Firmantes del Acuerdo de Paz pidieron al gobierno de Abelardo de la Espriella claridad sobre la implementación del proceso de paz

Los principales firmantes del Acuerdo Final de Paz suscrito entre el Estado colombiano y las entonces Farc-EP solicitaron al Gobierno de Abelardo de la Espriella información oficial sobre las decisiones que tiene previstas frente a la implementación del proceso de paz y las instituciones creadas para garantizar su cumplimiento.

El documento, fechado en Bogotá el 21 de agosto de 2026, está dirigido al presidente Abelardo de la Espriella, a la Presidencia de la República y al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE). La petición fue presentada por Rodrigo Londoño Echeverry, Pastor Alape Lascarro, Julián Gallo Cubillos, Milton de Jesús Toncel Redondo, Pablo Catatumbo Torres Victoria, Rodrigo Granda Escobar y Jaime Alberto Parra Rodríguez.

Los firmantes señalan que acuden al mecanismo constitucional del derecho de petición de información con el propósito de obtener información oficial, verificable y completa sobre las decisiones que adoptará la Presidencia frente a la implementación del Acuerdo Final de Paz.

En el documento recuerdan que, antes de asumir el cargo el pasado 7 de agosto, el entonces presidente electo había realizado diferentes anuncios relacionados con la estructura institucional encargada de la implementación del acuerdo. Entre ellos mencionan la eliminación de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, la reorganización de la Presidencia de la República con la supresión de consejerías y agencias, y el traslado de funciones de la Unidad de Implementación a un nuevo denominado “Comisionado Nacional de Seguridad”.

Además, los peticionarios hacen referencia a lo que califican como manifestaciones que podrían comprometer la seguridad jurídica y física de Rodrigo Londoño ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

A partir de estos antecedentes, los firmantes formularon once solicitudes de información al Gobierno Nacional. Una de las principales busca establecer cuáles serán las medidas y mecanismos que ejecutará la administración para implementar el Acuerdo Final como política pública de Estado durante el periodo presidencial 2026-2030.

En ese sentido, solicitaron conocer las medidas concretas, los responsables, las fuentes de financiación y los mecanismos de seguimiento y evaluación que serán utilizados para garantizar el cumplimiento del acuerdo.

También pidieron información sobre el Plan Marco de Implementación (PMI), particularmente frente a las medidas que adoptará el nuevo Gobierno para corregir los rezagos existentes en sus indicadores y fortalecer el Sistema Integrado de Información para el Posconflicto (SIIPO).

Otro de los puntos centrales está relacionado con la arquitectura institucional que tendrá el Gobierno para garantizar la implementación. Los firmantes preguntaron qué entidad, dependencia y funcionario asumirá la coordinación del proceso, cuáles serán sus funciones y nivel jerárquico, y qué recursos humanos y presupuestales tendrá disponibles.

La solicitud también aborda el funcionamiento de los mecanismos de seguimiento y verificación, incluyendo la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación (CSIVI) y el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR).

Uno de los apartados está dedicado específicamente a la seguridad de las personas firmantes del Acuerdo Final. Los peticionarios solicitaron conocer qué decisiones y políticas implementará el Gobierno para garantizar su seguridad integral y el cumplimiento de las órdenes impartidas por la Corte Constitucional.

En particular, preguntaron si se contempla activar instancias como la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección, la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, la Mesa Técnica de Seguridad y el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política.

El documento también solicita información sobre el futuro de la Unidad de Implementación del Acuerdo Final, incluyendo eventuales modificaciones en su naturaleza jurídica, nivel jerárquico, estructura administrativa, planta de personal, presupuesto y funciones.

Otro de los asuntos consultados es la reincorporación integral de los firmantes. En este punto, se pide precisar si permanecerá la Agencia Nacional para la Reincorporación y la Normalización (ARN) y cuál será el papel que desempeñará el Consejo Nacional de Reincorporación.

Los firmantes también solicitaron conocer las medidas que adoptará el Gobierno para proteger los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) y las nuevas zonas de reincorporación, incluyendo el esquema de seguridad perimetral y las entidades responsables.

La petición plantea además interrogantes sobre el futuro de la JEP. Los solicitantes quieren saber si el Gobierno tiene previsto presentar proyectos de ley, actos legislativos, decretos u otras iniciativas para modificar su estructura, competencias, duración o autonomía administrativa, técnica o presupuestal.

Finalmente, el documento exige claridad sobre los recursos destinados a la implementación del Acuerdo Final, incluyendo eventuales modificaciones, reducciones, redistribuciones o incrementos presupuestales, así como sobre las actuaciones adelantadas durante el proceso de empalme entre el Gobierno saliente y la nueva administración.