Condenado a 17 años de cárcel responsable del asesinato del activista de la población LGBTIQ+ en Córdoba
El 5 de marzo de 2024, Deivis Enrique Junco Hernández, consejero de paz y activista de la población LGBTIQ+, fue asesinado en el municipio de Lorica, Córdoba. Este crimen conmocionó al país, especialmente a las comunidades que luchan por la paz, la inclusión y los derechos de la población LGBTIQ+, u
El 5 de marzo de 2024, Deivis Enrique Junco Hernández, consejero de paz y activista de la población LGBTIQ+, fue asesinado en el municipio de Lorica, Córdoba. Este crimen conmocionó al país, especialmente a las comunidades que luchan por la paz, la inclusión y los derechos de la población LGBTIQ+, un sector históricamente marginado en Colombia.
Carlos Andrés Moncayo Gómez fue señalado como el autor material de este asesinato. Tras un proceso judicial, Moncayo Gómez aceptó su responsabilidad mediante un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación. Una juez penal de conocimiento avaló este acuerdo y dictó una condena de 17 años de prisión por el delito de homicidio agravado.
La investigación, liderada por un fiscal de la Unidad Especial de Investigación (UEI), reveló que Moncayo Gómez interceptó a Junco Hernández en el sector Loma de Piedra, en el barrio Nueva Granada de Lorica. Allí, el agresor le causó la muerte mediante asfixia mecánica, con el objetivo de robarle una motocicleta y un celular, cuyo valor total supera los 10 millones de pesos.
El asesinato de Junco Hernández se produjo en un contexto de creciente violencia hacia los líderes sociales en Colombia, en especial aquellos que defienden los derechos humanos de las poblaciones más vulnerables, como la comunidad LGBTIQ+. La violencia contra estos activistas sigue siendo una preocupante realidad en el país, donde las amenazas y los asesinatos continúan siendo un flagelo para quienes luchan por la paz y la justicia social.
Carlos Andrés Moncayo Gómez fue capturado en junio de 2024, gracias al trabajo investigativo realizado por la Policía Nacional, y desde entonces se encuentra privado de la libertad en un centro carcelario mientras enfrenta su proceso judicial.
Este caso refleja la urgente necesidad de fortalecer la protección a los líderes sociales y activistas en Colombia, que siguen siendo víctimas de ataques y asesinatos, a pesar de los esfuerzos para garantizar sus derechos y seguridad.
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