La Defensoría del Pueblo conmemoró este 4 de julio los 35 años de la Constitución Política de 1991, resaltando que la Carta Magna ha sido uno de los principales pilares para la protección de los derechos humanos, la ampliación de las libertades y el fortalecimiento de la democracia en Colombia.

A través de un comunicado, la defensora del Pueblo Iris Marín Ortiz, afirmó que la Constitución permitió reconocer la diversidad del país, ampliar las garantías ciudadanas y consolidar mecanismos institucionales para afrontar los conflictos y las desigualdades históricas.

La funcionaria señaló que la labor de la Defensoría del Pueblo continuaba enfocada en la defensa de los derechos conquistados durante estas más de tres décadas y en la protección de las personas que enfrentan mayores condiciones de exclusión, discriminación, pobreza y violencia en los distintos territorios del país.

En el pronunciamiento, la Defensoría destacó que la Constitución de 1991 permitió consolidar importantes herramientas para la protección de los derechos fundamentales y colectivos de los y las colombianas.

Entre los avances, mencionó el reconocimiento del derecho de las personas desplazadas por la violencia a recibir protección y acompañamiento del Estado, así como la posibilidad de exigir medidas especiales para proteger a niños, niñas y adolescentes frente al reclutamiento y otras formas de violencia.

Desde la entidad también se recordó que el marco constitucional abrió la puerta a mecanismos especiales de justicia orientados al esclarecimiento de los hechos ocurridos en el conflicto armado y a la reparación de las víctimas.

En materia ambiental, indicó que la Constitución fortaleció las acciones judiciales y populares para exigir la protección de la naturaleza, además de brindar herramientas para la defensa de los ecosistemas y de los derechos de los animales ante las autoridades competentes.

La Defensoría del Pueblo también hizo énfasis en los avances alcanzados en la garantía de los derechos de los niños y las niñas, entre ellos el derecho a la vida, la integridad física, la salud, la seguridad social, la alimentación equilibrada, la educación, la cultura, la recreación y la libre expresión de sus opiniones.

La defensora además expresó que el país necesitaba “más consensos, respeto por la diferencia y confianza en las instituciones”, por lo que reafirmó que la Constitución seguía siendo el marco común que protegía a todas las personas, sin distinción, y que orienta la actuación de las autoridades públicas.

“Defender la Constitución es defender la convivencia, el pluralismo, la separación de poderes, las garantías para quienes piensan distinto y la vigencia integral de los derechos humanos”, afirmó Marín.

Asimismo, destacó que la Constitución fortaleció las garantías para las mujeres mediante el reconocimiento y la protección de sus derechos sexuales y reproductivos, así como la posibilidad de decidir libremente sobre su proyecto de vida y acceder a los servicios previstos en la legislación vigente.

El comunicado igualmente señaló que las comunidades indígenas, afrodescendientes, étnicas y campesinas lograron una mayor participación en las decisiones que afectaban a sus territorios, además de contar con mecanismos diferenciados de representación política.

La entidad añadió que el Estado también adquirió la obligación de proteger a las personas defensoras de derechos humanos, así como garantizar condiciones dignas para la población privada de la libertad y brindar protección a las personas migrantes y refugiadas.

ANT negó haber entregado nuevos títulos al CRIC y defendió legalidad de proceso del resguardo indígena Pitayó