Parlamentarios internacionales alertaron por garantías democráticas en elecciones presidenciales de Colombia

La preocupación internacional por el desarrollo del proceso electoral presidencial en Colombia sigue creciendo. Esta vez, un grupo de parlamentarios y exparlamentarios de distintos países de América Latina y Europa publicó una declaración conjunta en la que expresa inquietud por los recientes hechos de violencia política, las amenazas contra dirigentes y el deterioro de las garantías democráticas en el país.

En el documento, los firmantes aseguran estar “profundamente comprometidos con la defensa de la democracia, el Estado de derecho, los derechos humanos y la integridad de los procesos electorales en nuestra región”, y afirman que observan con alarma las denuncias relacionadas con intimidaciones, ataques y restricciones al libre ejercicio de los derechos políticos en Colombia. 

La declaración hace referencia específica a las amenazas denunciadas por la senadora Paloma Valencia y otros dirigentes políticos, así como al “grave antecedente representado por el asesinato del Senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido en 2025”. Los parlamentarios consideran que estos hechos evidencian un escenario complejo para el desarrollo de unas elecciones en condiciones de plena tranquilidad democrática. 

Los firmantes también advierten sobre denuncias relacionadas con “violencia política territorial”, la presencia de estructuras criminales en varias regiones del país y presiones que podrían afectar el ejercicio libre del sufragio. A esto se suma la preocupación por cuestionamientos públicos contra las instituciones electorales encargadas de garantizar la transparencia del proceso democrático. 

En el texto recuerdan además que la 151ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria aprobó en octubre de 2025 una resolución enfocada en combatir las amenazas híbridas contra la democracia y la seguridad humana. Según el documento, dicha resolución manifestó preocupación por “ataques, amenazas y asesinatos dirigidos contra parlamentarios y líderes políticos”, así como por el impacto que pueden tener la violencia política, la desinformación y las redes criminales sobre la estabilidad institucional de los Estados. 

Dentro de los puntos centrales de la declaración, los parlamentarios expresaron solidaridad con todas las víctimas de violencia política en Colombia y reiteraron que “toda elección democrática debe desarrollarse en un contexto de paz, libertad, pluralismo político, igualdad de condiciones, transparencia institucional y pleno respeto de los derechos humanos y políticos”. 

Asimismo, hicieron un llamado directo a las autoridades colombianas para que adopten “todas las medidas necesarias” destinadas a proteger la vida y la integridad de candidatos presidenciales, congresistas, periodistas, líderes sociales y ciudadanos que participan en el proceso electoral. 

Otro de los aspectos destacados del pronunciamiento es la defensa de la independencia y legitimidad de las autoridades electorales colombianas. Los firmantes señalaron que debe evitarse “cualquier acción o narrativa que pueda erosionar la confianza pública en el proceso electoral y en sus resultados”. También expresaron preocupación frente a “cualquier forma de violencia, intimidación, constreñimiento territorial, presión criminal o interferencia ilícita” que afecte la participación política de los ciudadanos. 

La declaración subraya igualmente la importancia del acompañamiento internacional y parlamentario durante las elecciones colombianas, aunque enfatiza que dicho seguimiento debe realizarse respetando la soberanía nacional y las instituciones democráticas del país. 

Entre los firmantes aparecen legisladores y exlegisladores de Chile, Paraguay, Uruguay, Perú, Argentina, México, Brasil y España, varios de ellos vinculados a la Unión Interparlamentaria y al Grupo Latinoamericano y del Caribe (GRULAC). Entre los nombres figuran Cayetana Álvarez de Toledo, Andrés Ojeda, Francisco Chahuán y Rojo Edwards Silva. 

Finalmente, el documento concluye señalando que “el pueblo colombiano merece elecciones libres, transparentes, pacíficas y plenamente legítimas, desarrolladas en un clima de garantías democráticas y respeto irrestricto al Estado de derecho”.