(EDITORIAL) La libertad de prensa no es negociable

Cada 3 de mayo, en el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, se renueva una discusión que no debería depender del calendario: la vigencia real de este derecho fundamental y las amenazas que lo acechan. Más que una conmemoración simbólica, la fecha obliga a revisar con rigor el estado de la libertad de prensa en Colombia y a preguntarse si el país está cumpliendo con los estándares mínimos de una democracia que se respete a sí misma.

La libertad de prensa no es un privilegio de los periodistas ni una concesión del poder. Es, ante todo, una garantía para la sociedad. De ella depende que los ciudadanos puedan acceder a información verificada, contrastada y oportuna; que los abusos del poder sean denunciados; que las decisiones públicas sean vigiladas; y que el debate democrático no esté mediado por el miedo o la censura. Sin prensa libre, la democracia se debilita, la corrupción se normaliza y la ciudadanía pierde herramientas esenciales para ejercer control.

Sin embargo, los indicadores actuales distan de ser alentadores. Según un informe reciente de la UNESCO, Colombia ocupa el puesto 115 entre 180 países en materia de libertad de prensa. La cifra no solo refleja una posición rezagada a nivel global, sino que evidencia un deterioro progresivo en las condiciones para el ejercicio periodístico. A esto se suma que el 63% de los periodistas en el país afirma sentir presiones de censura, un dato que revela un entorno donde informar puede implicar riesgos profesionales y personales.

El panorama es aún más preocupante cuando se analizan las condiciones de las mujeres periodistas: el 73% ha sido víctima de ataques digitales. Esta forma de violencia, muchas veces minimizada, tiene efectos reales sobre la libertad de expresión. El acoso en redes, las campañas de desprestigio y las amenazas buscan silenciar voces, limitar la participación y condicionar los contenidos que se publican.

En este contexto, resulta inevitable examinar el papel del gobierno actual. Si bien la defensa de la libertad de prensa debe ser una política de Estado y no de coyuntura, diversas actitudes y discursos desde el poder han contribuido a tensionar la relación con los medios. La estigmatización de periodistas, los señalamientos públicos y la descalificación de medios críticos no son hechos menores. Por el contrario, generan un ambiente adverso que puede traducirse en autocensura, polarización y debilitamiento institucional.

El poder político tiene la responsabilidad de garantizar condiciones para el ejercicio libre del periodismo, no de confrontarlo ni desacreditarlo. La crítica es parte inherente del oficio periodístico, así como la vigilancia al poder es una de sus funciones esenciales. Cuando desde el gobierno se cuestiona la legitimidad de la prensa o se intenta deslegitimar su trabajo, se envía un mensaje que puede ser interpretado como una licencia para el hostigamiento.

Pero el desafío no recae únicamente en el Ejecutivo. La defensa de la libertad de prensa implica un compromiso colectivo: de las instituciones, que deben proteger a los periodistas; de los medios, que deben ejercer su labor con rigor y responsabilidad; y de la ciudadanía, que debe valorar y defender el acceso a información libre.

Hoy, más que celebrar, el país está llamado a reflexionar. La libertad de prensa no es un concepto abstracto ni una consigna retórica. Es una condición indispensable para que la democracia funcione. Su deterioro no ocurre de un día para otro, sino que avanza de manera silenciosa, entre discursos que deslegitiman, presiones que intimidan y violencias que buscan silenciar.

Defenderla requiere voluntad política, garantías efectivas y una sociedad consciente de que, sin prensa libre, el derecho a saber, y a decidir, se reduce peligrosamente.

A pesar de este panorama, hay razones para no renunciar. En Colombia persiste un periodismo que investiga, contrasta y resiste incluso en contextos adversos; hay redacciones, reporteros y plataformas que siguen apostando por contar lo que ocurre sin ceder al miedo. También crece una ciudadanía más consciente de su derecho a estar informada y de la importancia de defender a quienes hacen posible ese acceso.

La libertad de prensa, como toda conquista democrática, no es inmutable, pero tampoco está perdida: se reconstruye todos los días con rigor, con valentía y con el respaldo de una sociedad que entiende que protegerla es protegerse a sí misma.