Defensoría del Pueblo resaltó primera sentencia de la JEP contra excomandantes de las FARC por más de 21 mil secuestros

La Defensoría del Pueblo, en cabeza de la defensora Iris Marín, se pronunció sobre la primera sentencia proferida por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el Caso 01, relacionado con los secuestros cometidos por las extintas FARC.

De acuerdo con la declaración de la funcionaria, el fallo constituye un hecho relevante al ser la primera vez que el antiguo secretariado de las FARC reconoce su responsabilidad por 21.396 secuestros, los cuales hicieron parte de una política ejecutada bajo un plan de gran escala. En ese marco, los exmiembros del secretariado fueron declarados penalmente responsables por crímenes de guerra, entre ellos la toma de rehenes y homicidios, así como por crímenes de lesa humanidad, incluyendo privaciones graves de la libertad, asesinatos y desapariciones forzadas.

La sentencia también establece la responsabilidad de mando de los exintegrantes, lo que los hace responsables de crímenes de guerra como tortura, tratos crueles, atentados contra la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado. Igualmente, por crímenes de lesa humanidad como tortura, esclavitud y otros actos inhumanos cometidos por las unidades bajo su mando.

Según la defensora Iris Marín, la sentencia reconoce 28 tipologías de daños sufridos por las víctimas, que abarcan afectaciones a su dignidad humana, a la vida comunitaria y a los territorios. El fallo fue posible después de que la JEP verificara el cumplimiento de condiciones esenciales por parte de los exmiembros del secretariado para acceder a las sanciones propias y restaurativas. Entre esas condiciones, Marín destacó dos: haber dejado las armas y haber reconocido la responsabilidad por los hechos.

No obstante, la Defensoría subrayó que las víctimas han solicitado de manera legítima que los exintegrantes de las FARC asuman con mayor profundidad su responsabilidad en casos de violencia sexual.

La sentencia impone una sanción restaurativa de ocho años, la cual no es de carácter carcelario, en virtud de que los exintegrantes cumplieron los requisitos establecidos por la jurisdicción. La defensora explicó que esta sanción, la máxima prevista para los responsables de los hechos más graves, busca maximizar la reparación a través de la búsqueda de desaparecidos, actos de memoria y reparación simbólica, proyectos ambientales y desminado humanitario.

Marín advirtió, sin embargo, que persisten desafíos, especialmente sobre la claridad de cómo se compatibilizarán las sanciones con el ejercicio político de los excombatientes, lo que genera dudas sobre su efectividad.

En los próximos 30 días, la JEP deberá consultar a las víctimas para definir en detalle los trabajos y obras restaurativas. Para la Defensoría, este espacio de consulta constituye una oportunidad esencial para fortalecer la participación activa de las víctimas y legitimar las sanciones.

La defensora reiteró que, aunque las sanciones son restaurativas, también tienen un carácter retributivo, ya que deben generar restricciones de movilidad en espacios territoriales fijados por la JEP. Estas restricciones incluyen condiciones de horario, lugar de residencia y delimitación de espacios, además de regular las salidas para el cumplimiento de actividades derivadas del Acuerdo Final de Paz. La supervisión de estas sanciones está a cargo de la JEP y de la Misión de Verificación de la ONU.

Finalmente, Marín advirtió que el desafío actual es conocer las condiciones prácticas y operativas para garantizar el cumplimiento de estos requisitos. En caso de que la sentencia sea apelada, recomendó que se avance desde ahora en la ejecución de los proyectos de sanción. La Defensoría del Pueblo, aseguró, acompañará a las víctimas y a la sociedad en el seguimiento de este proceso, con el objetivo de garantizar el respeto integral de los derechos de quienes fueron afectados por el conflicto.