Presidente Gustavo Petro critica fallo de la Procuraduría contra el excanciller Álvaro Leyva, calificándolo de “inmensa injusticia”

El presidente Gustavo Petro reaccionó enérgicamente ante la decisión de la Procuraduría General de la Nación, que destituyó e inhabilitó por diez años al excanciller Álvaro Leyva, señalándolo de incurrir en faltas graves relacionadas con la licitación de pasaportes del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Petro calificó la sanción impuesta por la procuradora Margarita Cabello como una “inmensa injusticia”. A través de su cuenta en X, expresó: “Lo que ha hecho la Procuradora con Álvaro Leyva es un acto de inmensa injusticia. Ha inhabilitado políticamente a Álvaro Leyva con una sanción de pérdida de sus derechos políticos a perpetuidad”.

El mandatario también cuestionó la relación entre la licitación de pasaportes y la empresa Thomas Greg, criticando su influencia en temas sensibles del Estado. “Me ha tocado mostrar a la opinión pública el desastre que representa para un país que una empresa privada busque controlar los datos privados de la ciudadanía y que además tenga el manejo de los escrutinios electorales, como Thomas Greg”, sostuvo.

Petro señaló además su preocupación por un posible “pliego de licitación sastre” en la Cancillería, que beneficiaría a la empresa en cuestión, y comparó la situación con la adjudicación del contrato de elecciones de la JAL en la Registraduría, donde Thomas Greg también tiene participación.

Refiriéndose a la decisión de Cabello, el Presidente afirmó que la inhabilitación de Leyva representa un atentado contra los derechos políticos y cuestionó la autoridad de la Procuradora para imponer una sanción de tal naturaleza. “Que un administrador, sin ser juez, quite derechos políticos solo es propio de las dictaduras, no de las democracias”, subrayó.

Este pronunciamiento reaviva el debate sobre la actuación de la Procuraduría en el ámbito político y su capacidad para aplicar sanciones que afectan derechos políticos, en un contexto en el que el mandatario y varios sectores políticos cuestionan las decisiones de la procuradora Cabello.