Califican ley de sometimiento como un mar de privilegios para los delincuentes: ¿materialización del pacto de la Picota?

Para muchos, una verdadera debacle del órgano judicial colombiano y de la administración de la justicia en Colombia está en ciernes: La «Ley de Sujeción y Desmantelamiento con Garantías de No Repetición» comúnmente llamada ley de sometimiento, la cual consta de 54 artículos.

Esta ley va orientada a los narcos, bandas de sicarios, oficinas e incluso grupos armados de derecha. Si los delincuentes se someten a esta normatividad, tendrán entre seis y ocho años de cárcel.

A algunos les bastará solo con renunciar a su actuar y quedarán libres. Se habla de sentencias colectivas para grupos armados si entregan armas y rutas de narcotráfico. Por tal razón, estas estructuras delincuenciales solo tendrán que manifestar su voluntad de acogerse a las autoridades en una norma diseñada para otorgar privilegios basados en el no cumplimiento de la pena ordinaria.

La ley de sometimiento a la justicia tiene estos elementos inaceptables para muchos colombianos: penas de ocho años que vienen de la vieja ley de justicia y paz del proceso con los paramilitares. Además, a quienes tengan penas privativas inferiores a ocho años, su delito será excarcelable, y gozarán de la justicia restaurativa es decir, harán servicio social fuera de la cárcel en libertad condicional.

Uno de los puntos más polémicos de esta ley es que a los narcos les bastaría con la entrega de sus bienes, e incluso se podrán quedar con un porcentaje de los mismos, lo que podría constituirse en un sistema de lavar dinero ya que el 6 % quedaría en sus manos. Esto, en medio de las astronómicas cifras que se manejan en el mundo del delito, podría tratarse de enormes fortunas.

En ese punto en específico, la polémica ley contempla beneficios de reducción de hasta el 60 % de la pena, y que el delincuente pueda quedarse con los bienes obtenidos en su actividad ilícita que lleguen hasta el 10 % y se rechaza para ellos la pena máxima de cadena perpetua.

A los imputados los trasladarán a la zona de sometimiento temporal. Claramente, con estos beneficios extraordinarios, se rompe el equilibrio de la justicia, porque personas que hayan cometido delitos menos graves tendrán penas mucho mayores, mientras el ex insurgente presidente Gustavo Petro propone que dichos criminales no tengan más de ocho años de cárcel.

El mensaje a la sociedad colombiana, según los sectores opositores, sería absolutamente funesto, ya que hacer parte de una estructura delincuencial de entrada implica quedarse con los bienes producto de los delitos cometidos, pues resulta imposible verificar a ciencia cierta cuál es el monto exacto de lo obtenido mediante la acción criminal.

Así las cosas, aparte de la impunidad como gran beneficio, se favorecería el lavado de dinero y el estímulo a delinquir. Ante este desequilibrio del órgano administrador de justicia en el país, la sociedad civil se ha manifestado en contra y tristemente cobraría todo el sentido la frase: «Ser pillo paga».

O para muchos esta sería la concreción en la ley de la famosa frase que acuñó el propio mandatario ex guerrillero:

«Si logramos que una serie de actividades de la sociedad colombiana, que hoy se consideran crimen, no se consideren crimen más adelante, pues habrá por definición, menos crimen en Colombia».