La capacidad militar de Colombia, en alerta. Solo el 46% está operativa, según FIP y KAS

Un reciente estudio conjunto, realizado por la Fundación Ideas para la Paz (FIP) y la Konrad Adenauer Stiftung (KAS), ha revelado una preocupante realidad sobre las capacidades militares de Colombia. El informe indica que tan solo el 46% de la capacidad militar del país se encuentra disponible para operaciones, una cifra que enciende las alarmas en un contexto de creciente violencia y sofisticación de los grupos armados. El análisis, titulado “Recuperar la ventaja: una agenda para fortalecer las capacidades militares en Colombia frente a la nueva violencia organizada y contribuir a recuperar el control territorial”, propone una hoja de ruta estratégica para que el Estado colombiano fortalezca sus fuerzas armadas y responda eficazmente a los desafíos actuales.

El panorama de seguridad en Colombia exige una revisión profunda de la estrategia estatal para el fortalecimiento de sus capacidades militares. Las cifras presentadas son contundentes: entre 2024 y 2025, los ataques contra la Fuerza Pública experimentaron un aumento del 62%, mientras que las acciones contra la infraestructura y los bienes civiles crecieron un 59%. Particularmente alarmante es el incremento del 132% en las acciones de grupos armados con drones. Simultáneamente, los principales grupos armados han expandido su influencia territorial, pasando de 562 a 627 municipios. Este escenario subraya la urgencia de adaptar las capacidades militares a una nueva dinámica de conflicto.

Una violencia en evolución que demanda nuevas capacidades

El entorno de seguridad colombiano se ha tornado significativamente más complejo. Las zonas de confrontación se duplicaron, pasando de siete en 2022 a catorce en 2025. Las consecuencias humanitarias también son graves, con más de 96.000 víctimas de desplazamiento forzado masivo y cerca de 155.000 personas afectadas por confinamientos durante 2025. A esta situación se suma una notoria transformación tecnológica por parte de los grupos armados. Las acciones con drones contra la Fuerza Pública se dispararon de 119 en 2024 a 277 en 2025, lo que representa un incremento del 132%. La FIP enfatiza que esta adaptación tecnológica obliga a las fuerzas militares a desarrollar capacidades más oportunas, precisas y flexibles, capaces de responder a operaciones más frecuentes y prolongadas, así como a innovaciones tecnológicas que avanzan a un ritmo superior al de los ciclos tradicionales de inversión pública.

Sin embargo, el desafío no se limita a responder a estas nuevas formas de violencia. También radica en asegurar que el esfuerzo militar genere efectos sostenidos en el tiempo. A pesar de que en 2025 la Fuerza Pública realizó 234 acciones contra grupos armados, un aumento del 34,5% respecto a 2024, durante el mismo periodo, los principales grupos armados incrementaron su número de integrantes y ampliaron su presencia territorial. Este hecho demuestra que un aumento en la actividad operacional no garantiza por sí mismo cambios sostenidos en las condiciones de seguridad del país.

Restricciones presupuestarias y el rezago acumulado

Aunque el presupuesto del sector Defensa ha experimentado un crecimiento en términos reales, su participación dentro del Presupuesto General de la Nación ha disminuido, pasando del 22,4% en 2003 al 14,7% en 2025. Además, los costos de personal activo y retirado consumieron el 76,2% del presupuesto del sector en 2025. Esta estructura presupuestaria deja un margen extremadamente limitado para financiar simultáneamente la operación, el mantenimiento y la modernización de las fuerzas. Entre 2015 y 2025, los costos estimados de operación crecieron tres veces más rápido que los recursos disponibles para cubrirlos, lo que se traduce en menos combustible, repuestos y mantenimiento en comparación con una década atrás. El país enfrenta un rezago acumulado que supera los 100 billones de pesos, según estimaciones reportadas por el Ministerio de Defensa.

María Victoria Llorente, directora de la FIP, destacó la importancia de esta conversación: “Abrir esta conversación, en medio de las restricciones fiscales, es fundamental para el país. Necesitamos entender qué problemas queremos resolver y qué es lo que necesitamos en materia de capacidades de las Fuerzas Militares para lograrlo”.

