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El registrador Alexander Vega justifica el desastre electoral del pasado 13 de marzo pero no hay acciones ni garantías

En entrevista realizada el día de ayer por el Canal RCN al registrador Alexander Vega, el funcionario público informó que hay un 7% de diferencia entre el preconteo y el escrutinio para el senado, lo que implica que hay más de un millón de votos que no fueron reportados durante el preconteo pero que

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Redacción IFM
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IFM Noticias

En entrevista realizada el día de ayer por el Canal RCN al registrador Alexander Vega, el funcionario público informó que hay un 7% de diferencia entre el preconteo y el escrutinio para el senado, lo que implica que hay más de un millón de votos que no fueron reportados durante el preconteo pero que han aparecido en el escrutinio, donde el Pacto Histórico es el movimiento político que más se ha visto beneficiado con esa diferencia.

Aunque Vega Rocha informa que los responsables de este desastre electoral son los jurados de votación que no llenaron los E-14 de la manera adecuada y además que se encontraron formularios que fueron tachados después de haber sido consignada la votación, y el material electoral se encontró en muy malas condiciones.

Estas respuestas entregadas por el Registrador Nacional lo único que genera son más dudas y expresiones por parte de los ciudadanos, que lo único que piden al servidor público es que se retire del cargo tras el desastre electoral del pasado 13 de marzo.

Es importante recordar que cuando comenzó a destaparse la diferencia entre los dos procesos de conteo, Alexander Vega afirmó que pediría un reconteo general ante el Consejo Nacional Electoral, lo que finalmente no se hizo realidad luego de la Comisión electoral que se reunió de urgencia tras las diferencias, inconsistencias e irregularidades presentadas durante la jornada electoral.

A estas alturas y con un millón de votos embolatados aún el registrador no habla de reconteo general para el senado, lo que debería haber sido su discurso según muchos de los ciudadanos en redes sociales, e incluso, llegar al punto de declarar la nulidad de las elecciones a congreso porque unas inconsistencias del 7% se pueden considerar demasiado elevadas en una jornada electoral como la pasada del 13 de marzo.

Ha sido tal el nivel de deslegitimidad del papel que viene desempeñando Alexander Vega que en redes sociales se ha movido una tendencia con #saquenATibisayVega, haciendo referencia a que los comportamientos de Alexander Vega, se parecen a las fraudulentas jornadas electorales de Venezuela, donde Tibisay Lucena era quien estaba al frente del ente electoral del vecino país.

Una de las supuestas coincidencias de este proceso es que se conoce de manera clara cuantos votos adicionales tiene el Pacto Histórico, pero los demás movimientos políticos, que serían los beneficiarios de los otros 600 mil que reporto Alexander Vega aún no se conoce el destino de esos sufragios.

Por lo que la ciudadanía denuncia que hay un notorio favorecimiento desde las acciones de la registraduría hacia el movimiento de Gustavo Petro, quien, además es el único de los líderes políticos de Colombia que no ha pedido reconteo general y que dejó de hablar de fraude posterior a que aparecieron los 400 mil votos del Pacto y que benefició su posición en el senado.

A esta realidad se suman las innumerables fotos que han salido a la luz pública de Alexander Vega acompañado de líderes de la izquierda latinoamericana, así como su cercanía con Juan Manuel Santos y de algunos liberales que ahora están apoyando al candidato comunista, Gustavo Petro.

A pesar del llamado ciudadano de que Alexander Vega renuncie, éste no parece darse por enterado y ha mantenido su posición de mantenerse en cargo, para, supuestamente, dar las correspondientes garantías electorales a los colombianos.

Los organismos de control aún no actúan aunque hay investigaciones en proceso y las garantías por parte de la registraduría, como cambios en el diseño de los E-14 y de los jurados de votación, no solo no parecen ser suficientes, sino que más bien parecen responder a las necesidades de los movimientos políticos, cuando la registraduría debe defender el derecho ciudadano a elegir, con garantías y transparencia en el proceso.

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