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Un juez de Barranquilla frena el regreso de Silvia Gette a la rectoría de la Universidad Autónoma del Caribe

Un juzgado penal, en segunda instancia, revocó la orden que la reintegraba al cargo y declaró improcedente su retorno, al considerar que la institución que dirigió ya no existe en la misma forma.

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Redacción IFM
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Un juez de Barranquilla frena el regreso de Silvia Gette a la rectoría de la Universidad Autónoma del Caribe
Foto: Cortesía

La decisión judicial

El Juzgado Primero Penal de Conocimiento de Barranquilla, actuando en segunda instancia, revocó la medida que había ordenado reintegrar a Silvia Gette Ponce como rectora de la Universidad Autónoma del Caribe y declaró improcedente su regreso al cargo, según informó El Espectador el 9 de octubre de 2026.

El argumento central del despacho es que la universidad que Gette dirigió entre 2003 y 2012 ya no es la misma. Sus estatutos, que regulan la vida institucional, administrativa y académica, cambiaron, y también lo hicieron sus órganos de gobierno. Para el juez, devolver esos instrumentos a su estado anterior no sería constitucionalmente admisible.

Cómo llegó el caso hasta aquí

Gette fue separada de la rectoría en 2013. En abril de 2026, el Juzgado Segundo Penal Municipal con función de control de garantías de Barranquilla, en primera instancia, resolvió que ya no tenía inhabilidad para ejercer cargos públicos y ordenó restablecer su derecho a asumir de nuevo la rectoría. Esa decisión se apoyó en indicios de que las actas de las reuniones en las que se eligió como rector a Ramsés Vargas Lamadrid pudieron haber sido falsificadas.

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El 14 de abril, un juez del Consejo Superior de la Judicatura en el Atlántico suspendió de forma provisional ese fallo del 8 de abril, al advertir posibles irregularidades de orden constitucional. La suspensión se produjo después de una tutela presentada por un abogado del Ministerio de Educación, entonces dirigido por Daniel Rojas, que alegaba violación del debido proceso. La tutela es el mecanismo con el que cualquier persona puede pedir protección inmediata de sus derechos fundamentales.

Un frente laboral paralelo

La víspera del fallo, el Juzgado Quince Laboral del Circuito de Barranquilla ordenó a la universidad pagar a Gette y a sus hijos 7.586 millones de pesos por diferencias en una pensión de sobrevivientes, y decretó el embargo de las cuentas de la institución hasta por 13.136 millones. Esa orden judicial es independiente de la discusión sobre la rectoría y, según lo reportado, sigue pendiente.

Antecedentes penales

De acuerdo con los registros de prensa, Gette fue separada del cargo en 2013 en medio de investigaciones por soborno. En mayo de 2019, un juzgado penal de Barranquilla la condenó en primera instancia por abuso de confianza agravado a nueve años de prisión, tras acusaciones de la Fiscalía sobre autopréstamos por cerca de 1.075 millones de pesos entre 2008 y 2012. En 2022, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia la condenó además a cinco años de prisión por una cuenta bancaria en Miami. Estos antecedentes corresponden a decisiones judiciales ya reportadas; el presente fallo no los modifica.

El contexto: universidades bajo la lupa

El caso se suma a otras tensiones de gobernanza en la educación superior colombiana. El 5 de octubre, el Ministerio de Educación programó una visita de inspección y vigilancia a la Universidad de Córdoba, anunciada por el presidente Abelardo de la Espriella en Montería, para revisar temas relacionados con la rectoría, su elección y el cumplimiento de los estatutos. El rector, Jairo Torres Oviedo, dijo que no renunciará. A mediados de 2026, el Consejo de Estado había declarado legal su elección y descartado las pretensiones de nulidad, con el argumento de que la autonomía universitaria permite a las instituciones fijar sus propias reglas internas.

La inspección y vigilancia es la facultad que tiene el Estado para verificar que las instituciones de educación superior cumplan la ley y sus propios estatutos, sin que ello implique, por sí mismo, sanciones.

Qué sigue

El reporte consultado no precisa los pasos siguientes en el proceso. La tutela y las actuaciones relacionadas permanecen sin una resolución final conocida, y la orden laboral de pago y embargo también está pendiente de desarrollo. Las partes podrían presentar recursos adicionales, algo que deberá confirmarse con los despachos judiciales.

Preguntas y respuestas de contexto

¿Qué decisión judicial se tomó respecto al regreso de Silvia Gette a la rectoría de la Universidad Autónoma del Caribe?

El Juzgado Primero Penal de Conocimiento de Barranquilla, en segunda instancia, revocó la orden que reintegraba a Silvia Gette y declaró improcedente su retorno al cargo.

¿Cuál fue el argumento principal para declarar improcedente su regreso?

El juez consideró que la universidad que Gette dirigió entre 2003 y 2012 ya no es la misma, debido a cambios en sus estatutos y órganos de gobierno, lo que haría inconstitucional devolver esos instrumentos a su estado anterior.

¿Qué antecedente judicial había ordenado su reintegro y por qué fue suspendido?

En abril de 2026, un juzgado penal municipal había ordenado su reintegro, pero esta decisión fue suspendida provisionalmente por un juez del Consejo Superior de la Judicatura tras una tutela del Ministerio de Educación, que alegaba posibles irregularidades constitucionales.

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