(OPINIÓN) De la pluralidad, la diversidad y la cultura de la cancelación. Por:Edwin Echeverry

Fuimos muchísimos quienes crecimos en las décadas de los ochenta y noventa en medio de la incertidumbre y el agobio constante por la detonación de carros bomba, el asesinato de policías en los CAI o en cualquier lugar donde se encontraran, los secuestros, las extorsiones, las masacres en las discotecas, las mal llamadas “pescas milagrosas” o las tomas guerrilleras a las poblaciones, las cuales quedaban literalmente destruidas por los cilindros bomba, y con saldos atroces de decenas de muertos y heridos así como centenares de policías y soldados asesinados o tomados como “prisioneros de guerra”, que fueron llevados a campos de concentración en condiciones similares o peores de lo que fueron Treblinka y Auschwitz-Birkenau.

¿Cuántos de los abuelos murieron sin poder regresar a sus fincas porque el visitarlas significaba el secuestro y muy seguramente la muerte a manos de los criminales asesinos, aun habiendo pagado los rescates y extorsiones? Cientos. Y cientos más de los padres de esa generación, que pudieron hacerlo, enviaron a sus hijos a estudiar en el extranjero, pues el diario vivir en el país era la aventura más peligrosa de cualquier colombiano, tanto como caminar hoy en una calle de Irán o ir a pie por una zona controlada por Hamas en Palestina.

Muchos recordarán el asesinato de los Turbay Cote, en una de las vías al Llano por el frente 14 y la columna Teófilo Forero, el secuestro de un avión de Aires donde viajaba el entonces senador Jorge Eduardo Gechem, que dio fin a la infame zona de distensión que ocupaba 42.000 km², de 5 municipios: San Vicente del Caguán (Caquetá), La Uribe, Mesetas, La Macarena y Vista Hermosa (Meta), donde tres integrantes del IRA irlandés entrenaron a los terroristas en manejo de explosivos y carros bomba. También recordarán la fuga del intendente de la policía Jhon Frank Pinchao luego de estar secuestrado ocho años por las FARC (la minúscula es intencional), o la aclamada operación Jaque, el 2 de julio de 2008, donde fueron rescatados Ingrid Betancur, tres contratistas norteamericanos y once policías y militares, entre ellos el renombrado teniente Malagón, del Ejército.

También podrán traer a su memoria las llamaradas que salían del Club El Nogal en Bogotá, luego de la explosión del 7 de febrero de 2003. Seguramente menos tendrán presente a las 12.658 víctimas de minas antipersona registradas desde 1990 a la fecha, donde el mayor número de afectados son militares y en los civiles, los campesinos. Sí tendrán más presentes a los 18677 niños reclutados, violados, torturados y asesinados por las demenciales Farc. Un hecho que acaba de reconocer —pero que no significa reparación y condena— por parte del infame “secretariado de las FARC”.

Muchas cosas las viví. No me las contaron, no las leí. Las viví como cuando me salvé de un secuestro por el frente 36 de las FARC en Ituango. Este recuento ni siquiera da razón de los miles y miles de crímenes cometidos.s por este grupo terrorista. Una historia que hoy quieren cambiar a punta de una narrativa miserable entre justificación política y acciones de guerra, sin mencionar, las argucias jurídicas con las que buscan acallar a las víctimas y a todo aquel que se atreva a calificarlos de los que son: guerrilleros terroristas.

Algo que no pueden negar a pesar de que un acuerdo de impunidad firmado bajo un gobierno que desconoció la voluntad popular y que le regaló curules en el congreso a quienes hoy día no han cumplido con los compromisos de verdad, justicia, reparación y no repetición. Es más, a hoy se duda de si realmente hubo desmovilización o si lo que jugaron fue una farsa que hoy mantiene vivas a las mal llamadas disidencias, que no muchos no dudamos que sean lo mismas farc con otra denominación.

¿Y a qué viene este recuento? Al hecho de que se ha vuelto dogma en espacios culturales, de debate, en programas periodísticos, medios de comunicación y, muy especialmente, en escenarios institucionales y universitarios, el uso de los términos pluralidad y diversidad. Cuando se habla de “Pluralidad”, se hace referencia a la existencia de múltiples perspectivas, enfoques, identidades, ideas o experiencias frente a un hecho o un concepto. En tanto, al hablar de “diversidad”, se enfatiza la heterogeneidad de las personas y sus características, culturales, étnicas, lingüísticas, de género, entre otros.

