(DENUNCIA) Fiduciaria Central estaría incurriendo en prácticas abusivas

Más de trescientas familias que son víctimas de diferentes proyectos incumplidos de vivienda en Antioquia, Cartagena y Boyacá, que debían ser amparadas por Fiduciaria Central, demandaron a la entidad financiera por presuntas irregularidades y ahora tendría que pagar multas por más de tres mil millones de pesos a los afectados.

Por los hechos demandados, Fiducentral fue condenada e investigada fiscalmente por entregar presuntamente el dinero que dieron compradores de viviendas a constructoras sin cumplir con un punto de equilibrio, o sin crédito constructor bancario de respaldo.

Vale recordar que Fiducentral es una entidad financiera, cuyo accionista mayoritario es el Instituto para el Desarrollo de Antioquia – IDEA, de la Gobernación de Antioquia, forjada por décadas con el ahorro y dinero de los antioqueños. Según los demandantes, actualmente no tiene un directivo responsable ya que el último presidente, Oscar Marín, se desvinculó recientemente.

«Fiducentral en vez de devolvernos el dinero, nos ataca jurídicamente, revictimizándonos para evadir sus obligaciones; trabajamos humildemente toda la vida y nos roban nuestro sueño de tener una vivienda propia», dijo Paula Vargas, víctima desde el año 2014 del Proyecto Acrópolis en Bello, Antioquia, que consta de 160 apartamentos de vivienda de interés social y que quedó convertido en un elefante blanco.

Autorizaciones de la Fiduciaria Central serían irregulares

Los demandantes informaron que la Constructora Peso S.A., que ejecutaría Acrópolis, no tenía fondos ni documentos en regla. Pese a lo anterior, Fiducentral avaló el proyecto. Por ello se adelantó un debate judicial ante los juzgados 15 y 10 del Circuito Civil de Medellín en donde el Tribunal Superior de Medellín las condenó a devolver el dinero que suma más de 2 000 millones de pesos.

«Sin ningún reparo, Fiducentral le entregó los dineros recaudados por los ahorradores a Peso S.A.”, explicó Juan Carlos Montoya Echeverry, Abogado especialista en asuntos inmobiliarios que se pronunció en contra de la Fiduciaria Central.

El jurista explicó que nunca se entregaron copias de los contratos entre la fiduciaria y los compradores, pero sí les hicieron firmar cartas de instrucciones en blanco con cláusulas perjudiciales.

«Tanto la constructora como la fiduciaria podían modificar obligaciones de los contratos, número de áreas, de apartamentos, nomenclatura interna de los mismos, y fechas, sin pedirle permiso a las familias compradoras», aseguró Montoya.

Como si fuera poco, el abogado aseguró que tampoco se pactó una fecha de entrega del inmueble, en contra del artículo 89 de la ley 153 de 1887.

Asimismo, agregó que se pactó que la sociedad fiduciaria no tendría ninguna responsabilidad por incumplimientos del proyecto en contra del Código de Comercio y de las circulares de la Superfinanciera: «El Estatuto del Consumidor prohíbe en los contratos de adhesión cláusulas abusivas o exorbitantes y aunque se pacten son ineficaces en pleno derecho».

Demandas para que retornen los dineros a las familias

Por todo lo anterior, el representante de las víctimas adelantó dos demandas produciendo como resultado que la constructora, tras ser demandada, se declaró en banca rota y la plata «se esfumó». Según Montoya Echeverry, una de las condenas obliga a la fiduciaria a pagarles a las familias perjudicadas unos 1 500 millones de pesos que aun hoy se niega a pagar.

Tras conocerse las condenas, las familias victimizadas se ilusionaron con la esperanza de recuperar, por lo menos, los ahorros de su vida, así el sueño de tener casa propia siguiera truncado, «pero la fiduciaria en vez de reparar el daño hecho acudió en forma temeraria ante la Corte Suprema de Justicia con acción de tutela invocando, paradójicamente, violación al debido proceso, cuando fue esta la que dejó vencer los términos para sustentar el recurso extraordinario de casación. Lo grave es que si la Corte acoge la tutela las familias podrían perder su dinero definitivamente», dijo el abogado.

Y añadió: «La tutela contra sentencias es excepcional y solo aplica para garantizar derechos fundamentales de aplicación inmediata o dirimir asuntos de relevancia constitucional. Fiducentral está haciendo jugadas sucias acudiendo a una acción de tutela que no aplica», indicó Montoya Echeverry.

Lo grave de esta situación es que muchas de las víctimas son personas humildes, modistas, secretarias, incluso una joven madre que sufre de cáncer terminal quien espera una pronta solución porque aseguró que «es lo único que tenía para dejarles a mis hijos».

No es la primera vez que Fiduciaria Central cometería esta irregularidad

Es importante anotar que Fiducentral presenta eventos similares. Por ejemplo, en Puerto Boyacá, la Contraloría de Boyacá está investigando otro proyecto y el destino de más de 231 subsidios de mejoramiento y vivienda de interés social que podrían ascender a 466 millones de pesos de recursos del Estado que se encuentran extraviados.

Otro proyecto que fracasó fue Volare Mare en Cartagena, que prometió a los compradores que les entregarían en este 2023 un condominio tan lujoso como uno de Dubai logrando que más de mil personas depositaran sus dineros. En este caso, presuntamente Fiducentral entregó más de veinte mil millones de pesos a la constructora sin cumplir con el punto de equilibrio y la obra fue siniestrada.

La primera etapa quedó inconclusa y el proyecto se enfrenta en este momento a una acción de grupo de unas 60 familias damnificadas en el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Cartagena contra RA Constructores.

Allí, según los demandantes, un juez le ordenó a la fiduciaria un informe detallado y medidas cautelares sobre terrenos donde se desarrollan las obras y podría venir en camino una nueva sanción que afectaría el patrimonio de Fiducentral, una empresa antioqueña manejada desde Bogotá.

Malos Tratos a los clientes

Pero las cosas con la organización no paran ahí, los demandantes también aseguraron que la Fiduciaria Central presenta un penoso récord: un alto porcentaje de clientes no se encuentra a gusto con sus manejos y tiempos de respuesta: «hacen lo que se les da la gana, no atienden a los clientes y nos obligan a contratar veedores elegidos por directivos de la fiduciaria que cobran más que la fiduciaria por autorizar los giros de dineros», dijo un cliente constructor.

Según afirmaron, por expedir un simple certificado les cobran más de cinco millones de pesos y los entregan a los 60 ó 90 días. Es por esto que el nuevo presidente de Fiducentral deberá revisar e iniciar los procesos de repetición para lograr la reparación del patrimonio de los antioqueños, que es el llamado final que hacen las víctimas que interpusieron las demandas y que hoy esperan acciones a su favor para salvar los ahorros de toda la vida.