Lealtad con Medellín y con sus habitantes

Por María Clara Gómez

(Carta abierta a los empleados de la alcaldía)

Al igual que muchos otros de los habitantes de Medellín, cada día me sorprenden y me duelen no solo la ineptitud de quien despacha desde el piso 12 de la alcaldía sino los constantes escándalos generados por alguien que actúa como un pequeño emperador o, como lo había señalado en un escrito anterior igual a un capo mafioso, así como las innumerables denuncias de corrupción hechas en redes sociales no solo por personalidades públicas de la vida local, sino recientemente por el ex presidente Álvaro Uribe Vélez en una muy comentada entrevista en este mismo medio.

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Todo ello se suma a tristeza que produce ver la deplorable condición en que se encuentra la ciudad en materia de seguridad pública, el estado de la malla vial y la red de semáforos, el aseo y recolección de basuras, las obras de infraestructura que no avanzan, la alta rotación de funcionarios y la inoperancia de programas que venían funcionando muy bien y que eran ejemplo de una administración pública que si bien tenía algunos problemas era reconocida regional y nacionalmente.

Durante mi ejercicio profesional, particularmente en gestión de eventos y docencia, he tenido la oportunidad de conocer, trabajar y compartir con muchos funcionarios de la alcaldía de Medellín. Debo decir que en su gran mayoría éstos se destacan por su profesionalismo, disposición de trabajo y honestidad. Orgullosos de su labor y de trabajar para la ciudad, se comprometen con el servicio y el buen desarrollo de los programas gracias a su experticia y muy buena preparación académica que los hace ser buscados como docentes de universidades y como expositores en eventos nacionales e internacionales. Son personas que buscan brindar mejor calidad de vida a los ciudadanos.

Desde luego también he conocido a algunos pocos pedantes, que actúan sin diligencia y voluntad de trabajo, pero no son la generalidad, así como no lo eran los hechos de corrupción que llevaron a la captura de uno que otro que defraudó la confianza institucional depositada en ellos.

En anteriores administraciones, si bien hubo cuestionamientos por el desarrollo de algunos proyectos y por el desacierto en muchas decisiones que afectaron la vida cotidiana de los ciudadanos, en especial los de la zona urbana en tanto en los corregimientos la dinámica administrativa tiene otra rutina, la ciudad iba bien. Justamente este buen desempeño de los alcaldes anteriores es lo que ha permitido que Medellín haya superado épocas de violencia y deterioro social, se destaque por soluciones innovadoras que le merecieron el reconocimiento internacional y haya sido sede de grandes eventos con invitados de todo el mundo.

Particularmente, en mi parecer, si bien en la administración de Federico Gutiérrez no hubo grandes obras de infraestructura y su gestión estuvo marcada por la atención de la emergencia presentada con el proyecto Hidroituango, sí hubo avances en proyectos que venían dentro de la proyección de desarrollo de la ciudad como el Metro de la 80, los cables, las ciclorrutas, mejoras en la seguridad y el orden público, se fortalecieron programas vitales como Buen Comienzo y protección de la niñez, la cobertura en educación e instalaciones educativas, recuperación del centro, entre otros, que la mantuvieron por la senda del crecimiento y el desarrollo.

Esto hubiera podido mantenerse si no hubiese persistido en la necia pretensión de apoyar a su candidato a la alcaldía, Santiago Gómez, un funcionario sin mayor representatividad, carisma y liderazgo, hecho que a la postre terminó facilitando la llegada del nefasto personajillo que hoy actúa como dictadorzuelo, que oculta su baja autoestima tras un supuesto ejercicio de autoridad (o abuso de ella), sin vergüenza en la toma de decisiones y en el manejo del presupuesto público, dilapidándolo en viajes que satisfacen sus deseos personales y no para el cumplimiento de misiones oficiales y el pago de publicidad para enaltecer su nombre sin ningún respaldo en una eficiente y efectiva gestión pública, caracterizada por la parcelación de la administración a grupos políticos y a cuestionables personajes como pago de favores y de lealtades que nunca obtendría sino hubiese dinero de por medio.

Esto es evidente en la desbordada burocracia que comenzó con la creación de 23 cargos cuya carga fiscal significa 4.536 millones de pesos anualmente como en la nunca antes vista alta rotación de secretarios, subsecretarios y contratistas, estos últimos sometidos a la presión de ver condicionada la continuidad en sus puestos al cumplimiento de exigencias relacionadas con no apoyar el proceso de revocatoria que se adelanta en su contra, hecho que no solo riñe con el libre ejercicio de los derechos y de la participación democrática sino que nada tiene que ver con la gestión pública a la cual deberían estar destinadas las tareas de estos funcionarios y el uso de esos recursos públicos.

Sin embargo, algunos de los secretarios tampoco escapan a esta presión. A varios ya se les ha exigido la renuncia (algunos más decentes renunciaron realmente). Las más recientes, la gerente de Telemedellín y la directora del Dagrd. Todo ello para colocar en estos cargos personas “de confianza”, que no conocen la ciudad ni a sus habitantes dado que provienen de otras regiones que no se han caracterizado por su progreso y desarrollo, miembros de las estructuras clientelistas que desangran las regiones y que no propiamente se destacan por su brillante trayectoria, liderazgo, honestidad y capacidad técnica pero que sí cumplen sumisamente cualquier capricho del dictadorzuelo.

Y es aquí donde lanzo mi llamado a todos esos funcionarios que conozco, también a aquellos que no, para que actúen con lealtad con la ciudad y sus habitantes y no con un individuo que poco ha hecho por la ciudad más allá de llevarla al caos y facilitar el actuar de vándalos y delincuentes. Para que piensen que, de mantenerse este estado de cosas, en un futuro no muy lejano no solo la administración entrará en crisis y no podrá atender las necesidades de la comunidad sino que no habrá forma de mantener los programas y servicios que deberían ser el objetivo de la administración y, con ello, estarían en peligro sino la continuidad de sus propios cargos posiblemente sí la calidad de vida y la tranquilidad que hoy tienen al recibir cumplidamente su salario para comenzarán a vivir el calvario que sufren cientos de empleados de hospitales y entidades públicas socavadas por la corrupción y la negligencia. También estará en juego la calidad de vida que brinda la ciudad, soportada en los servicios, la infraestructura, los programas que se financian con el presupuesto que en parte proviene de las transferencias de EPM, empresa orgullo de los antioqueños y que se volvió el botín politiquero que ha llevado a la quiebra otras importantes entidades públicas del país.

Hoy el compromiso está con la ciudad y sus habitantes. Por ello es necesario que los empleados de la alcaldía tomen posición y en forma valiente, sin dejar de cumplir con sus funciones, denuncien la corrupción en sus secretarías, los programas sin ejecución, las decisiones que atentan contra la administración y los actos disfrazados de legalidad que buscan poner en manos de privados los bienes públicos. Las denuncias oportunas permiten el control político y la veeduría ciudadana.

Pero lo más importante, necesitamos que estos funcionarios tomen parte activa en la recolección de firmas para apoyar la revocatoria de Daniel Quintero, que inviten a sus familiares y conocidos a firmar. Es un acto de honestidad con ellos mismos y con sus familias, pero, sobre todo, un acto de lealtad con MEDELLÍN y con sus habitantes.