Entre los casos reportados por empresarios aparecen compañías que anteriormente contaban con cerca de 20 trabajadores y que actualmente operan con entre 14 y 15 empleados. También se mencionan plantas que antes mantenían una operación continua durante 24 horas, distribuida en tres turnos, y que ahora habrían reducido su funcionamiento a dos turnos.

La Cámara Ambiental del Plástico estima que la afectación acumulada sobre el empleo formal podría alcanzar hasta 2,5 millones de puestos de trabajo en el territorio nacional. No obstante, el propio gremio plantea la necesidad de que esta cifra sea sometida a medición y verificación sectorial para establecer con mayor precisión el impacto real de la implementación de la norma.

La discusión, según la organización, trasciende a los fabricantes de productos plásticos y compromete a una cadena productiva más amplia, en la que participan transformadores, proveedores de materias primas, trabajadores, comercializadores, recicladores y empresas que utilizan estos productos.

La preocupación por la reconversión industrial tampoco es reciente. Desde 2024, la Cámara había advertido sobre los posibles efectos que la falta de claridad normativa podría generar sobre los procesos de adaptación empresarial, la transformación de los puestos de trabajo y la certificación de modelos asociados con la economía circular.

La Cámara Ambiental del Plástico fue creada en 2016 como un gremio de representación de la industria plástica colombiana. Durante estos diez años ha participado en discusiones regulatorias y jurídicas relacionadas con el sector y ha defendido la necesidad de incorporar a diferentes actores en la construcción de soluciones ambientales.

De acuerdo con la organización, su propósito es promover la sostenibilidad empresarial y las mejores prácticas comerciales y ambientales, además de impulsar procesos de reciclaje, recolección y aprovechamiento de residuos.

En este proceso también ha tenido participación en escenarios jurídicos. Su director ejecutivo, Andrés Botero, intervino ante la Corte Constitucional durante el proceso de revisión de disposiciones de la Ley 2232, donde expuso las preocupaciones del sector relacionadas con los tiempos de implementación de la norma y sus posibles efectos sobre las empresas y los trabajadores.

Al cumplir una década, la Cámara plantea así un llamado a que la transición hacia modelos de producción más sostenibles se construya sobre criterios técnicos y científicos, con reglas que permitan a la industria adaptarse y con mecanismos que permitan medir sus efectos ambientales, económicos y laborales.

El gremio insiste en que la discusión no debería centrarse exclusivamente en prohibir o sustituir materiales, sino en garantizar que las alternativas cumplan realmente con criterios de sostenibilidad y que la transformación de la industria pueda avanzar sin desconocer la realidad productiva y laboral del país.