Defensoría pidió a funcionarios acatar fallo de la Corte IDH sobre la Unión Patriótica

La Defensoría del Pueblo hizo una exhortación pública a autoridades y servidores públicos para que respeten la verdad judicial establecida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en la sentencia “integrantes y militantes de la Unión Patriótica vs. Colombia”, emitida el 27 de julio de 2022.

La exhortación se produce tras declaraciones dadas en octubre del año pasado por la senadora María Fernanda Cabal al medio La Silla Vacía, en las que negó la responsabilidad del Estado colombiano en el exterminio del partido Unión Patriótica (UP), en contravía de lo determinado por la Corte IDH.

En dichas declaraciones, la congresista afirmó que “la Unión Patriótica fue el brazo político de las FARC” y sostuvo que, al serlo, “estaba avalando los crímenes de las FARC, los secuestros y las desapariciones y el reclutamiento”. Además, señaló: “Jamás repita que el Estado colombiano fue el exterminador de la UP, porque no es cierto. A la UP los exterminaron las Farc y el ELN”.

A raíz de estas afirmaciones y por solicitud de la Corporación Reiniciar, la Defensoría del Pueblo pidió a la senadora rectificar la información. Sin embargo, la congresista respondió mediante una comunicación que, amparada en el derecho a la libertad de expresión, “no considero procedente acceder a la solicitud de rectificación formulada, sin perjuicio de reiterar mi compromiso con un debate público respetuoso, plural y democrático, y con la memoria y dignidad de todas las víctimas del conflicto colombiano”.

Ante este escenario, la Defensoría del Pueblo recordó su mandato constitucional y legal de velar por la promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos frente a actos u omisiones de autoridades o de particulares. En ese marco, la entidad subrayó que actúa en ejercicio de su denominada “magistratura moral”, figura respaldada por la Constitución y la ley.

La entidad también hizo referencia a la orden impartida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que obliga al Estado colombiano a garantizar el respeto por la verdad judicial contenida en sus sentencias, en particular en casos relacionados con graves violaciones a los derechos humanos.

La Defensoría reiteró que las sentencias de la Corte IDH constituyen decisiones judiciales de obligatorio cumplimiento para el Estado colombiano y que su desconocimiento afecta no solo el derecho a la verdad, sino también la memoria y la dignidad de las víctimas.