Concejal Daniel Briceño denunció presuntas irregularidades en actualización catastral de Zipaquirá

En Cundinamarca, los recientes procesos de actualización catastral han generado una controversia sin precedentes Estos son los pronósticos climáticos para este fin de semana en las principales ciudades del país a los exorbitantes incrementos en el impuesto predial. El concejal de Bogotá, Daniel Briceño, denunció en Zipaquirá que este municipio enfrenta aumentos históricos en los tributos, con casos de incrementos de hasta el 100% en un solo año.

Según Briceño, en julio de 2024, el alcalde de Zipaquirá, Fabián Rojas, solicitó y obtuvo la autorización del Concejo Municipal para endeudar al municipio en $60 mil millones de pesos, de los cuales $20 mil millones fueron destinados a la actualización catastral. Lo preocupante, señaló el Concejal, es que estos recursos fueron entregados directamente a Empresas Públicas de Zipaquirá sin un proceso de licitación o cotización.

Al comparar costos con otros municipios similares, Briceño evidenció una posible sobrevaloración en el contrato. Mientras que en Mosquera y Chía, con poblaciones y número de predios semejantes, las actualizaciones costaron alrededor de $10.491 millones de pesos, en Zipaquirá el monto ascendió a $20 mil millones, sin justificación aparente.

El Corporado también señaló que Empresas Públicas de Zipaquirá, a pesar de recibir la millonaria suma, no ejecutó directamente la actualización catastral. En su lugar, subcontrató a privados por $19 mil millones de pesos, quedándose con una comisión de mil millones. Además, el proceso de selección del contratista se llevó a cabo en apenas seis días, un plazo inusualmente corto que dificultó la participación de más oferentes.

Ante estas denuncias, Briceño ha solicitado a la Procuraduría, Contraloría y Personería que investiguen al alcalde de Zipaquirá por presuntas irregularidades en la adjudicación y posible detrimento patrimonial de $10 mil millones de pesos. Mientras tanto, miles de zipaquireños enfrentan el impacto económico de un impuesto predial elevado, producto de un proceso contractual cuestionado.

El caso ha generado indignación en la comunidad, que exige transparencia y una revisión del procedimiento. Las autoridades competentes tendrán la tarea de esclarecer si hubo irregularidades y, de ser así, tomar las medidas correspondientes.

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