Una nueva situación daría como resultado una prueba más de la presunta “guerra” casada del presidente Gustavo Petro con Antioquia y Medellín; dado que, en las últimas horas se conoció que, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), dirigido por Laura Sarabia, ha optado por no renovar el contrato con Plaza Mayor Medellín para la organización de eventos presidenciales y vicepresidenciales.
En su lugar, decidió abrir una licitación para seleccionar un nuevo operador. Este contrato, que estuvo en vigor desde 2016 y concluyó el 31 de julio, fue renovado en los gobiernos de Santos y Duque. En ese tiempo, se habrían dado al menos 20 negocios en conjunto, por más de 114.000 millones de pesos.
¿Cuál sería la razón? al parecer, la decisión podría estar relacionada con los encontrones que han generado tensión entre el presidente Gustavo Petro y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.
La decisión del DAPRE de no renovar el contrato con Plaza Mayor Medellín para la organización de eventos presidenciales ha generado suspicacias sobre posibles razones políticas. Las tensiones entre el presidente Gustavo Petro y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se han intensificado en los últimos meses debido a diversas diferencias públicas.
Uno de los principales puntos de discordia ha sido la venta de las acciones que Empresas Públicas de Medellín (EPM) posee en UNE, un tema que ha enfrentado a ambos líderes. Además, el alcalde Gutiérrez ha sumado su voz a las críticas sobre la implementación de la “paz total” y las obras de las vías 4G, temas en los que también se ha involucrado el Gobernador de Antioquia.
Por otro lado, la elección de Jorge Andrés Carrillo como presidente de ISA ha sido otro motivo de inconformidades y cuestionamientos. Gutiérrez ha expresado su desacuerdo con la decisión y ha insinuado que su postura crítica hacia el Gobierno Nacional ha influido en la percepción de su rol como opositor y ha determinado que el cuestionado exgerente de EPM someta a ISA a su corrupción.
Estos desacuerdos podrían haber contribuido a la decisión del DAPRE de buscar un nuevo operador para los eventos presidenciales, poniendo fin a un contrato que se había renovado sin problemas en administraciones anteriores.