En el discurso universitario, diversidad suele referirse a cómo se reconocen, protegen y fomentan esas diferencias para que distintos grupos puedan participar en igualdad de condiciones. En resumen, pluralidad se relaciona más con ideas y enfoques, y diversidad se relaciona más con personas y experiencias.

Esto, de plano, está bien. Permite conocer y reconocer diferentes posturas, experiencias y, en una condición de moderación, aprender y poner en común vivencias que facilitan el llegar a acuerdos. Plurales en lo que nos diferencia, comunes en lo que nos une. No obstante, vemos cómo esto no es lo que reflejan ambos conceptos. Tomados como bandera por corrientes progresistas, ambos términos se usan para impulsar agendas asociadas al reconocimiento de minorías, lenguaje inclusivo, revisión crítica de estructuras históricas de poder, entre otros.

Hoy día, en la práctica, muchas universidades adoptan políticas institucionales alineadas con esas corrientes. Que haya diferentes posturas, especialmente en el ámbito académico, es lo que se espera en función de enriquecer la discusión, el conocimiento, fomentar el pensamiento crítico y la aceptación del disenso como parte de la construcción de sociedad. Lamentablemente, hoy eso no es lo que ocurre. Por el contrario, la pluralidad y la diversidad se esgrimen como soporte de argumentos que descalifican a quien piensa diferente, como justificación para adoptar posturas particularmente excluyentes y de superioridad moral o intelectual que eliminan al otro; si no física, sí en su condición de sujeto pensante y crítico.

Y aparece aquí la “paradoja de la tolerancia”, planteada por Karl Popper, quien sostiene que para sostener una sociedad tolerante, esta no puede permitir que ideas que buscan destruir la tolerancia se impongan en el espacio público o en el caso que nos ocupa, el ámbito universitario -como ocurrió en EAFIT-, limitando el discurso a partir de consideraciones de algunos, de acuerdo con su propio interés o ideología, como dañinos, violentos o “antidemocráticos”, para lo cual establecen protocolos de intervención y condicionamiento de lenguaje, para regular quién puede intervenir y qué puede presentarse como válido en eventos académicos.

Lo ocurrido en el “debate” convocado en EAFIT, en el que un asistente cuestionó abiertamente la presencia de una persona que carga encima con un particular prontuario criminal como lo es la señora Sandra Ramírez, quien “militó” en las farc y que hoy, gracias a un cuestionable proceso de negociación, ostenta un cargo al que llegó no por elección popular sino como un regalo para dejar de delinquir, a quien además organizaciones de víctimas señalan como responsable del reclutamiento forzado de menores, violaciones, abortos provocados y homicidios, no hace referencia propiamente a la coherencia con los términos que esgrimen de pluralidad y diversidad.

Podría haberse cuestionado la forma de la intervención y la recriminación hecha a la asistente lo cual no niega la condición con la cual se le señaló, y sería de esperarse que un moderador neutral e imparcial demandara la serenidad de quien cuestionaba la presencia de la persona en mención para luego dar paso a una intervención ajustada a los criterios de debate. Pero no ocurrió. Por el contrario, con total “intolerancia” se acudió a la fuerza para retirar del recinto a la persona, dejando por fuera cualquier criterio de pluralidad y diversidad.

Así que no era un tema de pluralidad. Era la afirmación de una postura ideológica, parcializada y de claro favorecimiento a quien hoy es señalada de ser responsable del reclutamiento forzado, violación, asesinato y desaparición de 18.677 niños que, de paso, debe recordarse constituyen crímenes de guerra y de lesa humanidad, como lo establece el Estatuto de Roma, artículo 8(2)(b)(xxvi) (conflictos internacionales) y 8(2)(e)(vii) (conflictos no internacionales) el cual indica que “Reclutar o alistar a niños menores de 15 años en fuerzas o grupos armados o utilizarlos para participar activamente en hostilidades” es un crimen de guerra, y que “El reclutamiento forzado u otros actos inhumanos cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil” es un crimen de lesa humanidad, de acuerdo con el artículo 7 del Estatuto.

