Más de 30.000 reclamaciones, han recibido las aseguradoras tras el terremoto

El sector asegurador en Colombia se encuentra ante un desafío sin precedentes, luego del reciente terremoto que sacudió al país hace dos semanas. Este evento telúrico ha generado una ola de afectaciones a lo largo y ancho del territorio, poniendo a prueba la capacidad de respuesta y la solidez del sistema de seguros. La Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda) ha divulgado un segundo informe actualizado, revelando una cifra alarmante de reclamaciones y proyecciones económicas que subrayan la magnitud del impacto y la complejidad de la recuperación.

Más de 30.000 reclamaciones y un impacto económico multimillonario

Según el reporte emitido por Fasecolda, las compañías aseguradoras han recibido, hasta la fecha, más de 30.000 reclamaciones por parte de los ciudadanos afectados. Estas solicitudes de indemnización cubren una amplia gama de daños materiales y económicos. Entre los principales tipos de afectaciones se incluyen la destrucción o afectación estructural de edificaciones residenciales y comerciales, daños significativos en viviendas particulares, pérdidas totales o parciales de vehículos y otras propiedades muebles e inmuebles. Asimismo, se han reportado incendios derivados del sismo, producto de cortocircuitos o fugas de gas, y la necesidad de reparaciones urgentes en diversas infraestructuras críticas, lo que amplifica el espectro de las coberturas requeridas.

El valor acumulado de estas reclamaciones asciende actualmente a 1,2 billones de pesos colombianos. Esta cifra, aunque ya considerable, representa solo una parte del costo total proyectado. No obstante, las proyecciones de la entidad gremial sugieren que el monto total podría incrementarse drásticamente, llegando a alcanzar hasta los 6 billones de pesos. Esta estimación refleja la expectativa de que un número considerable de damnificados aún no ha formalizado sus solicitudes, bien sea por la complejidad de la evaluación de daños, la priorización de la seguridad personal o la falta de acceso a la información. Además, la evaluación en curso de infraestructuras mayores y propiedades con daños estructurales complejos podría revelar costos significativamente mayores a los inicialmente estimados, lo que justifica esta proyección a largo plazo y subraya la magnitud del desafío financiero que enfrenta el sector.

Desembolsos iniciales y plazos para los asegurados

En respuesta a la emergencia, el sector asegurador ha comenzado a movilizar recursos de manera expedita para atender las necesidades más urgentes de los afectados. Hasta el momento, se han desembolsado 11.000 millones de pesos destinados a atender las primeras reclamaciones presentadas, priorizando aquellas que requieren una intervención inmediata o que corresponden a daños de menor complejidad. Fasecolda ha garantizado que los fondos necesarios están disponibles y que la liquidez del sistema no se verá comprometida, gracias a la pronta respuesta y liberación de recursos por parte de las reaseguradoras internacionales. Estas entidades, que asumen una parte significativa del riesgo de las aseguradoras locales, han demostrado su compromiso, asegurando la capacidad del sistema para hacer frente a las obligaciones contractuales con los asegurados.

Es fundamental destacar que los ciudadanos afectados por el terremoto disponen de un plazo de hasta dos años para reportar sus reclamaciones. Este período ha sido establecido para ofrecer flexibilidad y un margen de tiempo adecuado a quienes aún se encuentran en proceso de evaluar la totalidad de los daños sufridos, que a menudo se manifiestan de forma gradual, o de reunir la documentación requerida para sustentar sus solicitudes. Este plazo permite una gestión ordenada y eficiente a través de las diferentes compañías aseguradoras, evitando la prisa y el estrés adicional en un momento ya de por sí difícil para los damnificados.

Coordinación interinstitucional y recomendaciones clave

Fasecolda ha reafirmado su compromiso inquebrantable con el proceso de reconstrucción nacional. La entidad está trabajando en estrecha coordinación con el Gobierno Nacional, las autoridades locales y otras instituciones relevantes para asegurar que los desembolsos realizados por el sector asegurador sean debidamente registrados dentro de los costos generales de la reconstrucción del país. Este registro es crucial no solo para la transparencia y la rendición de cuentas, sino también para que los recursos queden consignados en el plan nacional de recuperación y se pueda realizar un monitoreo efectivo de su avance y ejecución. Esta colaboración busca garantizar que la ayuda llegue de manera eficiente y que los esfuerzos de reconstrucción sean coherentes y bien coordinados.

El gremio asegurador ha reiterado su plena disposición a colaborar activamente en la recuperación post-terremoto, ofreciendo su experiencia técnica y capacidad financiera. Adicionalmente, ha emitido una recomendación esencial a los ciudadanos: gestionar sus reclamaciones directamente con sus respectivas aseguradoras. Esta advertencia busca prevenir posibles estafas o intermediaciones innecesarias que podrían complicar o retrasar significativamente el proceso de indemnización. Al interactuar directamente con la compañía, los afectados pueden asegurar que reciben información precisa, agilizar los trámites y obtener el apoyo de manera directa, eficiente y sin contratiempos, protegiéndose de actores inescrupulosos que podrían intentar aprovecharse de la situación de vulnerabilidad.