Simón Molina denunció ante la Fiscalía posibles irregularidades en la formulación del Presupuesto General de la Nación 2027

El debate sobre las cuentas públicas del país tomó un nuevo rumbo luego de que el representante a la Cámara y vicepresidente primero de la corporación, Simón Molina Gómez, presentara una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra el exministro de Hacienda Germán Ávila Plazas y contra los demás exfuncionarios que pudieran tener responsabilidad en la formulación, revisión y radicación del Presupuesto General de la Nación para 2027.

La acción busca que el ente investigador determine si las inconsistencias advertidas en el proyecto corresponden a errores de carácter técnico o si, por el contrario, podrían constituir conductas con relevancia penal. Entre los delitos que Molina solicita investigar se encuentran la falsedad ideológica en documento público, el prevaricato por omisión y el fraude procesal.

Uno de los principales cuestionamientos planteados por el congresista está relacionado con el monto total del proyecto presupuestal y la inclusión de recursos cuya disponibilidad estaría condicionada a la aprobación de una nueva ley de financiamiento.

“Un presupuesto no puede construirse con plata que no existe. El Gobierno Petro presentó un proyecto por $575,6 billones que incluía $30,2 billones condicionados a una ley de financiamiento que ni siquiera había sido aprobada”, afirmó Molina.

De acuerdo con los argumentos expuestos en la denuncia, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, CARF, habría identificado una serie de diferencias entre las cifras contempladas en el proyecto y los límites establecidos dentro del Marco Fiscal de Mediano Plazo.

Uno de los aspectos señalados corresponde al gasto primario, que, según el documento citado por el representante, superaría en $20,7 billones el límite establecido en dicho marco fiscal. Para Molina, esta diferencia constituye uno de los elementos que deben ser revisados por las autoridades judiciales para determinar si hubo fallas en la construcción de las cuentas o si existió algún tipo de actuación deliberada.

La denuncia también pone bajo la lupa una brecha de $8,3 billones entre los ingresos que se proyectaban obtener y los recursos derivados de la reforma tributaria propuesta. A esto se sumarían posibles inconsistencias por $12,6 billones relacionadas con recursos de balance.

Otro de los componentes que el congresista pide examinar corresponde a la eventual subestimación de obligaciones estatales en sectores como salud, pensiones y subsidios destinados a los servicios públicos de energía y gas. De igual manera, solicita que se revise el tratamiento dado a $9,6 billones correspondientes al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, FEPC.

Para Molina, el conjunto de diferencias expuestas amerita una investigación formal que permita establecer el origen de las cifras y las responsabilidades individuales de quienes participaron en el proceso.

“Esto no es un descuadre menor. Colombia merece saber si esto fue un error o si deliberadamente maquillaron las cifras y le presentaron al país como ciertas unas cuentas que no lo eran”, sostuvo el representante.

En ese sentido, la acción penal no se limita a solicitar la revisión de las cifras contenidas en el proyecto presupuestal. Molina también pidió a la Fiscalía recaudar documentación que permita reconstruir el proceso mediante el cual fueron elaboradas, revisadas y finalmente presentadas las cuentas para la vigencia 2027.

Entre los elementos solicitados se encuentran las actas del Consejo Superior de Política Fiscal, CONFIS; los memorandos técnicos elaborados por el Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación; los documentos relacionados con el proceso de empalme y los soportes empleados para la formulación del presupuesto.

La documentación solicitada busca establecer quiénes participaron en las diferentes etapas de elaboración del proyecto y qué información técnica fue utilizada para sustentar las cifras que posteriormente fueron presentadas ante el Congreso de la República.

El representante insistió en que el asunto debe superar el escenario de la confrontación política y ser esclarecido por las autoridades competentes. A su juicio, si las irregularidades denunciadas llegan a comprobarse, las consecuencias podrían tener una dimensión mayor debido al impacto que tendría sobre las finanzas públicas y la transparencia de la información entregada al país.

“Esto ya no puede quedarse en una discusión política. Pusimos los documentos en manos de la justicia y vamos a llegar hasta el fondo para que Colombia conozca qué pasó con sus cuentas, pues de comprobarse los hechos denunciados, estamos ante una gran operación criminal para encubrir malos manejos”, concluyó el representante Molina.