Procuraduría abrió investigación previa contra el ministro de Justicia Eduardo Montealegre tras queja del expresidente Álvaro Uribe

La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa contra el ministro de Justicia y del Derecho, Eduardo Montealegre Lynett, luego de una queja presentada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien lo acusa de presunta interferencia en la administración de justicia y de vulnerar su derecho a la defensa dentro del proceso penal que se sigue en su contra.

De acuerdo con el documento emitido por la Sala Disciplinaria de Instrucción, la procuradora delegada Patricia Carrillo Blanco ordenó la apertura de la investigación preliminar mediante auto fechado el 10 de octubre de 2025, con fundamento en el artículo 208 del Código General Disciplinario.

Según la queja disciplinaria radicada el 17 de septiembre de 2025, Uribe Vélez argumenta que Montealegre, en su calidad de ministro de Justicia, habría difundido información “falsa e inexacta” sobre su caso judicial, afectando las garantías procesales y la autonomía de la Rama Judicial. En el escrito, el exmandatario señala que el ministro habría promovido mensajes “de odio” y utilizado canales de comunicación masiva, como WhatsApp, para enviar cadenas en las que se refería a él como “criminal de guerra”.

El documento de la Procuraduría confirma estos señalamientos e indica que Montealegre “utilizó WhatsApp para difundir de manera masiva a múltiples destinatarios una cadena de mensajes” en los que se hacía alusión directa al expresidente. Este hecho, según el quejoso, constituye una intromisión indebida en la administración de justicia.

Uribe también argumenta que el ministro, quien fue Fiscal General de la Nación entre 2012 y 2016, figura en el proceso penal como presunta víctima, de acuerdo con el reconocimiento efectuado por el Juzgado 44 Penal del Circuito y el Tribunal Superior de Bogotá. En ese contexto, el exmandatario sostiene que Montealegre no solo ha actuado como parte procesal, sino que, al ocupar actualmente un cargo en el Ejecutivo, estaría afectando el principio de separación de poderes y el derecho a un juicio imparcial.

En la queja, el expresidente expresa que su intención “no es la confrontación personal”, sino la defensa de los principios del Estado de Derecho, la independencia judicial y la garantía de su presunción de inocencia. Además, solicita que la Procuraduría evalúe la conducta del ministro y determine si debe declararse impedido para pronunciarse sobre su caso.