Cuatro cementerios de Bogotá cerrados: Familiares no pudieron rezar

La inesperada suspensión de los servicios en los cuatro cementerios distritales de Bogotá ha encendido las alarmas entre la ciudadanía y las autoridades locales.

La Sociedad Jardines de Luz y Paz, encargada de la operación de los cementerios Central, Norte, Sur y Parque Serafín, decidió cerrar unilateralmente las instalaciones, en medio de un proceso sancionatorio en su contra por parte de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP).

El conflicto se centra en una serie de incumplimientos contractuales que el operador ha acumulado desde la firma de la concesión en 2021. Según la UAESP, Jardines de Luz y Paz ha vulnerado en cinco ocasiones la Ley 80 de 1993, que regula la contratación pública.

Cuatro de estos incumplimientos ocurrieron durante la administración anterior y uno en el presente año. Estos hechos llevaron al organismo distrital a abrir un proceso sancionatorio contra el operador, el cual está próximo a concluir el 23 de septiembre, cuando se determinarán las sanciones correspondientes.

Ante el cierre, la UAESP no tardó en activar un plan de emergencia para asegurar la continuidad de los servicios funerarios.

El Distrito, consciente del impacto que este tipo de decisiones tiene sobre los ciudadanos, desplegó recursos y personal adicional para garantizar que los cementerios distritales puedan seguir operando temporalmente.

Según la entidad, esta medida busca evitar que los bogotanos se vean afectados por la interrupción de un servicio esencial.

En un comunicado, la UAESP calificó la decisión del operador como «arbitraria y sin previo aviso», lo que ha generado una afectación directa sobre las familias que requieren los servicios funerarios.

Desde enero de 2024, la entidad había intensificado la supervisión sobre Jardines de Luz y Paz, precisamente con el objetivo de asegurar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y evitar un escenario como el actual.

En respuesta a la situación, la UAESP anunció que llevará el caso ante las autoridades competentes para que se investiguen a fondo las actuaciones del operador. Las posibles sanciones no solo implicarían la inhabilitación de la empresa, sino también el inicio de un proceso de búsqueda de un nuevo concesionario que garantice el cumplimiento de los estándares y la prestación continua del servicio.

Mientras tanto, el plan de emergencia sigue en marcha, y las autoridades aseguran que harán todo lo posible para minimizar el impacto sobre la ciudadanía.