De La Espriella negó“venganza” contra la JEP y reclamó eficiencia en el gasto público

La controversia aumentó luego de que el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), magistrado Alejandro Ramelli, acudiera a instancias internacionales para advertir sobre los posibles efectos de la reducción presupuestal planteada para la entidad.

Ramelli puso la situación en conocimiento de la comunidad internacional y de organismos como la Corte Penal Internacional, al señalar que las iniciativas que avanzan en el Congreso podrían afectar el funcionamiento y la independencia de la jurisdicción. La JEP ha sostenido que la disminución de recursos comprometería el desarrollo de las funciones asignadas a la entidad.

Frente a estas declaraciones, el presidente Abelardo De La Espriella manifestó que no comparte el contenido ni el alcance de la comunicación presentada por Ramelli. El mandatario señaló que su Gobierno respeta la independencia judicial, pero diferenció esa garantía de las decisiones relacionadas con la administración y distribución de los recursos públicos.

En su pronunciamiento, De La Espriella afirmó que el Gobierno tiene la responsabilidad de establecer prioridades presupuestales, revisar el uso de los recursos estatales y exigir resultados a las entidades públicas. “No tengo una política de venganza contra la JEP. Tengo el deber de ordenar el gasto, exigir resultados y destinar los recursos limitados del Estado a una justicia que sirva a todos”, aseguró.

La propuesta contempla una reducción de $100.000 millones del presupuesto destinado a la JEP, recursos que serían reasignados a la Rama Judicial ordinaria. Con el ajuste planteado, el presupuesto de la jurisdicción para 2027 quedaría en $721.803 millones.

De La Espriella sostuvo que la discusión debe concentrarse en las prioridades de la justicia colombiana y en la forma en que se administran los recursos asignados. En ese sentido, afirmó que una redistribución presupuestal basada en prioridades públicas no constituye una interferencia en las decisiones judiciales.

El mandatario también se refirió al gasto de personal de la JEP y mencionó que, para 2026, la nómina de la jurisdicción fue estimada en $404.477 millones. Esta cifra hace parte de los argumentos utilizados por el Gobierno dentro de la discusión sobre la asignación de recursos para la entidad.

Asimismo, De La Espriella hizo referencia a las cifras divulgadas sobre la remuneración del presidente de la JEP. Según los datos mencionados por el mandatario, Ramelli habría pasado de recibir cerca de $32 millones mensuales en 2018 a más de $55 millones en su actual cargo.

El presidente reiteró que el control sobre el gasto administrativo es diferente de las decisiones propias de los jueces y magistrados. Señaló que respeta la autonomía judicial y la libertad de los funcionarios para decidir, pero sostuvo que las entidades estatales deben responder por la planeación, ejecución y priorización de sus presupuestos.

Desde la JEP se ha advertido que la reducción presupuestal podría afectar su capacidad operativa y el desarrollo de actividades relacionadas con investigaciones, audiencias y atención territorial. Ramelli ha solicitado garantías para que la jurisdicción pueda mantener los recursos que considera necesarios para cumplir con sus responsabilidades.

El debate se mantiene en el Congreso, donde avanza la discusión del presupuesto correspondiente a 2027. La controversia enfrenta la posición del Gobierno, que plantea una redistribución de recursos de acuerdo con sus prioridades fiscales, y la de la JEP, que sostiene que la reducción propuesta puede afectar el cumplimiento de sus funciones.