El Gobierno Nacional elevó hace poco, una solicitud formal al Congreso de la República para que se iniciaran los trámites orientados a remitir al Consejo de Estado los listados de inasistencia de los congresistas a las sesiones plenarias y de comisiones constitucionales permanentes, con el propósito de que se evalúen posibles sanciones.

La solicitud fue enviada por el ministro del Interior, Armando Benedetti, a los presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes, Lidio García Turbay y Julián David López Tenorio. En el documento enviado, el Ejecutivo expresó su preocupación por lo que describió como un aumento en la inasistencia de algunos legisladores.

Según indicó el ministro, esta situación había impactado negativamente el desarrollo de proyectos considerados prioritarios para el Gobierno, entre ellos la reforma a la salud, la jurisdicción agraria y el Código Minero. 

El texto también señaló que, pese a los mensajes de urgencia e insistencia emitidos por el Ejecutivo, no se había observado un avance acorde con lo establecido en la Constitución y la ley para el trámite de estas iniciativas.

En la solicitud, se hizo referencia al marco normativo vigente sobre la asistencia de los congresistas, recordando que la Constitución contempla la pérdida de investidura cuando un legislador falta, sin justificación, a seis sesiones plenarias en un mismo periodo en las que se voten proyectos de ley, actos legislativos o mociones de censura.

Asimismo, citó disposiciones de la Ley 1828 de 2017, que establecen como conductas sancionables el abandono de funciones legislativas sin causa justificada y la inasistencia a tres sesiones en un mismo periodo cuando se adelanten votaciones o debates de control político.

El documento también precisó que la competencia disciplinaria en estos casos corresponde a las comisiones de ética de cada corporación, a su vez, recordó que la Ley 5 de 1992 contempla un régimen sancionatorio que incluye la posibilidad de informar al Consejo de Estado sobre las inasistencias que puedan dar lugar a la pérdida de investidura.

Sobre esto, el Gobierno fue enfatico en solicitar que se adelantaran los procedimientos necesarios para remitir los registros completos de asistencia correspondientes a la legislatura actual (o la que corresponda al periodo de la solicitud), con el fin de que esa alta corporación evalúe las acciones judiciales a que haya lugar.

De manera adicional, se pidió que se compulsen copias a las comisiones de ética del Senado y de la Cámara de Representantes para que inicien los procesos disciplinarios correspondientes, conforme a sus competencias legales. También se solicitó a las dependencias administrativas del Congreso aplicar los descuentos salariales derivados de las ausencias injustificadas, tal como lo establece la normativa vigente.

La petición se produjo en medio de los cuestionamientos a los legisladores por parte del Gobierno del presidente Gustavo Petro, justo en su último año de gobierno a causa de la imposibilidad de aprobar algunas de las reformas que prometió en campaña donde se incluyen por ejemplo la reforma a la salud que ha sido una de las más polémicas, o la reforma agraria que se debe aprobar en dos meses. 

Todas las demoras e incovenientes que han tenido estos cambios en el Congreso han sido atribuidos a la falta de asistencia de los congresistas a las sesiones legislativas, sobre todo por parte de los ministros y el mismo jefe de Estado, razón por la cual se está tratando, por medio de solicitudes como estas, la búsqueda de una solución.

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