Asambleas populares de Petro: estocada final contra la democracia colombiana

Por Jaime Restrepo Vásquez

En medio de la crisis de gobernabilidad, suscitada por los narcodineros del caso Sarabia y el «suicidio» de uno de sus protagonistas, ha pasado de agache un tema sumamente grave para Colombia: las asambleas populares de Petro.

Dichas asambleas son un burdo intento de desmontar las instituciones democráticas del país, que aunque débiles, existen y operan. Así, la institucionalidad consagrada en la Constitución resulta siendo rebasada por los intereses y las ocurrencias de ese actor político al que llaman, convenientemente, pueblo.

No se puede perder de vista que las asambleas populares son, además, una respuesta desesperada ante la debacle que se avecina para el oficialismo en las regionales del 29 de octubre.

Esas tales asambleas populares, en la práctica, tendrán la función primordial de impulsar a los candidatos del hampa. Para tal fin, harán lo necesario para que los antipetristas, los anticomunistas y los uribistas —que no son lo mismo—, no puedan ganar en las regionales.

Así, las intimidaciones estarán a la orden del día, no solo contra los candidatos sino contra toda la población. Por tal razón, será la ciudadanía amedrentada la que saldrá a votar por el que digan esas sinuosas y oportunistas asambleas populares de Petro.

¿Quién garantiza que los criminales y narcoterroristas no llevarán la voz de mando en esas asambleas? Nadie puede hacerlo. Históricamente el Estado ha sido mezquino al ejercer presencia en los territorios. Para completar, hoy por hoy, el actual Gobierno es proclive a abandonar a la ciudadanía y dejarla a merced de los delincuentes.

Por consiguiente, las asambleas serán mecanismos idóneos para imponer, a la fuerza y desde las regiones, los caprichos comunistas y populistas del más interesado en concretar una agenda regresiva, anárquica y empobrecedora: Gustavo Petro, quien ya ha demostrado con suficiencia que le resultan incómodos los límites legales y constitucionales existentes en Colombia.

Será entonces el terror, a través del mecanismo de las asambleas de Petro, el que influya con tropelías en la votación del 29 de octubre. De hecho, la intimidación armada contra los votantes será la nota predominante. Asimismo, además de presionar a la población a asistir a los mítines de los politicastros del Pacto et al, estarán pendientes de los votos depositados en las urnas. Ya sabemos el resultado de esa verificación armada: convertirán en objetivos militares a quienes se decidan por alguien distinto al hampa petrista.

Por lo anterior, esas asambleas populares serán una fuente de presiones infames y delitos relacionados con el proceso electoral en curso. Adicionalmente, serán el epicentro de la compra de votos con subsidios y ayudas gubernamentales. De hecho, recogerán sendas listas de simpatizantes, partidarios y votantes movidos por el estómago, quienes accederán a los beneficios que, de otra forma, serían inalcanzables para quienes no apoyen a los candidatos y listas del Pacto Histórico.

Sin embargo, las asambleas populares tendrán otra misión. De ganar un candidato opuesto al hampa petrista, movilizarán una oposición que denominarán ciudadana o del pueblo —según la necesidad del populista—. De esa manera, cumplirán con la función decisiva de obstruir la gobernabilidad de los opositores. Así, mediante marchas, bloqueos y vandalismo, pondrán en jaque a los gobernantes que no se postren ante el caudillo de la Casa de Nariño.

El país ya ha vivido esta historia con «guerrillas y paramilitares» presionando a la gente en las elecciones. En 2021, la toma terrorista denominada «estallido social» fue el experimento con el que fraguaron una oposición ilegal, ilegítima y violenta contra el gobernante elegido.

Esas asambleas son el preámbulo de una nueva violencia política en Colombia, financiada con recursos públicos y con dineros del narcotráfico. De cualquier forma tratarán de asegurar el poder nacional y regional a partir de 2024. 

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