Centro Democrático lleva a la CIDH informe sobre riesgos electorales en Colombia

Una delegación del Centro Democrático acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para presentar un informe en el que advierte sobre riesgos para el proceso electoral colombiano de 2025-2026. La representación estuvo integrada por los congresistas María Angélica Guerra, José Jaime Uscátegui y Marelen Castillo, junto con el abogado Víctor Mosquera.

Según el comunicado, el documento “advierte sobre la crisis estructural que amenaza la integridad del proceso electoral en Colombia para 2025-2026” y fue elaborado con el respaldo técnico de la firma Víctor Mosquera Marín Abogados y la Fundación Derechos y Justicia Asociados.

El informe expone un panorama en el que confluyen factores como la violencia política, el control territorial por parte de grupos armados ilegales, las economías ilícitas y la desinformación. De acuerdo con el texto, estos elementos afectan “la libertad del voto, la participación política y la transparencia democrática”.

Entre los datos presentados, se señala que al menos 339 municipios del país estarían bajo la influencia de estructuras criminales como disidencias de las FARC, ELN y AGC. Además, se indica que el riesgo extremo por fraude electoral y violencia ha aumentado de cara a las elecciones de 2026. El documento también registra “174 violaciones de derechos humanos con fines electorales en apenas ocho meses de 2025”.

La delegación advirtió sobre una relación entre territorios afectados por el conflicto armado y resultados políticos. En ese sentido, indicó que en 126 municipios se concentra más del 54% de la votación del Pacto Histórico, lo que —según el informe— “podría evidenciar la incidencia del control territorial ilegal en los resultados políticos”.

En materia de seguridad, el documento reporta un incremento de hechos violentos contra actores de la oposición. De acuerdo con las cifras presentadas, se registraron “17 homicidios, 53 intentos de asesinato y 89 amenazas entre diciembre de 2025 y febrero de 2026”. En este contexto, se menciona el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, así como amenazas recientes contra la también candidata presidencial Paloma Valencia.

El informe también incluye denuncias sobre estrategias de desinformación, estigmatización digital y uso indebido de recursos públicos para influir en la opinión. A esto se suma, según el documento, la existencia de restricciones en el acceso equitativo a medios de comunicación, lo que “profundiza la desigualdad entre el Gobierno y la oposición en el escenario electoral”.

Los congresistas hicieron un llamado a la comunidad internacional para ejercer vigilancia sobre el proceso electoral colombiano. En el comunicado, señalaron la necesidad de “garantizar condiciones reales de equidad, seguridad y transparencia” y advirtieron que la falta de una respuesta institucional efectiva podría derivar en “una grave crisis de legitimidad democrática”.

Finalmente, el documento concluye con una solicitud para adoptar medidas estructurales que permitan proteger la vida de los actores políticos, asegurar la libre competencia electoral y preservar el orden constitucional en el país.