De la promesa de “no impunidad” de Santos a la realidad de la JEP. Las FARC sin una sola condena real

En 2016, cuando Juan Manuel Santos era presidente de Colombia, llevó al país a las urnas con el plebiscito por la paz con las FARC. El resultado fue contundente . El pueblo se pronunció y ganó el “No”. A pesar de ello, el proceso de negociación siguió adelante pasando por encima de la decisión del pueblo, mediante un discutido mecanismo aprobado en el Congreso.

En medio del debate, la principal inquietud de la ciudadanía giraba alrededor de la impunidad. Santos, consciente de ese temor, reiteró en varias ocasiones frente a los medios que bajo ninguna circunstancia se permitiría que los crímenes más graves quedaran sin castigo y que los máximos responsables pagarían por sus delitos. Todo indica que Santos mintió descaradamente.

Y es que siete años después, las promesas de entonces contrastan con la realidad actual. La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, creada como parte de los acuerdos de La Habana, emitió un pronunciamiento que refuerza la percepción de impunidad y que tiene a las víctimas molestas por el engaño. A través de un documento de diez páginas, firmado por el presidente de la JEP, el magistrado Alejandro Ramelli, el tribunal negó la petición del último secretariado de las FARC de unificar en una sola sentencia todos los procesos en su contra. Según la JEP, hacerlo iría en contravía de los derechos de las víctimas a conocer la verdad, acceder a la justicia y recibir una reparación efectiva. Pero lo que pareciera una buena noticia es a en realidad la reafirmación de que no habrá condenas que hagan pagar en prporcionalidad al daño causado a los miembros de las FARC.

La solicitud había sido presentada en 2024 mediante una tutela por siete exjefes guerrilleros que incluso renunciaron a la presunción de inocencia y pedían acumular sus delitos en un único macrocaso. Para ello, los miembros de las Farc reconocieron su culpabilidad. También solicitaron trasladar a la JEP todos los procesos de excombatientes en la justicia ordinaria y cerrar causas contra personas ya condenadas por crímenes no amnistiables. Aunque el tribunal accedió a dar una explicación más detallada sobre la viabilidad de acumular procesos, la respuesta fue categórica al señalar que no habrá una única sentencia.

Actualmente, la JEP tramita once macrocasos, de los cuales ocho corresponden a crímenes cometidos por las antiguas FARC. Cinco de estos fueron priorizados por la magnitud de las víctimas y la gravedad de los hechos. De las más de 12.500 víctimas acreditadas hasta la fecha, 7.384 corresponden directamente a delitos de esa guerrilla, lo que significa más de la mitad del universo total.

El argumento de la JEP es que mantener separados los procesos permite visibilizar a las víctimas, reconstruir patrones criminales y garantizar que las conductas sean analizadas de manera integral. Sin embargo, para amplios sectores de opinión, esta decisión confirma lo que se temía desde el inicio; la justicia transicional se convirtió en un mecanismo que diluye responsabilidades, evita condenas reales y otorga beneficios amplios a quienes cometieron crímenes atroces, como se vio en las sentencias de la semana pasada.

El contraste con lo prometido por Santos resulta evidente. Lo que en su momento se presentó como un sistema que evitaría la impunidad, hoy se percibe como un modelo que mantiene intactos los derechos políticos de los exjefes guerrilleros, les permite participar en la vida pública y les impone sanciones más simbólicas que efectivas.

El documento de la JEP resalta que las decisiones tomadas se fundamentan en la centralidad de las víctimas y en criterios de priorización como la magnitud de la victimización, la gravedad de los hechos, la vulnerabilidad de las comunidades afectadas y el estado de los casos en instancias internacionales. No obstante, las críticas apuntan a que, en la práctica, no se ha garantizado justicia real ni reparación efectiva.

Para muchos colombianos, el anuncio reciente confirma que lo advertido en el plebiscito de 2016 terminó cumpliéndose, ya que los acuerdos contemplaban un grado importante de impunidad. La promesa de Santos de que los responsables pagarían por sus delitos quedó en entredicho, y la percepción de incumplimiento alimenta la desconfianza hacia la institucionalidad de la justicia transicional.

En conclusión, mientras la JEP insiste en que su labor fortalece los derechos de las víctimas, la realidad política y social muestra una herida abierta y es que miles de familias que sufrieron secuestros, asesinatos y otros crímenes siguen esperando sanciones proporcionales. Lo que para Santos fue una promesa de “paz sin impunidad” se ha transformado, siete años después, en un escenario donde la impunidad parece imponerse, dejando a las víctimas con la sensación de que la justicia aún les es esquiva.

Ahora las víctimas esperan, que tras la confirmación de la negativa de una sentencia unificada, que sea esta una oportunidad para que, en los demás casos que faltan por juzgar, la JEP reflexione y corrija su actuar; y pase de las sentencias simbólicas a las efectivas y reales guardando las promesas de no impunidad, reparación y no repetición.