Defensoría del Pueblo emitió recomendaciones tras nuevos compromisos entre el Gobierno y el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia

La Defensoría del Pueblo presentó un pronunciamiento sobre los compromisos alcanzados entre el Gobierno Nacional y el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), luego de la firma de nuevos acuerdos anunciados el 5 de diciembre en Doha, Qatar, en el marco del espacio de conversación sociojurídica que ambas partes adelantan.

En el documento, la entidad resaltó el avance que representan estos compromisos y expresó la expectativa de que sus efectos lleguen a los territorios más afectados por el conflicto. Según la Defensoría, las comunidades reclaman “la paz y garantía plena de sus libertades y derechos”, por lo que valoró las medidas anunciadas e hizo una serie de reflexiones y recomendaciones para su implementación.

Entre los puntos destacados se encuentra el acompañamiento internacional y la creación de un mecanismo tripartito de seguimiento, monitoreo y verificación. Dentro de los acuerdos suscritos se incluye el compromiso de no reclutar ni utilizar a menores de 18 años, así como “la eliminación de las violencias físicas y sexuales en su contra”. También se acordaron acciones relacionadas con la atención a la migración, la protección de la naturaleza, el respeto al proceso electoral y el cumplimiento de los principios del Derecho Internacional Humanitario.

El documento resalta que el anuncio del EGC de avanzar hacia el traslado gradual de sus integrantes a Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) representa un posible avance. Sin embargo, la Defensoría advirtió que este paso solo será efectivo si se definen con claridad los objetivos, condiciones de operación y cronograma de dichas zonas. Además, señaló la necesidad de garantizar “la seguridad integral para las comunidades” y de aplicar medidas que eviten la estigmatización o cooptación de la población residente en estos territorios.

La entidad insistió en que, mientras el grupo armado continúe en armas, debe mantenerse estrictamente el principio de distinción entre combatientes y población civil. Asimismo, subrayó que las contribuciones tempranas a los derechos de las víctimas deben realizarse bajo el principio de acción sin daño, con enfoques diferenciales para mujeres, personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, pueblos étnicos y la niñez.

El pronunciamiento también aborda la necesidad de fortalecer la pedagogía pública sobre el proceso de paz. La Defensoría valoró que el EGC haya manifestado su disposición a desarrollar socializaciones internas y llamó al Gobierno a liderar procesos pedagógicos en los municipios priorizados, especialmente donde se proyecta la instalación de las ZUT.

En cuanto a la participación de autoridades étnico-territoriales, la entidad consideró indispensable que estos liderazgos hagan parte activa tanto de los mecanismos de seguimiento como de los grupos de trabajo, con reconocimiento de sus formas de gobierno propio. Recordó, además, las demandas planteadas por autoridades del Chocó, que continúan a la espera de respuestas.

Uno de los puntos más enfáticos del pronunciamiento es la necesidad de establecer un mecanismo ágil para la identificación y salida de menores de edad de las filas del EGC. El documento indica que debe garantizarse “la entrega total de todas las personas menores de 18 años” y suspenderse cualquier práctica de instrumentalización de menores en actividades del grupo armado.

Finalmente, la Defensoría hizo un llamado al Gobierno Nacional y al Congreso para avanzar en un marco jurídico que permita consolidar este y otros esfuerzos de paz con respaldo constitucional y con garantías para las víctimas. La entidad reiteró su disposición para acompañar, “desde su autonomía e independencia, el cumplimiento de los compromisos alcanzados”.