(EDITORIAL) El doble estándar de la libertad de expresión en el discurso presidencial de Gustavo Petro

La reciente admisión de una acción de tutela en contra del presidente Gustavo Petro, interpuesta por la Veeduría Antioqueños por Colombia – Abogados por la Verdad, bajo la dirección del abogado Stefan Bravo Martínez, ha puesto sobre la mesa una pregunta inquietante: ¿hasta dónde llegan las libertades del mandatario cuando insulta, estigmatiza y ataca a quienes le resultan incómodos, pero reclama su libertad de expresión cuando enfrenta cuestionamientos judiciales?

La tutela, aceptada por el Consejo de Estado, apunta a proteger los derechos fundamentales vulnerados por Petro en su alocución presidencial del 4 de septiembre de 2024, donde reveló información confidencial sobre la compra del software “Pegasus”. En ella, la Veeduría asegura que los derechos a la vida, la libertad de expresión, la honra y el acceso a información veraz e imparcial fueron quebrantados. El presidente, sin embargo, se defiende en X, afirmando que su discurso fue “conforme a la ley de seguridad” y que, como líder de una democracia, actúa con libertad.

Petro defiende su derecho a la libertad de expresión, pero ¿cuánto de esta “libertad” aplica realmente a los ciudadanos que no comparten su visión o que le resultan incómodos? Es paradójico que, mientras reclama su libertad de hablar sin restricciones, utilice el poder de su posición para demonizar a la prensa, denigrando a periodistas como “muñecas de la mafia” y atacando a medios de comunicación que lo critican. Su discurso se ha vuelto un mecanismo para desacreditar y controlar a quienes no se alinean con su agenda política.

¿Es esta la libertad de expresión que defiende? En una democracia, el derecho a la libertad de expresión debe ser universal, no exclusivo de quienes ostentan el poder. Sin embargo, las palabras de Petro parecen sugerir un doble estándar: mientras el presidente puede hablar sin filtros, aquellos que se oponen o cuestionan sus decisiones enfrentan un panorama hostil, de estigmatización y persecución. La contradicción es evidente cuando Petro exige respeto para su libertad, pero se lo niega a los ciudadanos y a la prensa que lo critica.

Este escenario plantea una reflexión inquietante sobre el ejercicio del poder en Colombia y la manipulación del discurso presidencial. Mientras Petro reclama que “los seres humanos solo somos libres en una democracia”, sus acciones apuntan a limitar esa libertad para quienes no comulgan con su visión. Si la democracia es un espacio donde todos los ciudadanos tienen derecho a expresarse, ¿por qué algunos, en particular los periodistas, son atacados y desacreditados desde la misma tribuna que él dice usar en nombre de esa libertad?

El futuro de esta tutela en el Consejo de Estado determinará si el discurso presidencial debe ajustarse a los límites que la misma ley y la Constitución imponen, o si Petro continuará ejerciendo una libertad que, a todas luces, parece tener un doble rasero.

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