(OPINIÓN) Gobierno y empresarios; por encima de las diferencias, Colombia. Por: Laura Mejía

Hay discusiones que parecen concentrarse en nombres propios, pero que, en realidad, revelan problemas mucho más profundos sobre la manera en que estamos entendiendo el poder, la institucionalidad y la construcción de país.

Lo que está ocurriendo alrededor de la ANDI y las diferencias entre Mac Master y el presidente De la Espriella es una de esas discusiones. Si nos quedamos únicamente en quién dijo qué, quién se molestó con quién o quién tiene la razón en esta controversia, estaremos perdiendo de vista lo verdaderamente importante: la necesidad de construir una relación de confianza entre el Gobierno, el sector empresarial y la sociedad.

La inconformidad no apareció de un día para otro. Hay antecedentes, tensiones acumuladas y vínculos políticos que hacen parte de un contexto que merece analizarse con profundidad, incluidos los relacionados con el llamado «Santismo». Pero sería un error reducir esta discusión a una confrontación personal o asumir que todo se explica por las diferencias entre dos protagonistas.

El asunto de fondo es institucional.

Un Gobierno elegido para desarrollar una agenda tiene el derecho y la responsabilidad de tomar decisiones, establecer prioridades y avanzar en sus compromisos. Gobernar no significa conseguir que todos estén de acuerdo, ni mucho menos someter cada decisión al beneplácito de los gremios, los partidos políticos o los sectores de opinión. La legitimidad del Gobierno también se expresa en su capacidad de ejecutar el mandato que recibió y responder por sus resultados.

Pero esa misma responsabilidad exige comprender que gobernar no es aislarse, y que la firmeza en las decisiones no tiene por qué estar reñida con la capacidad de escuchar.

La confianza en un Gobierno no se construye exigiéndole que renuncie a sus prioridades para complacer a quienes discrepan. Se construye cuando sus decisiones son comprensibles, sus actuaciones tienen fundamentos, sus instituciones funcionan y sus resultados permiten evaluar el rumbo que está tomando el país. También cuando existe la certeza de que las diferencias pueden expresarse sin que el desacuerdo se convierta automáticamente en una ruptura.

Esa confianza, además, debe ser recíproca.

El empresariado tiene derecho a defender sus posiciones, advertir sobre decisiones que considera inconvenientes y participar en las discusiones que afectan la inversión, el empleo y la competitividad. Su interlocución con el Gobierno no puede depender de que exista coincidencia ideológica o afinidad personal con quien ocupa la Presidencia. Pero tampoco puede pretender que sus planteamientos sean los que determinen, por encima de las demás consideraciones, las prioridades de un Gobierno legítimamente elegido.

Ni subordinación del Gobierno a los gremios ni exclusión del empresariado por sus diferencias con el Ejecutivo. Lo que Colombia necesita es una relación institucional madura, en la que cada actor comprenda su papel, ejerza sus responsabilidades y reconozca los límites de su poder.

Por eso preocupa que las diferencias entre Mac Master y De la Espriella hayan escalado hasta poner sobre la mesa la posibilidad de suspender la interlocución entre el Gobierno y la ANDI. Tras el Congreso del gremio, en medio de la tragedia que atravesaba el país por el terremoto, se intensificaron los desencuentros. A las críticas del entonces presidente de la ANDI sobre la forma de gobernar se sumó "supuestamente" la decisión del mandatario de solicitar a sus ministros suspender la interlocución con el gremio.

Mac Master llegó a afirmar que «Abelardo De La Espriella estaba manejando al país igual a como su bufet de abogados». Más allá de la dureza de esa expresión y de las razones que cada parte pueda tener para defender su posición, lo importante es preguntarnos qué gana Colombia cuando el debate público termina convertido en una disputa de poder.

La crítica no debilita por sí misma a un Gobierno. Por el contrario, puede ayudarlo a corregir, identificar riesgos y tomar mejores decisiones. Pero la crítica también debe ejercerse con responsabilidad, argumentos y disposición a reconocer que gobernar implica ponderar intereses distintos, administrar recursos limitados y tomar decisiones que no siempre serán populares para todos.

