El programa de gobierno del candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda está titulado como “El poder de la verdad”, allí como era de esperarse, se abordó la continuidad y profundización del proceso de cambio político iniciado en el país en los últimos años, bajo el gobierno de Gustavo Petro.

Estas banderas se expusieron bajo el argumento de que las transformaciones estructurales aún no habrían concluido, en el documento donde se hicieron públicas las propuestas, se partió de la premisa de que el país continuaba enfrentando problemas estructurales relacionados con la desigualdad, la corrupción y la violencia, por lo que propuso una “segunda etapa del cambio” orientada a intervenir las causas de fondo de estas problemáticas.

La propuesta de Cepeda, que hasta ahora ha liderado la intención de voto en la mayoría de las encuestas, se estructuró en cuatro ejes denominados revoluciones: ética, social, territorial y política-democrática.

En la primera, el programa planteó una lucha frontal contra la llamada macro corrupción mediante la creación de un sistema nacional especializado para prevenir, investigar y judicializar estas conductas, con participación de entidades de control, fiscalía y mecanismos de vigilancia ciudadana.

En materia social, se hizo un enfoque en la superación de la pobreza y la garantía de derechos fundamentales, mientras que la dimensión territorial buscó reconocer las particularidades de las regiones y su papel en el desarrollo nacional.

El componente político-democrático, por su parte, propuso ampliar los espacios de participación ciudadana y fortalecer lo que el documento denominó poder popular.

El programa también reconoció avances del gobierno de Gustavo Petro en reformas como la agraria, laboral y pensional, aunque se sostuvo que el proceso de transformación debía continuar para consolidar un nuevo modelo democrático, pero se planteó una forma de gobernanza basada en la consulta con movimientos sociales y organizaciones ciudadanas.

Uno de los puntos centrales fue la definición de la corrupción como un fenómeno estructural, al que el documento denominó macrocorrupción, en el que participarían redes complejas entre actores políticos, económicos y criminales. Frente a este diagnóstico, se propuso la creación de una arquitectura institucional orientada a la transparencia, la investigación especializada y la recuperación de recursos públicos presuntamente desviados.

El plan incluyó además la creación de un fondo de reparación con los recursos recuperados en casos de corrupción, destinado a reparar a sectores afectados por estos hechos, especialmente en áreas como la salud y la inversión social.

En el ámbito de derechos humanos, se ubicó a las víctimas en el centro de la política pública y planteó el reconocimiento de hechos históricos como el exterminio de la Unión Patriótica, así como el fortalecimiento de procesos de verdad, justicia y reparación, además se abarcó el reconocimiento de casos como los denominados falsos positivos y las búsquedas de personas desaparecidas.

En política exterior, la propuesta planteó una postura de autonomía frente a los bloques internacionales y una mayor integración regional. Asimismo, expresó posiciones críticas frente a conflictos armados internacionales y la necesidad de fortalecer la protección de la población migrante colombiana en el exterior.

Finalmente, el programa estableció compromisos éticos para una eventual administración, entre ellos la austeridad en el gasto público, la no utilización de recursos en campañas ostentosas, la respuesta basada en el debate programático y la cero tolerancia frente a hechos de corrupción dentro del propio equipo de gobierno.

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