(EN VIDEO) Gobierno reforzó esquemas de seguridad para candidatos y fórmulas vicepresidenciales ante amenazas

Con despliegues que incluyen un número mínimo de 40 efectivos de la Policía en los desplazamientos y costos que superan los mil millones de pesos mensuales por esquema, el anuncio se realizó durante una sesión en la Procuraduría General de la Nación, tras la reunión del Comité de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección en el Proceso Electoral (Cormpe).

En dicho encuentro, en el que participaron entidades como la Unidad Nacional de Protección (UNP), la Policía Nacional, el Ejército, el Ministerio de Defensa y organismos de control, se revisaron los niveles de riesgo de cada campaña y se definieron ajustes en los dispositivos de seguridad.

Según lo expuesto por el ministro del Interior, Armando Benedetti, los esquemas actuales contemplan una combinación de recursos humanos, vehículos convencionales y blindados, además de elementos de protección personal. Detalló que actualmente hay 107 integrantes de la UNP asignados a estos dispositivos, junto con 160 uniformados de la Policía, así como una flota que incluye 29 vehículos convencionales y 39 blindados.

El funcionario precisó que, en la práctica, cada desplazamiento de los candidatos presidenciales o sus fórmulas vicepresidenciales está acompañado por un contingente que no baja de 40 efectivos, incluyendo personal motorizado y unidades de reacción. A esto se suman servicios adicionales de protección fuera de las ciudades base de las campañas, que, según las cifras entregadas, alcanzan un total de 198 operaciones, distribuidas entre actividades presidenciales y vicepresidenciales.

El refuerzo de la seguridad se produce luego de que se hicieran públicas intimidaciones contra los candidatos Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, a través de mensajes difundidos en redes sociales. Estas denuncias fueron puestas en conocimiento de las autoridades judiciales y sirvieron como insumo para la evaluación de riesgos realizada en el comité.

En ese contexto, el Gobierno señaló que continuará aumentando el pie de fuerza en los esquemas y ampliará la cobertura de seguridad hacia las sedes de campaña. Las autoridades indicaron que el objetivo es ajustar los dispositivos de protección conforme a las condiciones específicas de cada aspirante, en función de los reportes de amenazas y del análisis de seguridad.

Benedetti también hizo referencia a los costos asociados a estos esquemas, indicando que los dispositivos más robustos administrados por la Unidad Nacional de Protección tienen un valor que no baja de los 500 millones de pesos mensuales por candidato, cifra que no incluye el componente adicional correspondiente al despliegue de la Policía. Al sumar ambos componentes, el costo total puede superar los mil millones de pesos mensuales por cada campaña.

El ministro señaló que algunos esquemas incluyen unidades especializadas como el Grupo de Operaciones Especiales (GOES), así como vehículos de características especiales y cobertura logística para desplazamientos a distintas regiones del país. En estos casos, también se contemplan gastos asociados al transporte del personal de seguridad.

Durante su intervención, el jefe de la cartera política indicó que el país cuenta actualmente con mecanismos de coordinación que no se habían implementado en procesos anteriores, como la inclusión de precandidatos dentro de los esquemas de protección, antes de su inscripción formal. Asimismo, destacó la articulación entre entidades como la Registraduría, la Contraloría, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo en el seguimiento al proceso electoral.

Las autoridades reiteraron que las medidas adoptadas buscan responder a los riesgos identificados en el desarrollo de la campaña presidencial, en un escenario en el que se han reportado amenazas a través de distintos canales, incluidos entornos digitales. Estas situaciones han sido remitidas a la Fiscalía General de la Nación para su análisis y eventual judicialización.

El fortalecimiento de los esquemas se mantendrá en evaluación permanente por parte del Cormpe, que continuará reuniéndose para revisar la evolución de los riesgos y ajustar las medidas según las condiciones del proceso electoral. Mientras tanto, el despliegue operativo se extiende tanto a los recorridos de los candidatos como a los puntos de concentración de sus campañas, en un esquema que combina recursos institucionales y coordinación interagencial.

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