Tribunal admitió impugnación de defensa de Uribe y remitió tutela a la Corte Suprema

El Tribunal Superior de Bogotá aceptó la impugnación presentada por la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez contra la decisión que declaró improcedente una tutela en la que se alegaba vulneración de derechos fundamentales.

La solicitud, radicada por el abogado Jaime Granados, cuestiona la actuación de la jueza Sandra Heredia en el proceso judicial que concluyó, el pasado 1 de agosto, con una condena de 12 años de detención domiciliaria por manipulación de testigos. El fallo de primera instancia ordenó la privación de la libertad de Uribe argumentando riesgos de fuga, un supuesto efecto disuasivo y la necesidad de preservar la convivencia ciudadana.

El recurso de amparo fue interpuesto el 4 de agosto, con el propósito de impedir la ejecución de la medida mientras avanza la apelación contra la sentencia condenatoria. Según la defensa, la privación de la libertad en este momento vulnera la presunción de inocencia, al no existir una condena en firme.

En el escrito, Granados señala que la jueza fundamentó su decisión en elementos que no corresponden a criterios estrictamente jurídicos, como la percepción pública o la interpretación social de la medida. También cuestiona que se haya invocado la prevención de futuros delitos sin identificar las supuestas estrategias dilatorias atribuidas al exmandatario en fases previas del proceso.

El Tribunal, tras verificar que la impugnación fue presentada dentro del término legal y por una parte legitimada, ordenó remitir el expediente de manera inmediata a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.

La defensa sostiene que la intervención judicial de la jueza Heredia no se ajustó a los parámetros de la ley procesal, por lo que solicita la intervención de instancias superiores. En el texto de la decisión del Tribunal se establece:

“En consecuencia, por ser viable y estar el recurrente legitimado para el efecto, se CONCEDE la impugnación, por lo que se ordena remitir por secretaría de manera inmediata el expediente a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia para lo de su cargo”.

El alto tribunal tendrá que pronunciarse sobre la procedencia del amparo solicitado y determinar si, en este caso, se vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia alegados por la defensa.