Congreso en recta final para aprobar el PNG 2026 con reducción de $10 billones y solo tres firmas en la ponencia
El Congreso de la República se prepara para debatir en segundo debate el Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2026, cuyo monto quedó fijado en $546,9 billones, tras una reducción de $10 billones aprobada en la primera discusión del pasado 24 de septiembre. El trámite avanza bajo un calendario
El Congreso de la República se prepara para debatir en segundo debate el Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2026, cuyo monto quedó fijado en $546,9 billones, tras una reducción de $10 billones aprobada en la primera discusión del pasado 24 de septiembre.
El trámite avanza bajo un calendario ajustado, pues el proyecto tendrá que votarse a más tardar el 20 de octubre a medianoche, según el cronograma legislativo divulgado por la senadora Angélica Lozano.
De acuerdo con el procedimiento establecido, si el Congreso no aprueba el presupuesto antes de la fecha límite, entrará en vigencia el texto del Gobierno con las modificaciones introducidas durante el primer debate. En caso de que no haya aprobación antes del 10 de diciembre, el Ejecutivo deberá expedir un decreto de repetición, adoptando el presupuesto del año anterior con los ajustes correspondientes.
La nueva ponencia radicada ante las plenarias del Senado y la Cámara mantiene la reducción de $10 billones y contempla adiciones por $5,8 billones y recortes por $15,8 billones en distintas entidades del Estado.
Entre los sectores con mayores incrementos figuran el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS), que recibiría $2,02 billones adicionales, y las universidades públicas, con un aumento de $1,5 billones en sus recursos. La Procuraduría General de la Nación también tendría un incremento de $600.000 millones, principalmente destinados a inversión.
Por el contrario, los mayores recortes recaen sobre el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Hacienda, con reducciones de $2,6 billones cada uno. A estos se suman ajustes en el servicio de la deuda pública (-$2 billones), el Ministerio de Educación (-$1,5 billones), la Rama Judicial (-$695.429 millones) y el Ministerio de Salud y Protección Social (-$179.861 millones).
La nueva ponencia, sin embargo, generó controversia en el Congreso, ya que solo tres de los once senadores designados como coordinadores y ponentes firmaron el documento, entre ellos, John Jairo Roldán y Claudia Pérez, del Partido Liberal, y Aída Avella, del Pacto Histórico.
La falta de respaldo de los demás congresistas ha sido interpretada como una señal de desacuerdo frente a la distribución de los recursos y la relación entre el presupuesto y la reforma tributaria presentada por el Gobierno.
El Ejecutivo confía en que la reforma tributaria 3.0, que busca recaudar $26,3 billones, permita financiar el presupuesto proyectado. Dicha iniciativa incluye incrementos a los impuestos al consumo, ajustes al IVA sobre combustibles y gravámenes adicionales para los sectores financiero y minero.
Según el documento oficial, el monto total del PGN equivale al 28,9 % del PIB nacional, distribuido en 19 % para funcionamiento, 5,3 % para deuda pública y 4,6 % para inversión. De este total, el 15,6 % del PIB corresponde a ingresos tributarios.
El debate definitivo se realizará este miércoles 15 de octubre, cuando las plenarias del Congreso definan si aprueban el presupuesto con las modificaciones actuales o si introducen nuevos cambios antes de la fecha límite establecida por ley.

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