Preocupación por control del mercado del papel: Hay riesgos en la industria

Un grupo de empresas del sector de cuadernos y productos gráficos advirtió sobre un posible escenario de monopolización en el mercado colombiano del papel, luego de la expedición de la Resolución 112 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Esta resolución impuso derechos antidumping definitivos a las importaciones de papel fotocopia originarias de Brasil, clasificadas bajo la subpartida arancelaria 4802.56.90.00.

La medida fue adoptada tras una solicitud presentada en mayo de 2024 por la empresa Carvajal S.A., y establece un gravamen ad valorem adicional al arancel vigente, calculado sobre el valor FOB declarado por el importador. Según lo determinado, para Suzano S.A. se fijó un derecho del 22,62%; para Sylvamo Do Brasil Ltda. y Sylvamo Export Ltda., del 21,78%; y para los demás exportadores, del 30,30%.

De acuerdo con la denuncia, estos aranceles permitirían a Carvajal S.A. consolidar una posición dominante en el mercado nacional del papel, con implicaciones directas para la industria de artes gráficas, empaques y fabricantes de cuadernos escolares.

Las empresas afectadas señalaron que esta decisión limitaría el acceso a insumos esenciales, incrementando significativamente los costos de producción.

En el segmento específico de cuadernos escolares, el papel representa aproximadamente el 80% del costo de fabricación. En Colombia se producen anualmente cerca de 120 millones de cuadernos, y el 75% de ellos corresponde a productos de bajo costo dirigidos a los sectores más vulnerables de la población. Los denunciantes sostienen que cualquier aumento en el precio del papel tendría un efecto inmediato en el valor final al consumidor.

Las compañías también manifestaron que Carvajal no posee la capacidad instalada necesaria para abastecer toda la demanda nacional. Aseguraron que, cuando ofrece papel a terceros, lo hace a precios elevados, lo que ha obligado a muchas empresas a importar papel brasileño como única alternativa viable para mantener su operación.

En ese contexto, las empresas advierten que la medida pondría en riesgo más de 10.000 empleos directos y afectaría la estabilidad de cooperativas y pequeñas y medianas empresas que forman parte de la cadena de valor del sector. También señalaron que más del 50% de la producción de Carvajal se destina al mercado externo, lo que, según su denuncia, contribuye al desabastecimiento local.

Asimismo, indicaron que la empresa habría influido en las decisiones del Gobierno mediante el suministro de información que califican como sesgada, con el fin de obtener beneficios particulares.

Frente a esta situación, las empresas solicitaron la intervención de la Superintendencia de Industria y Comercio para que se investigue y se tomen medidas que garanticen condiciones de competencia equitativas.