Auditoría internacional concluyó que la segunda vuelta presidencial de 2026 se desarrolló con garantías técnicas y sin evidencia de manipulación de datos

La Registraduría Nacional del Estado Civil dio a conocer este 4 de agosto el informe final de la Auditoría Externa Internacional realizada a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2026, un documento que concluye que el proceso electoral contó con las condiciones técnicas y operativas necesarias para garantizar su desarrollo y que no se encontraron evidencias de manipulación o alteración sistemática de los datos.

El reporte fue elaborado por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), a través de su Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL), organismo encargado de evaluar de manera independiente los distintos componentes del proceso electoral colombiano.

En el boletín oficial, la Registraduría informó que la auditoría determinó que los diez componentes tecnológicos, operativos, logísticos y procedimentales evaluados presentaron condiciones adecuadas durante todas las etapas del proceso electoral.

Según el comunicado, "diez componentes tecnológicos, operativos, logísticos y procedimentales auditados, presentaron condiciones adecuadas de preparación, operación y cierre durante las etapas preelectoral, electoral y poselectoral", una conclusión que respalda el funcionamiento de los sistemas utilizados durante la jornada en la que fueron elegidos el presidente y el vicepresidente de la República.

Uno de los aspectos más relevantes del informe tiene que ver con la integridad de la información electoral. De acuerdo con la auditoría, "no hay evidencia de manipulación, fabricación o alteración sistemática de datos", conclusión que también fue respaldada por un análisis forense de la información utilizada durante el proceso.

El documento señala que la auditoría comprendió la evaluación independiente de diez componentes fundamentales del sistema electoral, entre ellos los jurados de votación, el kit electoral, la plataforma tecnológica 'aVotar', los sistemas biométricos, los mecanismos de control y monitoreo, el preconteo, las comunicaciones, los escrutinios, los formularios E-14, las actas E-11 y los procesos de consolidación y divulgación de resultados.

Durante la revisión también se analizaron los mecanismos de control implementados por la Registraduría para proteger la información electoral. El informe concluyó que existieron herramientas suficientes de seguimiento, validación y verificación técnica, además de una adecuada articulación entre los diferentes componentes tecnológicos y operativos.

La auditoría destacó igualmente la existencia de mecanismos destinados a preservar la disponibilidad, integridad, continuidad y confiabilidad de los procesos evaluados, así como procedimientos para garantizar la trazabilidad de las operaciones realizadas durante todas las fases del proceso electoral.

En otro de sus apartados, el informe sostiene que "no se identificaron hallazgos ni observaciones que permitieran concluir la existencia de incumplimientos o de situaciones que afectaran el funcionamiento de los componentes tecnológicos, operativos, logísticos y procedimentales auditados durante la segunda vuelta presidencial".

Los auditores también verificaron la etapa poselectoral, en la que se revisó el cierre del proceso, la consolidación de la información proveniente de los diferentes componentes auditados, la validación de los resultados obtenidos y la consistencia de la información divulgada por la Registraduría conforme a los procedimientos establecidos.

CAPEL evaluó además la infraestructura tecnológica y los mecanismos de seguridad informática utilizados durante la jornada electoral. Como resultado de ese análisis concluyó que "las verificaciones efectuadas no identificaron modificaciones no autorizadas, afectaciones a la integridad de la información ni incidentes que comprometieran la disponibilidad, continuidad operativa o trazabilidad de los componentes evaluados durante el desarrollo de la jornada electoral".

El informe también hace referencia al análisis forense de datos, el cual estableció que la información revisada presentó consistencia e integridad estadística. En ese sentido, el documento precisa que los datos evaluados no evidenciaron patrones compatibles con manipulación o fabricación sistemática de información.

Finalmente, CAPEL emitió un concepto técnico favorable sobre el funcionamiento de los sistemas auditados y concluyó que "los sistemas de información, la infraestructura tecnológica y los mecanismos evaluados, cumplieron con los criterios establecidos y ofrecieron condiciones adecuadas para garantizar la integridad y trazabilidad de los componentes tecnológicos que soportaron el proceso electoral".