El Congreso entró en la recta final del Presupuesto 2027: aprobarlo o verlo salir por decreto

El proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027 llegó a una etapa determinante en el Congreso de la República. Las plenarias de Senado y Cámara deben avanzar en la discusión del articulado y resolver las diferencias pendientes antes de que venza el plazo legal, en medio de una agenda legislativa marcada por más de 700 proposiciones.

La iniciativa ya superó su primer debate en las comisiones económicas conjuntas. La ponencia para la siguiente etapa fue radicada el jueves 15 de octubre y las dos corporaciones convocaron sesiones desde el lunes 19 para continuar el trámite. Sin embargo, la Cámara de Representantes tuvo que aplazar su sesión porque no había tiempo suficiente para examinar el contenido del proyecto.

El calendario legislativo representa uno de los principales obstáculos para la aprobación. Además de estudiar las propuestas de modificación, los congresistas deben votar los impedimentos, resolver las diferencias entre los textos y completar el procedimiento de conciliación, si resulta necesario. Algunos ponentes han expresado confianza en conseguir el respaldo requerido para aprobar la iniciativa dentro del plazo establecido.

La ponencia mantiene el monto global aprobado en primer debate, equivalente al 29,9 % del producto interno bruto (PIB), pero introduce cambios en la distribución de los recursos entre funcionamiento, deuda e inversión.

De acuerdo con el texto presentado para segundo debate, el presupuesto contempla las siguientes partidas:

Funcionamiento: $393,2 billones.

Servicio de la deuda pública: $147,1 billones.

Inversión: $94,6 billones.

Uno de los cambios más relevantes frente a la versión inicial discutida en las comisiones económicas es la disminución de cerca de $8 billones en el servicio de la deuda, acompañada de un incremento en los recursos destinados a inversión.

El proyecto también incorpora $3 billones para subsidiar los servicios públicos de energía y gas. Adicionalmente, reserva $3,9 billones en el Ministerio de Hacienda para atender las consecuencias del terremoto ocurrido el 10 de agosto, otros desastres y prioridades que requieran recursos adicionales.

Estas partidas concentran parte de la discusión legislativa, debido a sus efectos sobre la atención de emergencias, la financiación de programas públicos y el gasto de los hogares en servicios esenciales.

Entre las propuestas pendientes figuran solicitudes de representantes que reclaman mayor precisión sobre la distribución territorial de los recursos destinados a los damnificados por el terremoto de agosto.

También se estudian iniciativas orientadas a establecer un programa de austeridad y eficiencia del gasto público. Las propuestas buscan revisar erogaciones relacionadas con la contratación de servicios, los viáticos, los eventos institucionales, la publicidad y los viajes oficiales.

Otro punto de discusión corresponde a las solicitudes de incremento presupuestal para entidades como la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República y la Registraduría Nacional del Estado Civil.

La cantidad de proposiciones pendientes obliga a las plenarias a distribuir el tiempo entre el análisis de las modificaciones, las intervenciones de los congresistas y las votaciones. El resultado dependerá de los acuerdos que logren las bancadas y de la posibilidad de concluir el trámite dentro del calendario previsto.

El escenario de una falta de acuerdo tiene consecuencias definidas en el Estatuto Orgánico del Presupuesto. Si las plenarias no consiguen aprobar y conciliar el texto dentro del plazo señalado, el presidente Abelardo De la Espriella podría expedir mediante decreto el proyecto original presentado por el Ministerio de Hacienda el 27 de agosto de 2026.

En ese caso, entraría a regir la propuesta inicial del Gobierno, sin las modificaciones incorporadas durante el trámite legislativo. Entre los cambios que podrían quedar excluidos se encuentra la partida adicional de $3 billones destinada a los subsidios de energía y gas.

La diferencia entre ambas versiones tendría efectos sobre la distribución de los recursos públicos y las prioridades de gasto contempladas para el siguiente año.

La discusión presupuestal entra así en una fase decisiva para las finanzas nacionales. Las próximas sesiones determinarán si el Congreso consigue aprobar el proyecto con los ajustes debatidos o si el Ejecutivo recurre al mecanismo previsto por la ley para garantizar la expedición del presupuesto de 2027.

Preguntas y respuestas de contexto

¿Cuál es el plazo máximo para que el Congreso apruebe el Presupuesto de 2027?

Las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes tienen plazo hasta la medianoche del martes 20 de octubre para conciliar y aprobar el proyecto.

¿Qué sucede si el Congreso no logra un acuerdo a tiempo?

El Legislativo perdería su competencia y el presidente Abelardo De la Espriella quedaría facultado para expedir el presupuesto original mediante decreto.

¿A cuánto asciende el monto del presupuesto y cómo se distribuirá?

El presupuesto total es de 634,9 billones de pesos, distribuidos en 393,2 billones para funcionamiento, 147,1 billones para deuda pública y 94,6 billones para inversión.