María Fernanda Cabal denunció bloqueos y toma del campus de la Universidad Nacional ante Fiscalía y Procuraduría

La senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal radicó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación y una queja disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación por los hechos registrados el 16 y 17 de octubre en Bogotá, cuando comunidades indígenas y colectivos del Congreso de los Pueblos ingresaron sin autorización al campus de la Universidad Nacional, bloquearon vías y se enfrentaron con la Fuerza Pública.

La denuncia penal presentada ante la Fiscalía incluye presuntos delitos de perturbación del transporte público, obstrucción de vías, violencia contra servidor público y daño en bien ajeno. Según la senadora, durante las jornadas los manifestantes bloquearon la Calle 26 y atacaron a uniformados de la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) con flechas y objetos contundentes, dejando varios policías heridos y afectando el orden público en la capital.

De forma paralela, Cabal presentó ante la Procuraduría una queja disciplinaria dirigida al rector de la Universidad Nacional, Leopoldo Múnera Ruiz. La congresista señala presuntas omisiones en el manejo de la situación, al permitir el ingreso y permanencia de más de 1.700 personas dentro de las instalaciones universitarias sin protocolos claros de seguridad ni coordinación con las autoridades competentes. De acuerdo con su presentación, la permanencia de los grupos en el campus generó daños, actos vandálicos, suspensión de clases y riesgos para la comunidad estudiantil.

“La autonomía universitaria no es licencia para violar la ley, ni para convertir la Universidad Nacional en un campamento político o en guarida para la violencia. Bloquear vías, impedir la movilidad de millones y atacar a la Fuerza Pública no es protesta: es delito”, expresó la senadora en su declaración pública.

Cabal solicitó que las autoridades adelanten los procesos correspondientes para identificar a los presuntos responsables de los hechos, avanzar en la judicialización y abrir las investigaciones disciplinarias relacionadas con las decisiones adoptadas por la rectoría frente a la situación.

La congresista insistió en la necesidad de aplicar las normas vigentes en casos que alteren el orden público en Bogotá. “Aquí haremos que impere la Ley. No más abusos de supuestas minorías que solo vienen a destruir a Bogotá y a sembrar el caos con total impunidad”, concluyó.