No solo fue un hecho de “exclusión de posiciones contrarias”, un fenómeno que se buscó soportar mediante conceptos que se apoyan en “Seguridad emocional” o “safe spaces”, bajo la calificación del discurso contrario como violento, intimidante u hostil, sino que reiteró su posición con múltiples mensajes de actores institucionales que incluyeron a la rectoría, el Consejo Superior, docentes y estudiantes, en un ejercicio específico de “política de cancelación”, donde la universidad establece su defensa de la “diversidad” y la “pluralidad” aplicando sanciones por opiniones contrarias y fijándose como un actor superior moral, académica e intelectualmente, el cual se abroga el derecho de despreciar al que manifiesta disenso. Consideración adicional: Corresponde al hecho de que, además de haberse fallado en la moderación por parte de quien orientaba la discusión quien validó claramente su postura ideológica, la universidad persistió en la anulación de la pluralidad y la diversidad, haciendo uso de sofismas, mediante argumentos rebuscados que confundían validez con veracidad, que parecían válidos, con clara finalidad persuasiva, pero que no buscaban más que engañar a la comunidad universitaria.

Aplicó, también, eufemismos, buscando justificar su actuar, suavizando o atenuando el cuestionable hecho de la presencia de la señora Ramírez, acrecentando el malestar en una comunidad que es digna de ser escuchada en sus planteamientos para llegar a posiciones comunes y moderadas. En la diplomacia como en la comunicación, las formas son importantes, muy importantes.

Esto aplica tanto para quien cuestiona como para quien es cuestionado. En este caso, la universidad debió haber destacado por su gallardía, capacidad de negociación, coherencia y fomento de la discusión respetuosa, lo que no significa que no se usen argumentos duros, pero no lo hizo. Finalmente, actuó con arrogancia, soberbia y terquedad.

No solo se falló en la coherencia de lo que se pregona institucionalmente, propiciando una crisis que afecta no solo el clima corporativo en el relacionamiento con un público significativo para la universidad como son sus egresados, sino que se produce un daño reputacional que afecta la confianza, algo que no se recupera solo con comunicados tibios y arrogantes.

Esto lo deberían tener muy claro algunos de quienes se autocalifican como expertos en comunicaciones y crisis y salieron a respaldar apresuradamente a @eskole y a la rectora Restrepo, utilizando insultos y calificativos de desprecio. Hubiera sido más oportuno haber tenido una posición de autocrítica, ofrecer una disculpa sincera indicando que no se pretendía agraviar a la comunidad universitaria que incluye los egresados, que se efectuaría una revisión detallada del sentido académico y de debate de próximos encuentros, eligiendo con especial cuidado a los invitados e invitando a la reflexión, teniendo en cuenta, justamente, esa pluralidad y diversidad que se predica, pero no se aplica.

Se requieren acciones prontas desde la universidad para restablecer la confianza, la credibilidad y el relacionamiento sincero con un gran número de egresados. Estas no dejarán de ser vistas con recelo, sobre todo porque no hay credibilidad en el cuerpo directivo, respecto al cual se siente que no ha abordado con responsabilidad el tema y con actitud de revisión crítica.

Cuestionar la presencia de una persona que ha cometido graves crímenes en el país no es odiar, no es ser violento, hostil o intimidante. Violentos, hostiles, intimidantes y, sobre todo, llenos de odio contra el país, contra los ciudadanos y contra la institucionalidad fueron quienes hicieron o aún hacen parte de las FARC, aquellos que cometieron graves y horrendos crímenes, y que hoy, en forma cínica, se autopregonan como sujetos de respeto y derechos, cuando no han pagado por sus crímenes ni han reparado a sus víctimas, de las cuales también hacen parte familias de la comunidad de EAFIT. No, los egresados no odiamos.

Por el contrario, con la disposición de formarse y construir país, demostramos amor por el país, la institucionalidad y la legalidad. Por eso reclamamos que no haya impunidad y no se dé vitrina a aquellos que han sido parte de los peores actores de la ilegalidad.