CICR está recorriendo zonas afectadas por el terremoto para identificar necesidades humanitarias

Los daños se suman a las dificultades que enfrentan poblaciones afectadas durante años por el conflicto armado, las restricciones de movilidad y el limitado acceso a servicios esenciales.

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) adelanta una evaluación de las condiciones humanitarias en comunidades rurales de Chocó afectadas por el terremoto registrado el pasado 10 de agosto. La organización recorrió zonas de los municipios de San José del Palmar, Sipí, Nóvita y Bajo Baudó con el propósito de conocer de primera mano las necesidades de las poblaciones damnificadas y contribuir a orientar la respuesta humanitaria.

Las visitas se desarrollan en territorios que ya enfrentan una situación compleja debido a las consecuencias acumuladas de los conflictos armados. Según el CICR, las dificultades geográficas y de acceso no impidieron que sus equipos multidisciplinarios llegaran a diferentes áreas rurales del departamento.

Durante los recorridos se identificaron daños ocasionados por el movimiento telúrico. Entre las afectaciones reportadas se encuentran la destrucción y avería de viviendas, interrupciones en el suministro de agua y daños en vías de acceso. Estas condiciones han limitado aún más la movilidad de habitantes de algunas comunidades rurales.

El sector educativo también resultó afectado. En una de las comunidades visitadas en San José del Palmar, los daños ocasionados por el terremoto comprometieron el interior de una institución educativa y dejaron sin techo el salón utilizado por los estudiantes más pequeños. Desde el sismo, los alumnos no han podido regresar a clases y todavía no existe una fecha definida para su retorno.

La rectora de la institución, Lorenza Moreno, señaló que la escuela cumple una función que trasciende el ámbito académico, al constituirse en un espacio seguro y de acompañamiento para niños, niñas y adolescentes. El reinicio de las actividades, explicó, dependerá de la evaluación de los daños y de las posibilidades de realizar las reparaciones necesarias.

El CICR destacó que garantizar la continuidad educativa resulta especialmente importante en territorios afectados por conflictos armados. Además de ser un espacio de aprendizaje, las instituciones educativas cumplen una función protectora para la población infantil y adolescente. Por ello, la suspensión de las clases puede incrementar su exposición a riesgos relacionados con el contexto de violencia.

La organización también señaló que las nuevas afectaciones se producen sobre una situación humanitaria que ya estaba marcada por problemas como la contaminación por armas, los confinamientos, los desplazamientos y las restricciones a la movilidad. Estas circunstancias han incidido durante años en los medios de vida de las comunidades y en su acceso a alimentos, agua potable, salud y educación.

Emilie Prache, delegada del CICR en Chocó, explicó que el aislamiento representa una dificultad adicional para las comunidades, debido a las barreras que existen para acceder a servicios básicos.

El organismo también realiza visitas en zonas del Valle del Cauca afectadas por el terremoto. En Jamundí, su equipo evalúa la situación de una comunidad rural que además enfrenta consecuencias derivadas del conflicto armado. En el Bajo Calima, en Buenaventura, el CICR apoyó a 400 personas de una comunidad afectada por los conflictos armados con alimentos para enfrentar las consecuencias del sismo. También entregó insumos médicos y material forense a instituciones del departamento.

La presencia del CICR en Chocó se mantiene desde hace años como parte de su labor humanitaria en respuesta a las consecuencias de los conflictos armados. La organización indicó que el diálogo con las comunidades y las partes involucradas le permite acceder a zonas rurales apartadas y conocer directamente las condiciones de sus habitantes.

Olivier Dubois, jefe de la delegación regional del CICR en Bogotá, destacó que una nueva emergencia debe analizarse teniendo en cuenta las necesidades que ya enfrentaban las comunidades. En ese sentido, la evaluación busca establecer cómo el terremoto modificó las condiciones existentes y cuáles son las necesidades prioritarias para orientar la respuesta humanitaria.