Rectores y científicos de España se unieron para exigir que la investigación supere el 2 % del PIB tras las elecciones del 29 de noviembre

Organizaciones científicas y universitarias de España unieron esfuerzos para solicitar al próximo Gobierno medidas que fortalezcan el sistema nacional de investigación, mejoren las condiciones laborales de los investigadores y promuevan la transferencia de conocimiento hacia el sector productivo.

La iniciativa reúne a la Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE), la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME) y la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE). Mediante un manifiesto dirigido al Gobierno que resulte de las urnas, las entidades plantean cinco prioridades para la próxima legislatura.

La dimensión de esta alianza se refleja en las organizaciones que la integran. La COSCE agrupa a 90 sociedades científicas y más de 46.000 investigadores, mientras que la FACME reúne a 46 sociedades científico-médicas con aproximadamente 150.000 socios. La incorporación de la CRUE amplía la representación del sector universitario, al que la conferencia atribuye más del 80 % de la investigación que se produce en España.

El documento está dirigido especialmente al ministerio que asuma las competencias de ciencia y universidades. Su propósito es consolidar el Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI), integrado por universidades, centros públicos, empresas y otras instituciones dedicadas a la generación de conocimiento, como un eje del progreso económico y social.

La primera petición consiste en aumentar y garantizar la financiación de la investigación. Las organizaciones solicitan mayores recursos para los Proyectos de Generación de Conocimiento, una de las principales convocatorias estatales destinadas a financiar iniciativas científicas. También proponen que la inversión española en investigación y desarrollo supere el 2 % del producto interno bruto (PIB).

El segundo planteamiento se centra en reducir las cargas administrativas. El manifiesto pide revisar las normas y los procedimientos que afectan a los proyectos y centros de investigación, con el objetivo de disminuir la burocracia sin debilitar los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.

Como tercera medida, las entidades proponen mejorar las condiciones laborales y salariales de los investigadores. La intención es hacer más atractiva la carrera científica, facilitar la permanencia de profesionales cualificados y fortalecer la capacidad de las instituciones para atraer talento.

La cuarta prioridad apunta al sistema universitario. Las organizaciones consideran necesario modernizar las infraestructuras destinadas a la investigación y reconocer de manera más amplia el trabajo científico que desarrolla el profesorado, además de sus responsabilidades docentes.

La quinta propuesta busca estrechar la relación entre las universidades, los centros de investigación y las empresas. La iniciativa pretende facilitar que los resultados científicos se conviertan en innovaciones, soluciones tecnológicas y aplicaciones con utilidad para la actividad económica.

La agenda académica coincide con una medida relacionada con el acceso a la educación superior. Según la información publicada sobre el Consejo de Ministros del 20 de octubre de 2026, el Gobierno español aprobó un real decreto para destinar 45 millones de euros a crear cerca de 2.000 plazas de alojamiento para estudiantes y personal de siete universidades públicas.

Entre las instituciones beneficiadas figuran la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad de Castilla-La Mancha y la Universidad Pablo de Olavide, en Sevilla. La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, señaló que el costo del alquiler lleva a algunos jóvenes a renunciar a sus estudios.

Las demandas de las organizaciones españolas sitúan en el centro de la discusión la financiación sostenida, la estabilidad laboral y la conexión entre conocimiento y actividad productiva.

Estos asuntos también forman parte de los desafíos de las universidades colombianas, que desempeñan un papel relevante en la producción científica nacional. La experiencia española muestra cómo las instituciones académicas y las sociedades científicas pueden coordinar sus propuestas para presentar prioridades comunes ante quienes aspiran a gobernar.

El manifiesto busca que la política científica tenga objetivos definidos y respaldo presupuestario durante la próxima legislatura. Su planteamiento central es fortalecer las capacidades de investigación y facilitar que sus resultados contribuyan al desarrollo económico y social.

Preguntas y respuestas de contexto

¿Qué exigen los rectores y científicos en España al próximo Gobierno?

Las principales organizaciones científicas y universitarias piden un aumento en la financiación para que la inversión en investigación supere el 2 % del PIB, además de una reducción de la burocracia y mejores salarios.

¿Quiénes lideran esta iniciativa y a quiénes representan?

La alianza está conformada por la COSCE, la FACME y la CRUE, organizaciones que agrupan a más de 196.000 investigadores y socios, y que son responsables de más del 80 % de la investigación en el país.

¿Cuáles son las prioridades planteadas en el manifiesto?

El documento establece cinco ejes: garantizar financiación estable, disminuir cargas administrativas, mejorar condiciones laborales, modernizar infraestructuras universitarias y fortalecer la transferencia de conocimiento hacia las empresas.