Recuperar lo existente antes de nuevas adquisiciones

Una de las brechas más significativas identificadas en el estudio es la disponibilidad operacional. Las cifras analizadas revelan que solo el 46% de la capacidad militar del país está disponible para ejecutar operaciones. En el componente aéreo, el 55,5% del inventario se encuentra fuera de servicio; en el naval y fluvial, esta cifra alcanza el 48,1%. El componente terrestre también presenta importantes brechas presupuestarias en su sostenimiento. El documento sugiere que es prioritario recuperar las capacidades que aún pueden responder a las necesidades actuales, anticipar la renovación de aquellas cuya pérdida tendría un alto costo para el control territorial, y preservar la vigencia tecnológica de capacidades críticas como la vigilancia y el reconocimiento, el mando y control, las comunicaciones, la guerra electrónica, la ciberdefensa, el análisis de datos, la interoperabilidad y la inteligencia artificial.

El personal como capacidad estratégica

La discusión sobre las capacidades militares no se limita a equipos, tecnología o presupuesto. El quinto desafío identificado en el estudio se relaciona directamente con el personal. Entre 2002 y 2010, el pie de fuerza de las Fuerzas Militares creció un 47%. Quienes ingresaron durante esa expansión están actualmente entrando en el periodo en el que adquieren derechos de retiro, entre 2022 y 2035. A esto se suma que el valor presente de las obligaciones ya reconocidas por asignaciones de retiro, invalidez y sustitución pensional ascendía en 2024 a cerca de 50 billones de pesos. Esta situación es especialmente relevante para áreas como inteligencia, ciberdefensa, guerra electrónica, vigilancia, datos e inteligencia artificial, que requieren perfiles especializados cuya formación puede tomar años. El informe señala que en 2025, al menos 34 expertos en inteligencia abandonaron la institución, en un contexto donde varias direcciones especializadas registraron recortes.

Diez recomendaciones para una planeación estratégica de la seguridad

A partir de este diagnóstico, la FIP propone una serie de diez recomendaciones dirigidas al Gobierno Nacional, con el objetivo de transitar de una gestión de la seguridad reactiva a una que planifique las capacidades de forma permanente. Entre las sugerencias clave se encuentran: institucionalizar una evaluación periódica del entorno de seguridad; conectar las prioridades militares con las decisiones fiscales; establecer el costo del nivel mínimo de operación; asegurar financiación a largo plazo para la modernización; recuperar primero las capacidades existentes; anticipar las capacidades que el país no puede permitirse perder; y convertir la adaptación tecnológica en un requisito permanente.

Colombia debe evitar que las próximas decisiones reproduzcan los mismos problemas. Esto implica contar con una función permanente de planeación que articule los cambios en el entorno de seguridad, los efectos que el Estado busca producir en los territorios, las capacidades necesarias, los recursos disponibles y el personal requerido para sostenerlas. La discusión, además, trasciende al sector Defensa, pues las decisiones sobre qué capacidades desarrollar, sostener o renovar comprometen recursos públicos, tienen efectos directos sobre las condiciones de seguridad de los territorios y generan obligaciones para las próximas décadas. Por ello, la Fundación plantea que el fortalecimiento de las capacidades militares debe abordarse desde perspectivas fiscal, territorial, social y de desarrollo. El lanzamiento de este documento busca abrir un debate crucial para el futuro de la seguridad nacional.

Preguntas y respuestas de contexto

¿Cuál es el principal hallazgo del estudio sobre la capacidad militar de Colombia?

El estudio, realizado por la Fundación Ideas para la Paz (FIP) y la Konrad Adenauer Stiftung (KAS), revela que solo el 46% de la capacidad militar de Colombia está operativa.

¿Por qué es alarmante esta baja capacidad operativa para el país?

Es alarmante debido al contexto de creciente violencia, la sofisticación de los grupos armados y el aumento de ataques contra la Fuerza Pública e infraestructura, incluyendo el uso de drones.

¿Qué factores contribuyen a la limitada capacidad operativa de las fuerzas militares?

Las restricciones presupuestarias, donde el 76.2% del presupuesto de defensa se destina a costos de personal, y un rezago acumulado que supera los 100 billones de pesos, son factores clave.