EPM y el nuevo marco tarifario de acueducto y alcantarillado. Entre avances y desafíos

El Grupo EPM ha destacado los progresos que representa el nuevo marco tarifario para los servicios de acueducto y alcantarillado en Colombia, al tiempo que propone una revisión de aspectos cruciales para salvaguardar a los usuarios y asegurar la viabilidad de las empresas prestadoras. La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) ha sido la entidad encargada de expedir esta nueva normativa, que busca modernizar el sector y responder a las exigencias actuales.

La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) ha puesto en vigencia el nuevo marco tarifario para los servicios de acueducto y alcantarillado, aplicable a los grandes prestadores de servicios públicos en el país. Esta medida, oficializada mediante la Resolución CRA 1032 de 2026, establece las directrices para el cálculo de las tarifas, con el objetivo primordial de fortalecer la calidad del servicio, incentivar la eficiencia operativa y garantizar que las tarifas reflejen costos reales y eficientes. Desde la perspectiva del Grupo EPM, esta actualización representa un avance significativo hacia la modernización del sector y una respuesta efectiva a los retos contemporáneos en la gestión de los servicios públicos esenciales.

Una regulación orientada a la eficiencia y la calidad del servicio

Uno de los pilares fundamentales del nuevo marco tarifario es su enfoque en la eficiencia y la calidad en la prestación del servicio. La metodología implementada por la CRA busca establecer una relación directa entre la tarifa que pagan los usuarios y la eficiencia con la que operan las empresas. Para ello, se reconocen los costos e inversiones asociados a una gestión eficiente y se incorporan indicadores de calidad y desempeño que promueven la mejora continua de las empresas prestadoras. Este enfoque tiene como propósito asegurar que los usuarios paguen por servicios que se presten de manera óptima, minimizando la posibilidad de que se trasladen a la tarifa costos derivados de ineficiencias operativas.

A pesar de compartir los principios de eficiencia, calidad y protección al usuario que sustentan esta nueva regulación, el Grupo EPM considera indispensable una revisión detallada de algunos de sus componentes. El objetivo es garantizar que estos loables propósitos puedan alcanzarse sin comprometer la sostenibilidad financiera de las empresas que prestan estos servicios vitales.

En este contexto, el grupo empresarial ha impulsado un análisis técnico riguroso de aquellos aspectos de la metodología que han generado inquietudes en el sector. La finalidad es fortalecer su implementación y lograr un equilibrio adecuado entre los incentivos regulatorios, la calidad de los servicios ofrecidos, la protección de los usuarios y la capacidad de las empresas para ejecutar las inversiones necesarias que demandan los territorios y sus comunidades.

Preocupaciones y desafíos en la implementación

La puesta en marcha del nuevo marco tarifario ha revelado varios puntos de preocupación en el sector, debido a sus potenciales implicaciones tanto para los usuarios como para la estabilidad de las empresas prestadoras. Entre los aspectos más relevantes se destacan:

Comportamientos atípicos en las tarifas: La aplicación estricta de la metodología podría generar fluctuaciones significativas. En diversos casos, la tarifa del primer año podría incluir la recuperación de inversiones ya ejecutadas y aún no remuneradas, lo que se traduciría en incrementos considerables en las facturas promedio durante el período inicial de aplicación. Posteriormente, las tarifas tenderían a disminuir de forma importante en los años subsiguientes. Esta dinámica presenta un desafío para conciliar la protección al usuario con la necesidad de asegurar que las empresas dispongan de los recursos suficientes para operar, mantener e invertir en la infraestructura que soporta la prestación de los servicios.

Cambio estructural en el reconocimiento de inversiones: El nuevo marco introduce una modificación fundamental en la forma de reconocer las inversiones. Mientras que el esquema anterior permitía incorporar en las tarifas inversiones proyectadas a futuro, la metodología actual reconoce las inversiones únicamente una vez que han sido ejecutadas y puestas en operación. Aunque este cambio busca una mayor precisión en el reflejo de los costos efectivos del servicio, exige que las empresas cuenten previamente con recursos para financiar las obras de ampliación, reposición y modernización de la infraestructura. Esta condición representa un obstáculo considerable para muchas empresas del sector, especialmente aquellas con menores capacidades financieras, lo que podría limitar la continuidad de las inversiones requeridas para atender el crecimiento de los territorios y las demandas de los usuarios.

Reducción de las tasas de remuneración de inversiones: La disminución de las tasas de remuneración de las inversiones reconocidas por la regulación impacta directamente la capacidad de recuperación de los recursos destinados al desarrollo de infraestructura. Esta situación compromete la sostenibilidad financiera a largo plazo de la mayoría de las empresas del sector.

Metas de pérdidas de agua y realidades territoriales: Algunas metas asociadas a indicadores de pérdidas de agua podrían no ajustarse a las realidades particulares de cada territorio. En muchos casos, una parte sustancial de las pérdidas está ligada a fenómenos sociales y urbanísticos, como el crecimiento de asentamientos informales, cuya gestión involucra también a las autoridades territoriales. Alcanzar ciertas metas podría requerir inversiones adicionales cuyo costo no sería necesariamente recuperable dentro de los esquemas tarifarios vigentes.

Diálogo y ajustes necesarios

Ante este panorama, el Grupo EPM, en colaboración con organizaciones gremiales y otras empresas del sector, promueve activamente la creación de espacios de diálogo técnico e institucional. El objetivo es perfeccionar el nuevo marco regulatorio mediante una revisión técnica de algunos de sus componentes. Paralelamente, acompaña las acciones institucionales y jurídicas orientadas a evaluar los efectos de la normativa y a impulsar los ajustes que resulten indispensables.

Humberto Iglesias, gerente general de EPM y líder del Grupo EPM (e), ha manifestado la visión de la entidad: “El objetivo es preservar las garantías de protección para los clientes y usuarios, y mantener los avances que incorpora la regulación en materia de eficiencia y calidad del servicio, asegurando al mismo tiempo las condiciones financieras que permitan a las empresas continuar operando, invirtiendo y respondiendo a las expectativas presentes y futuras de los clientes y usuarios, así como a las dinámicas de los territorios donde prestamos nuestros servicios”. Este llamado subraya la importancia de un marco regulatorio que sea equitativo y sostenible para todas las partes involucradas.