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Minhacienda demandó ley que modifica el funcionamiento del Fonpet ante la Corte Constitucional

Minhacienda demandó ley que modifica el funcionamiento del Fonpet ante la Corte Constitucional

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Redacción IFM
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Minhacienda demandó ley que modifica el funcionamiento del Fonpet ante la Corte Constitucional

El ministro de Hacienda y Crédito Público, Germán Ávila Plazas, radicó ante la Corte Constitucional una demanda contra la Ley 2468 del 2 de julio de 2025, que introdujo cambios a la Ley 549 de 1999 sobre el funcionamiento del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet) y el cubrimiento del pasivo pensional de las entidades territoriales.

La acción judicial, de 50 páginas, expone un recuento de los artículos constitucionales y legales que, según el Ministerio, se estarían vulnerando con la nueva normativa. Entre las observaciones se señala que la ley podría afectar las finanzas de la Nación y de las entidades territoriales, comprometer la sostenibilidad del Fonpet y generar riesgos en el pago de pensiones durante el segundo semestre por falta de recursos suficientes.

El documento advierte que la Ley 2468 de 2025 vulneraría los artículos 142, 151 y 157 de la Constitución, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 144 y 147 de la Ley 5ª de 1992 y el artículo 2 de la Ley 3ª de 1992, al desconocer el principio de especialidad en el trámite legislativo.

Según el demandante, el proyecto tuvo que ser discutido en las comisiones séptimas, competentes en materia de Seguridad Social, y no en las terceras, cuya competencia es económica.

Asimismo, se señala el incumplimiento del artículo 151 superior por la ausencia del concepto favorable de impacto fiscal que debía emitir el Ministerio de Hacienda. El texto argumenta que esta omisión vulnera la Ley 819 de 2003, que exige dicho análisis para toda norma con efectos fiscales, y que su ausencia impide evaluar el alcance de los costos y riesgos derivados de la iniciativa.

La demanda también indica que la Ley 2468 afectaría la sostenibilidad de las finanzas públicas y la capacidad de cumplir con las obligaciones pensionales, por lo que solicita a la Corte Constitucional su revisión integral.

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