CAR restringe captación de agua a Coca-Cola en La Calera y desata debate por tarifas y regulación

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) decidió restringir la extracción de agua por parte de Coca-Cola en el municipio de La Calera, autorizando el uso de solo tres de los siete manantiales con los que operaba la compañía en la zona. La decisión ha generado un amplio debate en torno a la regulación del recurso hídrico, las condiciones de las concesiones y el impacto económico de la medida.

Según lo informado por la entidad ambiental, la determinación implica no solo la reducción en el número de fuentes hídricas disponibles, sino también ajustes en las condiciones de operación. Entre ellos, la disminución del caudal autorizado, que pasa de 3,23 a 1,39 (unidades de medida), así como la reducción en el tiempo de prórroga de las concesiones, que se establece en cinco años para las fuentes habilitadas.

La CAR implementó tres medidas restrictivas contra Coca-Cola. El primero, la reducción de siete a tres los manantiales a los que tiene acceso; así como la cancelación de las prórrogas de cuatro de esos manantiales. La segunda, la reducción en el tiempo de las prórrogas para el acceso a los manantiales, que pasaron de 10 a solo 5 años; y finalmente, la reducción en el caudal.

Cambios en la concesión y alcance de la medida

La CAR argumentó que la decisión responde a criterios preventivos dentro de la gestión del recurso hídrico en la región. No obstante, el propio director de la entidad, Alfred Ballesteros, señaló que los estudios técnicos no evidencian una afectación directa sobre los caudales, lo que ha alimentado el debate sobre los fundamentos de la medida, dejando en el aire los rumores de la presión del presidente Petro, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, los congresistas y concejales del Pacto Histórico para golpear a uno de los íconos del capitalismo, como lo es Coca-Cola.

El ajuste en las concesiones impacta directamente la operación del producto Agua Manantial, que depende de estas fuentes naturales para su producción. La reducción en el acceso al recurso podría traducirse en cambios en los niveles de producción de esta línea.

Además de las decisiones restrictivas tomadas, se suma el condicionamiento a revisar el acceso a los manantiales en caso de la llegada y afectación por el fenómeno de El Niño, según expresó Alfred Ballesteros, el director de la CAR.

Debate por el costo del agua

Uno de los puntos centrales de la discusión tiene que ver con las tarifas que las empresas pagan por el uso del agua. El director de la CAR ha indicado que los valores actuales son bajos en comparación con los costos administrativos y operativos que implica su recaudo, lo que ha llevado a plantear la necesidad de revisar la normativa vigente a nivel nacional.

Este señalamiento ha puesto sobre la mesa la discusión sobre la sostenibilidad financiera del modelo de cobro por uso del recurso hídrico, así como el equilibrio entre la actividad empresarial y la protección ambiental. Esto pone sobre el tablero la prioridad económica de la CAR, por encima de otras consideraciones.

Implicaciones económicas y laborales

La decisión también ha generado preocupación por sus posibles efectos en la operación de la empresa y en el empleo asociado a esta actividad. La reducción en la capacidad de producción podría implicar ajustes en la planta de personal, aunque hasta el momento no se han anunciado medidas concretas en este sentido.

Sectores económicos han advertido que este tipo de decisiones puede tener repercusiones en la inversión y en la estabilidad de las operaciones industriales que dependen del acceso a recursos naturales regulados.

Un caso que reabre la discusión ambiental

El caso de Coca-Cola en La Calera se suma a otros debates recientes sobre el uso del agua en Colombia, en un contexto donde la gestión sostenible de los recursos naturales cobra cada vez mayor relevancia. La decisión de la CAR pone en evidencia la necesidad de revisar los marcos regulatorios y de fortalecer los criterios técnicos en la toma de decisiones.

Mientras tanto, el proceso de revisión de las concesiones y las eventuales modificaciones normativas seguirán siendo objeto de atención por parte de autoridades, empresas y comunidades.