Antioquia respalda el traslado de cabecillas criminales y pide mantener la presión contra las estructuras ilegales

Respaldo a una nueva política de seguridad

La llegada del Gobierno de Abelardo de la Espriella comenzó a generar reacciones en Antioquia por las medidas adoptadas frente a las organizaciones criminales. Autoridades departamentales y municipales destacaron la decisión de endurecer el tratamiento penitenciario de los cabecillas de estructuras ilegales y de eliminar beneficios que, según sus declaraciones, habían permitido condiciones especiales para algunos de ellos.

El traslado de numerosos internos desde la cárcel de máxima seguridad de Itagüí hacia distintos centros penitenciarios del país fue presentado como una de las primeras decisiones de la nueva administración. Los reclusos fueron separados y enviados a diferentes establecimientos, con restricciones sobre sus comunicaciones y sin los privilegios que, de acuerdo con las autoridades locales, habían generado cuestionamientos durante los últimos años.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, respaldó la medida y aseguró que “se les acabó la fiesta a los criminales”. Para el mandatario local, las primeras actuaciones del nuevo Gobierno muestran un cambio en la política frente a las estructuras delincuenciales y representan una señal de mayor contundencia.

El llamado a mantener la alerta

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, manifestó que el traslado de los condenados obliga a mantener una vigilancia especial sobre las organizaciones criminales que operan en Medellín y otros municipios del departamento.

Rendón advirtió que estas estructuras pueden intentar reorganizarse, recordando que procesos similares ya se han presentado en el pasado. Ante esa posibilidad, planteó que el Estado debe utilizar sus capacidades institucionales para perseguir a quienes continúan vinculados con actividades criminales.

El gobernador resumió su posición con un llamado a la operación denominada “Cazador Antioquia — OCA” y sostuvo que quienes continúan en libertad y han sido identificados por organismos de inteligencia y autoridades judiciales deben ser objeto de acciones de la Fuerza Pública y de la justicia.

Su mensaje apunta a mantener la presión sobre las estructuras que tienen presencia en Antioquia, más allá del traslado de quienes ya se encuentran privados de la libertad.

Cuestionamientos a las condiciones en Itagüí

El presidente del Concejo de Medellín, Alejandro de Bedout, también respaldó los traslados y cuestionó las condiciones que, según sus declaraciones, se habían presentado durante los últimos años en el establecimiento penitenciario.

El concejal sostuvo que la cárcel había terminado funcionando como un espacio de operación y encuentro de estructuras criminales y recordó denuncias y hallazgos que, según afirmó, habían sido expuestos desde el Concejo de Medellín.

Entre los internos trasladados se encuentran cabecillas como alias Douglas, quien cumple una condena de 32 años; alias Carlos Pesebre, condenado por delitos como extorsión y concierto para delinquir; y alias El Indio, condenado por concierto para delinquir. Los tres han sido relacionados durante años con estructuras de la denominada Oficina de Envigado.

De Bedout insistió en que los centros penitenciarios deben cumplir su función de establecimientos para el cumplimiento de las condenas y cuestionó los beneficios y condiciones especiales que, según su posición, habían rodeado a algunos de estos internos.

Traslado de 117 cabecillas

De acuerdo con la información suministrada por las autoridades locales, en total fueron trasladados 117 cabecillas de organizaciones criminales. Entre ellos están quienes habían participado en una mesa de diálogo con el Gobierno Nacional durante la administración de Gustavo Petro.

Los internos fueron distribuidos en diferentes establecimientos penitenciarios del país, separados entre sí y con restricciones para sus comunicaciones.

La decisión marca un cambio en el tratamiento penitenciario de estos condenados y constituye una de las primeras acciones de seguridad adoptadas por el nuevo Gobierno.

En Antioquia, las autoridades consideran que la medida debe estar acompañada de una estrategia permanente de inteligencia, investigación y presencia de la Fuerza Pública. El objetivo planteado por los dirigentes regionales es impedir que las organizaciones criminales aprovechen los cambios internos para recuperar capacidad de operación.

La nueva administración nacional ha señalado que no habrá negociaciones ni beneficios para quienes continúen delinquiendo. En Antioquia, alcaldía y Gobernación han recibido la decisión como una señal de endurecimiento frente a las estructuras que durante años han ejercido actividades criminales en Medellín y el Valle de Aburrá.