Del mismo modo, la defensa de la autoridad presidencial no puede confundirse con la idea de que toda discrepancia constituye una afrenta. Un Gobierno seguro de sus prioridades no necesita evitar el debate; necesita tener la capacidad de sostenerlo, explicar sus decisiones y defenderlas con argumentos.

Es precisamente ahí donde se pone a prueba la institucionalidad; no cuando todos coinciden, sino cuando existen diferencias y, aun así, las reglas, los canales de comunicación y las responsabilidades de cada actor se mantienen.

Tampoco sería justo desconocer la labor de Bruce Mac Master. Durante su paso por la presidencia de la ANDI participó en debates relevantes para el país, defendió causas importantes para el sector empresarial y contribuyó a abrir espacios de interlocución que merecen reconocimiento. Señalarlo no significa respaldar todas sus posiciones ni convertirlo en dueño de la razón. Significa reconocer que la discusión pública debe permitir valorar los aportes de una persona sin que eso nos obligue a asumir una posición absoluta frente a ella.

De la misma manera, defender la necesidad de una relación constructiva entre el Gobierno y los empresarios no significa estar en contra de De la Espriella. Por el contrario, un Gobierno que logra mantener interlocución con sectores que piensan distinto fortalece su capacidad de gobernar, amplía la información disponible para tomar decisiones y encuentra más oportunidades de construir consensos en asuntos fundamentales.

Colombia viene de años de tensiones durante el gobierno Petro y distintos sectores empresariales. La recuperación de la confianza, la inversión, la generación de empleo y el fortalecimiento de las empresas son asuntos que no deberían quedar atrapados en las disputas de quienes tienen la responsabilidad de conducir o representar esos sectores.

El país necesita que el Gobierno pueda desarrollar sus prioridades, que el empresariado tenga garantías para invertir y trabajar, y que la ciudadanía encuentre instituciones capaces de tramitar los desacuerdos sin convertirlos en crisis permanentes. No se trata de que todos piensen igual. Se trata de que las diferencias no terminen paralizando aquello que debería unirnos.

La institucionalidad no se defiende únicamente respaldando las decisiones del Gobierno, ni se debilita automáticamente cuestionándolas. Se defiende respetando las competencias de cada actor, reconociendo la legitimidad de las decisiones tomadas dentro de las reglas democráticas y exigiendo, al mismo tiempo, responsabilidad, transparencia y rendición de cuentas.

La confianza tampoco se decreta. Se construye con decisiones coherentes, explicaciones oportunas, resultados verificables y una disposición real a escuchar. Y se pierde cuando los intereses particulares, las descalificaciones o las luchas de poder terminan ocupando el lugar de las prioridades nacionales.

Colombia no está para más divisiones ni para convertir cada diferencia en una batalla que alguien deba ganar y otro deba perder. Está para que las decisiones del Gobierno puedan discutirse con argumentos, para que sus prioridades se conozcan y se evalúen, para que los empresarios ejerzan su papel sin intimidaciones y para que el diálogo institucional no dependa del estado de ánimo de sus protagonistas.

Ojo, Colombia: los egos y las luchas de poder no pueden seguir ganándonos las decisiones. Pero tampoco podemos confundir la confianza con la ausencia de crítica, ni la defensa de la institucionalidad con la obligación de estar siempre de acuerdo.

Un país necesita un Gobierno con capacidad de decidir, instituciones con fortaleza para cumplir sus funciones, empresarios dispuestos a contribuir y ciudadanos capaces de exigir sin destruir los puentes que hacen posible el entendimiento.

Porque la verdadera fortaleza de un Gobierno no consiste en que nadie lo cuestione, sino en que pueda defender sus decisiones, cumplir sus prioridades y mantener la institucionalidad incluso cuando quienes están al otro lado de la mesa piensan distinto.

Y la madurez de un país se mide, precisamente, por su capacidad de tramitar esas diferencias sin perder de vista lo esencial: Colombia está por encima de todos nosotros.